Carlos Lombardi (*)
El factor religioso irrumpe nuevamente en la vida política de nuestro país. Esta vez, de la mano de un proyecto de libertad religiosa enviado por el oficialismo al Congreso de la Nación y un planteo de inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que en la provincia de Salta se enseña religión católica en las escuelas públicas, gratuitas y laicas. Haremos foco en la segunda cuestión.
Tal vez se piense que el debate es anacrónico y antiguo o que la cuestión fue resuelta hace tiempo por el gobierno de Julio Argentino Roca por medio de la ley 1420 y que los demonios confesionales ya no mortificarían más a la sociedad secular y sus libertades. No es el caso de nuestro país.
Salta, la linda y clerical
La cuestión salteña obtuvo dos pronunciamientos disímiles: el de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y el del Máximo Tribunal de justicia de esa provincia. Este último fue el que avaló la enseñanza de religión en las escuelas públicas y que fue impugnado de inconstitucional por un grupo de padres no creyentes.
Como sostuvimos oportunamente1, el Estado del noroeste argentino parece ser tierra fértil para el integrismo religioso, es decir, para aquel sector de creyentes quienes -conforme los caracteriza Umberto Eco- presionan para que sus dogmas y doctrinas sean el molde de la vida política, social, y fuente de las leyes.
Esa tendencia extrema e impositiva de religiosidad se ha visto plasmada en políticas públicas de la provincia norteña, en el caso que nos ocupa, en la Ley Provincial de Educación N° 7546, cuyo artículo 27 inciso Ñ establece como uno de los objetivos de la educación primaria en esa provincia el de “brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”.
Las observaciones -a priori- de la norma permiten señalar, en primer lugar, que la autoridad escolar considera que es positiva la enseñanza de religión, soslayando el oscuro y violento pasado de muchas de ellas, sobre todo de las que “en nombre de Dios” mataron y asesinaron a miles de personas, precisamente, por no aceptar ni creer su fe y dogmas.2
La segunda cuestión a observar es que la materia Religión forma parte del plan de estudios junto a las ciencias que se imparten en el sistema primario, con la debida adecuación a niños de corta edad. Surge aquí el error de colocar lo pseudocientífico e indemostrable junto a las ciencias y al conocimiento.
La tercera observación es que se justifica la enseñanza religiosa en el derecho de los padres y tutores a imponer a sus hijos y pupilos sus convicciones religiosas, derecho relativo y cuestionable si los hay. Se suma a ello un prejuicio: considerar que todos los padres tienen creencias religiosas (y que las practican), cuando el fenómeno que se observa en la realidad argentina y mundial es el contrario. La mayoría de los ciudadanos/as no practican religión alguna, es decir, son indiferentes al fenómeno religioso, Salta incluida.
Finalmente, permitir que la autoridad religiosa (obispos, pastores, imanes, rabinos), sean quienes fijan los contenidos de la materia y otorgan el aval para que los docentes tengan habilitación es una flagrante violación al sistema representativo y republicano.
La respuesta del Máximo Tribunal de justicia salteño no extrañó: convalidó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Así llegó la cuestión a la Corte nacional, que decidió abrir el debate a la ciudadanía y actores de ambos sectores (laicos y clericales), mediante audiencias públicas.
El oficialismo y su impronta confesional
El debate que se desarrolla en el Poder Judicial Federal viene precedido por declaraciones del ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Sostuvo el funcionario: “Vendría muy bien que todas las religiones tengan su espacio en las escuelas. (…) Por más que soy católico, trato de ser un apóstol y buen discípulo. Sí creo que en las escuelas debemos enseñar otras religiones también, que también tienen lecciones para aprender”.3
No son casuales las declaraciones del ex ministro. Católico confeso, es un exponente de la clericalizada clase política argentina, sobre todo, por la sombra que el papa Francisco ejerce sobre numerosos asuntos públicos de la República y la influencia en no pocos dirigentes.
Es que si bien el monarca teocrático se ha mostrado contrario al clericalismo dentro de su institución4, en la vida política lo fomenta.
Ejemplo de ello es la organización de congresos mundiales sobre medio ambiente, seguridad, trata de personas, justicia, sumados a la labor de su ONG preferida –Scholas Occurrentes- , fundación que vincula a escuelas de todo el mundo con el nombre del Papa como bandera.
Se suma el alineamiento de vastos sectores de la dirigencia política en el sentido amplio del término.5
El contexto, más la actitud del ex ministro Bullrich (que antepone su religión a la gestión laica de la cosa pública, que es de todos los ciudadanos, sean religiosos o no), explican esta – por ahora – pretensión del oficialismo de volver al pasado, incorporando la religión como materia en la currícula de las escuelas públicas.
¿Batalla final?
Afortunadamente, razones electorales hicieron que el referido ministro dejara la cartera de Educación y fuera suplantado por otro (Alejandro Finocchiaro), quien se pronunció a favor de la laicidad en las escuelas públicas.
Sin perjuicio de ello, los abanderados del dogmatismo nunca descansan. Según las épocas tendrán mayor o menor éxito en su influencia en la arena pública.
La educación siempre ha sido un escenario codiciado ya que necesitan del aparato del Estado para adoctrinar e inocular lo que en sus propios espacios no pueden hacer. Es que sus propios cuadros –los bautizados– ya no creen en dogmas ni aceptan doctrinas ni cumplen sus mandatos morales.
No hay descanso en la lucha por la autonomía del hombre y por su emancipación de las cadenas del dogmatismo y la sumisión intelectual.
Será pues la firmeza de la clase dirigente en la defensa de las libertades laicas, valores republicanos y principios del estado constitucional de derecho la que permitirá que el futuro de la educación pública sea promisorio.
Enseñar religión en la escuela pública no lo garantiza.
1. Educación religiosa en escuelas públicas de Salta ¿Necesidad o imposición?, Suplemento La Ley, Constitucional, agosto 2013, N° 5, p. 63 y ss.
2. El teólogo suizo Hans Küng, haciendo referencia al fenómeno de la violencia religiosa, tiene acuñada una fórmula: “No habrá paz entre las naciones, sin paz entre las religiones”.
3. “Esteban Bullrich, a favor de que todas las religiones tengan su espacio en la educación”, en http://www.telam.com.ar/notas/201704/186699-esteban-bullrich-espacio-todas-las-religiones-educcaion.html
4. “Papa Francisco advierte: El clericalismo es un grave peligro para la Iglesia”, en https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-advierte-que-el-clericalismo-es-una-grave-peligro-para-la-iglesia-40242/. Sostuvo: “Uno de los peligros más graves, más fuertes de la Iglesia de hoy es el clericalismo,” dijo a los religiosos. Así, los animó a trabajar con los laicos: “que sean ellos los que vayan adelante, los que tengan la valentía de ir adelante, y vosotros sostenedles y ayudadles como sacerdotes, como religiosos”.
5. Exponente del fenómeno son “Los Laudatos”, una cofradía integrada por políticos, empresarios y sindicalistas argentinos quienes se reúnen en secreto y han elaborado un documento denominado «El Modelo Argentino», basado en los postulados de la encíclica papal «Laudato Si».
(*) Abogado. Profesor de Derecho Constitucional. UNCuyo – Mendoza
