Recuerda, todos somos uno

 Por Exequiel Vergara (*)

Aquel famoso discurso del presidente estadounidense John F. Kennedy, en la carta enviada al Congreso de Estados Unidos el 15 de marzo de 1962, podemos sintetizarlo en tres palabras: consumidores somos todos. Por ello necesitamos la protección de nuestros derechos por ser el grupo económico más grande pero frecuentemente el menos escuchado.
En abril de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las «Directrices internacionales para la protección de los consumidores», actualizadas en 1999 y ampliadas en diciembre de 2015, con la participación del movimiento de consumidores a nivel global, cuya representación institucional está dada por la organización Consumers International (CI).
Con la premisa de convertirse en «la voz global de los consumidores», Consumers International nació en Londres, en 1960, bajo el nombre IOCU (Organización Internacional de Consumidores Unidos) y a la fecha tiene representación en 120 veinte países, cuyos miembros son tanto asociaciones de consumidores como entidades de gobierno. Por aquellos primeros años trabajaba en la organización el profesor malasio Anwar Fazal, quien promovió el establecimiento de la fecha 15 de marzo para conmemorar los derechos del consumidor.
En nuestro país la historia es más reciente. Empezó en 1993 con el dictado de la Ley de Defensa del Consumidor, la famosa 24240, y al año siguiente con la consagración de los derechos de los consumidores en el art. 42 de la Constitución Nacional, en el capítulo llamado «Nuevos derechos y garantías» de su última reforma. Nuestra Carta Magna no sólo reconoció los derechos de los consumidores y usuarios a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno, sino que también previó la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Más tarde vendrían numerosas reformas legislativas a la 24240, entre ellas la de abril de 2008, que incorporó las multas a las empresas incumplidoras de la ley. Y otro gran hito en la materia sería la unificación de los Códigos Civil y Comercial, que rige a partir de agosto de 2015, en el que el derecho del consumidor ocupa un lugar central, tanto en el libro dedicado a los contratos como en los «principios» que atraviesan toda la obra, y que lo convierten en una excelente herramienta para ser utilizada contra cualquier tipo de abuso, en las prácticas o en las cláusulas, que realizaren los proveedores (la contracara del consumidor en términos legales).
el ámbito local, la ciudad de Córdoba fue pionera en la materia con el dictado de la ordenanza 8852 de Protección al Consumidor, por la que en 1992 se creó la Oficina de Información al Vecino y Protección al Consumidor, y el Consejo Municipal de Protección al Consumidor, anticipándose a la tendencia de regulación nacional. Y a escala provincial contamos con la ley 10247, publicada el 13 de febrero de 2015, que ratifica las funciones de las asociaciones de consumidores y usuarios y amplía así las competencias otorgadas por la ley 24240.
El panorama para el derecho del consumidor es auspicioso pero para que realmente nuestros derechos como consumidores sean valorados y respetados, para que construyamos una cultura cívica que naturalmente cuide al usuario y al consumidor como lo que es, la parte más débil en una relación contractual, es necesario que tres sectores trabajen y se comprometan con la causa.
El primero de esos sectores es el Estado, en todos sus niveles y poderes. Tenemos numerosas leyes, que podemos ampliar y mejorar. Tenemos entes de defensa del consumidor en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
Defensorías del pueblo, entes oficiales de control de los servicios públicos en general, y de cada uno de ellos en particular; del gas, de la energía eléctrica, del transporte, de las comunicaciones. Y asimismo, un Poder Judicial que debe actualizarse y «tomar partido» por los consumidores, adherirse a proteger a quienes firman un contrato de adhesión. Actualizarse, modernizarse y escuchar a los consumidores.

El segundo sector es quienes representan a los consumidores de manera organizada, institucional. Las asociaciones de consumidores están para promover los derechos, colaborar con los órganos estatales y direccionar los reclamos para volverlos más efectivos. El trabajo colaborativo entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los entes estatales es clave para mejorar las leyes, su ejecución y la resolución de los conflictos. El año pasado, varias asociaciones de consumidores solicitaron judicialmente frenar el aumento del gas, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación les dio la razón: como resultado el beneficio fue colectivo. Tarde, pero se escuchó a los consumidores.
Y el tercer sector, como decía aquella carta al Congreso norteamericano, somos todos. Los ciudadanos debemos informarnos de nuestros derechos y reclamar. Unirnos para trabajar en conjunto, salir de la pasiva indignación hacia un activismo competente para defender nuestros derechos, para que no queden en el papel o el monitor…
Estos tres sectores deben trabajar de manera conjunta y coordinada. Las asociaciones de consumidores y los entes públicos reciben todos los días numerosas denuncias. Esta información debe intercambiarse y no ocultarse, para poder ser investigada y organizada y poner fin al avasallamiento de nuestras garantías constitucionales como consumidores.
Por poner un ejemplo, la asociación Usuarios y Consumidores Unidos descubrió el año pasado una maniobra de una empresa financiera que mediante publicidad engañosa inducía a las personas a firmar contratos de planes de ahorro, que se ofrecían como préstamos. Después de oficiar al ente provincial pidiendo información, se descubrió que los perjudicados en la ciudad ascendían a más de 200. Esto derivó en una publicación periodística que alertó a nuevos consumidores para que no caigan en el engaño, independientemente de las acciones judiciales que están en curso.

Sectores amplios pero más específicos de consumidores, como el de los inquilinos, reclaman también una mayor protección.
Con base en las denuncias recibidas, asociaciones como Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino envían propuestas a los colegios profesionales, entes estatales y legisladores, y de ese modo se consiguen cambios importantes, con participación de todos los sectores afectados. El trabajo conjunto con la Dirección de Protección al Consumidor de la Municipalidad de Córdoba posibilita advertir cuándo ocurre el caso de inmobiliarias que incumplen la normativa y tomar medidas para proteger a los afectados.
Sólo mediante el trabajo conjunto y coordinado entre las ONG y el Estado, y con la participación de ciudadanos dispuestos a hacer valer sus derechos de manera activa, lograremos que la protección sea efectiva, que la información sea plena y que nuestros derechos no sean meras declaraciones.
Recordemos, como dice el poema de Anwar Fazal, que «todos somos uno».

(*) Director de la Delegación Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU). Presidente de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin)