Protección de periodistas y medios amenazados por el narcotráfico

Por Miguel Rodríguez Villafañe *

Por Miguel Rodríguez Villafañe* – En colaboración para Comercio y Justicia

El editorial del periódico “El Diario” de Ciudad Juárez, del Estado de Chihuahua, México, el 19 de septiembre de 2014, comunicándose con los narcotraficantes decía: “Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad de Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias (…) Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se lo hemos exigido (…). Ya no queremos más muertos, ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio…”.

Era un grito de impotencia y de dolor, en una sociedad cercada por mafias vinculadas al narcotráfico. Si bien ese espejo peligroso de condicionamientos indebidos al periodismo con la intensidad antes descripta aparece como lejano, ya ha tenido un brote, inaceptable, en Argentina, en lo que ha pasado con el diario “El Sol”, de Mendoza. En febrero, miembros de una banda de narcotraficantes habrían amenazado de muerte a tres periodistas de dicho medio gráfico, para que no brindaran determinada información de grupos narcos que operaban en dicha provincia.

En el tema debemos estar solidarios y alertas, porque, lamentablemente, ahora la problemática la tenemos entre nosotros y no hay que permitir que crezca ese brote manifestado en Mendoza.

Responsabilidad del Estado
En este aspecto, el Estado debe ser el primero en tener una actitud de protección de los periodistas y de los medios de difusión, ante situaciones como las referidas, en las que su vida, integridad personal, familia y bienes, corran peligro. Hay que ayudar a quienes ejercen la noble profesión de garantizar el derecho humano a la información y por supuesto, colaboran para que el narcotráfico y otros grupos de delincuentes no se enseñoreen en la sociedad, imponiendo un silencio que es funcional a la inaceptable impunidad total, que a veces se siente que gozan.

Es importante que el Estado tenga una actuación eficaz y preventiva en la problemática ya que, como bien lo señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la falta de protección a los periodistas amenazados, cuando quiera que exista un riesgo real e inminente conocido por el Estado, podría comprometer la responsabilidad internacional de este último por violación, entre otros, del artículo 13 de la Convención Americana”. En efecto, las autoridades están en el deber de garantizar la protección de los comunicadores para que puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión, y obviamente, para proteger sus derechos fundamentales a la vida, la seguridad personal y la integridad personal del periodista y de sus familias.

En el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado también, en el caso “Ríos”, en sentencia de fecha 28 de enero de 2009, que el Estado incluso podría ser responsable económicamente por las agresiones cometidas por particulares contra los medios y periodistas, siempre que se demuestre un incumplimiento del deber de garantía, atendiendo a “las circunstancias particulares del caso y la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato”.

Es importante usar todos los mecanismos posibles para colaborar y apoyar a quienes fueren amenazados por mafias delictivas, de cualquier tipo, en especial, a aquellos como los periodistas y los medios de difusión cuando, desde la libertad de expresión, ayudan que las mafias no manden y los condicionen a ellos y a las sociedades, silenciando las informaciones y las denuncias sobre las acciones de las organizaciones delictivas.

*Abogado Constitucionalista, especialista en Derecho de la Información y periodista.

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