ESCUCHAREl endeudamiento externo ilegítimo en Argentina, especialmente desde 1976 en adelante, estuvo acompañado por acciones que facilitaron la trampa y lo indebido y permitieron que se ocultara a la sociedad la información relevante.
La estrategia de ocultamiento, desinformación y manipulación se asentó en diversas modalidades de manejos de medios de difusión, funcionales al objetivo buscado.
Manipulación de medios de difusión
Para el referido fin, entre las dinámicas llevadas a cabo se puede señalar la cooptación o la compra de medios de difusión, en especial por los bancos prestamistas externos y/o por sus representantes.
Éstos se hicieron dueños, total o parcialmente, de empresas de medios de difusión o las condicionaron de diversas formas, directa e indirectamente. Entre estas últimas modalidades se desplegó también una estrategia de inducción a tomar créditos, que después terminaba cercando económicamente a las empresas dueñas de medios, por la inestabilidad económica en la que se sumía al país por ciclos.
Otra forma que se usó, por parte de los bancos, consistía en invertir una cantidad significativa de dinero en publicidad. Esto a muchos de los medios de difusión los hizo dependientes de dicho ingreso y, por ende, actuaban con temor de perder esa pauta publicitaria si decían algo que pudiera no gustar a quienes desde el mundo de las finanzas les pautaban.
O sea, por un lado o por el otro, se condicionaba a los medios de difusión para que tuvieran una visión determinada del accionar de las entidades bancarias y de su accionar en materia de deuda externa ilegítima.
Discurso único
A su vez, a esos medios cooptados o condicionados el Estado les facilitó una dinámica por la cual se permitió una importante concentración de la propiedad de ellos que, en muchos casos, llevó conformar grupos concentrados, monopólicos y/u oligopólicos.
Éstos, a su vez, lograban de esta manera administrar más fácilmente el discurso único en el tema del endeudamiento externo. Para ello también se garantizó, en algunas prestaciones de radiodifusión, un mercado cautivo a las estructuras operantes sobre la opinión pública, por ejemplo en materia de TV por cable. De esta forma, determinados grupos fueron apoderándose de los principales medios de comunicación masivos.
Por otra parte, con la ley 22285 de radiodifusión, dictada en 1980 por el último gobierno militar, no se permitió el ingreso de nuevos titulares de licencias para radio y televisión. En esa norma se excluyó de poder tener medios, particularmente, a las instituciones de la economía solidaria no comerciales, como es el caso de las cooperativas, mutuales y demás organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, eliminando la posibilidad de contar, en materia de radiodifusión, con una visión plural para difundir otra visión alternativa de la realidad.
Luego, incluso por la ley 23696 llamada de “Reforma del Estado”, de 1989, se amplió aún más la concentración y se autorizó a que los medios gráficos más importantes, como por ejemplo los diarios Clarín y Nación, dueños de la empresa Papel Prensa SA (empresa que produce el papel para diario), pudieran aumentar su influencia, ya que se derogó la norma que les prohibía participar en radiodifusión.
Asimismo, la información en materia de créditos o deudas externas era acotada o invisibilizada por los diarios, radios y televisión cooptados o condicionados por las entidades financieras.
En ese entonces se enseñó que el país se volvía riesgoso si no cumplía sin condicionamientos lo que se le exigía que se abonara por acreedores externos. Hubo momentos en los que se nos degradó como sociedad y la temperatura de nuestra autoestima dependía del aumento del índice llamado “riesgo país”, dato que brindaban diariamente los medios de difusión de manera destacada.
El “riesgo país” era un fantasma al que las personas sólo podían temer, aunque no se permitía saber las razones en virtud de las cuales los que nos endeudaron nos responsabilizaban y pretendían que nos volviéramos “creíbles” ante el mundo sólo pagando, sin discutir lo que se nos decía que debíamos.
Se transmitía la sensación de que, para “reingresar a la civilización”, no correspondía preguntar y se tenía que pagar, para no ser unos “castigados del mundo” y poder bajar la temperatura del riesgo país.
Después vendría el default y la crisis del año 2001. En 2009 vino un respiro, cuando se dictó la nueva ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que permite la existencia de diversidad de medios y posibilita que la libertad de expresión se la enfoque desde los derechos humanos, y que no esté regida sólo por leyes de mercado.
Déjà vu peligroso
Sin embargo ahora, con los decretos de necesidad y urgencia 13, 236 y 267 de 2015, dictados por el presidente Mauricio Macri, en los que reforma inconstitucionalmente la ley 26522, la situación que se presenta aparece como conducente a algo que ya se ha visto y vivido, parecido a lo que he descripto.
Baste referir, a manera de ejemplo, que a toda la política de medios de difusión se la deja sometida especialmente a las leyes del mercado, y se han derogado las normas que evitaban la concentración monopólica de licencias y el tope de no poder tener más de 35% del mercado, entre otras graves disposiciones adoptadas al respecto.
De pronto, en estos días, con la discusión del pago a los fondos buitre, en los medios poderosos volvimos a escuchar el discurso único, con mensajes tramposos, como decir que sólo estamos en el mundo si acordamos con los condicionamientos usureros de los fondos buitre; o que si no pagamos tendremos apocalipsis sociales.
A su vez, dichos mensajes intimidantes, en gran medida, se difundían por los mismos que nos endeudaron y aceptaron condiciones indignantes para el país. De nuevo se trata de instalar como eje el miedo a las consecuencias de no cumplir, porque nos dicen que volveríamos a resultar un país muy riesgoso y tantas otras frases que se reiteran en el tema.
Resulta preocupante, entonces, que volvamos a ver la misma película ya vivida y, para colmo, conocemos el final, en el cual es el pueblo el que termina sufriendo, y mal.
* Abogado constitucionalista y periodista de opinión.
