ESCUCHARPor Inecip *
Afines de junio y durante tres días, distintos actores del servicio de Justicia Penal de la provincia se dieron cita en el Colegio de Abogados, en las “Jornadas de Discusión sobre Reforma Procesal Penal en Córdoba”. La reunión, natural continuación de la discusión abierta por el Ministerio Público Fiscal en el Congreso de Reforma Procesal Penal de noviembre del año pasado, contó con las exposiciones de miembros del poder judicial, de la academia cordobesa e invitados especiales del instituto.
Afortunadamente, la transformación de los sistemas de Justicia procesales en toda la región ya no se manifiesta como una utopía, sino que es algo tangible. Se trata de un cambio en el que Córdoba decididamente tiene intenciones de formar parte. Las discusiones sobre la implementación de un nuevo modelo procesal penal se encuentran abiertas.
Éstos son los ámbitos propicios para lograr un mayor consenso entre un modelo de Justicia penal que profundiza los alcances de nuestras democracias y los intereses de los distintos actores (Colegios de Abogados, Asociación de Magistrados, etcétera), con participación de los miembros del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo y la sociedad cordobesa.
Hacemos nuestras las ideas de Gonzalo Rua y Alberto Binder -director de Reforma Procesal Penal en el ámbito nacional y presidente, respectivamente, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)-, sin dejar de destacar el apoyo al proceso de reforma que han dado el vocal del TSJ, Sebastián López Peña, y el fiscal General Adjunto, José Gómez Demmel.
La oralidad como modelo
Rua enfatizó el rol de la oralidad como un modelo de garantías y como uno de los requisitos del republicanismo que debe estar presente en el diseño e implementación del proceso de reforma en la provincia de Córdoba.
Destacó que hablar de oralidad como metodología implica efectivizar los principios de inmediación y contradicción y evitar la delegación de funciones, ya que sólo así tomará su verdadera dimensión en los términos de un sistema adversarial.
También hizo hincapié en la necesidad de extenderla a la etapa de investigación y no sólo durante el juicio.
Rua expuso sobre la tensión constante entre las viejas prácticas judiciales y aquellas que son propias de un sistema adversarial y habló sobre la necesidad de detectar usos anclados en la lógica inquisitorial, para corregirlas.
Conocedor de procesos de reforma en distintos países y provincias, Rua advirtió a los asistentes sobre el extenso y sinuoso camino por recorrer, no sólo ante un anteproyecto, sino también respecto al posterior código, y sobre el necesario compromiso de todos los actores.
Diálogo con la realidad
Por su parte, Binder contextualizó los procesos de reforma en América Latina y aportó ideas claves a tener en cuenta en el ineludible cambio en Córdoba.
Con base en su experiencia de 30 años de trabajo en la materia, expresó que en todo proceso de reforma es necesario no distraerse con meros “problemas intraprocesales”, ya que se corre el riesgo de quedar atrapado en ellos, perdiendo de vista lo importante: los “objetivos o problemas políticos”.
En ese sentido, señaló que el reconocimiento de los objetivos políticos tiene su origen en los inicios del movimiento reformista y son la toma de conciencia de que la nueva democracia necesita construir herramientas para enfrentar los problemas de criminalidad y violencia; el hecho de que aquélla necesita nuevas herramientas para defender las libertades públicas; que es preciso fortalecer la figura del juez y que hay que comenzar a construir un nuevo diálogo entre el sistema judicial y la sociedad.
En tanto, dijo que aquéllos aparecen como la “gran virtud”, ya que que han sido los motores de las reformas, y que, a la vez, fueron su “gran maldición”, porque se han ido agravando.
En esa línea, Binder clasificó la maduración del proceso de reforma en distintas “generaciones”, ubicando al actual sistema de Córdoba en la primera -ruptura con el sistema inquisitorial-. Así, resaltó que actualmente en América Latina y en otras provincias argentinas se viven procesos de transición hacia una tercera generación, que se caracterizan por que el Ministerio Público asume una misión político criminal inteligente; se instala la oralidad de manera efectiva y se necesitan nuevas formas de enseñanzas y de perfeccionamiento para litigantes y jueces y se toma nota que el jurado es gran aliado del magistrado.
Binder aplaudió el retorno de Córdoba a la escena de la discusión de la reforma y destacó que es importante la manera en que se implementan los cambios, sin perder de vista los objetivos políticos que los impulsan. En cuanto al eje central del proceso, recordó que es contar con un sistema adversarial, con audiencias orales y públicas como metodología de toma de decisiones; generar nuevos estándares de participación de la víctima; modernizar los diseños institucionales y separar las tareas administrativas de las jurisdiccionales; dar un nuevo perfil al Ministerio Público Fiscal; desformalizar y desburocratizar el proceso; diversificar las respuestas que el sistema puede dar mediante la incorporación de criterios de oportunidad, salidas alternativas y tempranas, procesos simplificados; incorporar mecanismos de control de gestión judicial y de rendición de cuentas; profesionalizar las agencias investigativas y fortalecer el sistema de defensa pública.
* Inecip Córdoba – Área de Reforma Procesal
