Progresismo de facto

El oficialismo quiere embutir en la ciudadanía la reforma del Código Civil y Comercial. Argumentan utilizando la palabra progresismo. Además de avasallante, es ilegítima.

Para que un proyecto de ley se apruebe debe ser tratado en una comisión que dictamina sobre la materia analizada. Hace un año se emitió un dictamen conjunto producto de la opinión de 15 diputados y 15 senadores. Ese dictamen no tiene validez porque muchos de los que emitieron su opinión ya no están. En otras palabras, los ciudadanos eligieron nuevos representantes con nuevas ideas. Yo soy uno de ellos. Y como yo, hay muchos más. Por eso, quiero una oportunidad para expresar mi voz antes de emitir un voto en el recinto. Eso es lo que nos están negando. ¿Esto es progresismo? ¿Esto es Democracia? Yo diría, esto es progresismo “de facto”.

Pero no es todo. En el año 2012, esa comisión bicameral invitó al Congreso de la Nación a los representantes de asociaciones civiles, de diversas religiones, ONG, institutos y otras entidades para dar su opinión sobre la reforma. Hubo 1.100 ponencias. El 85% de esos representantes de la sociedad civil expresó su rechazo en temas de familia, vida y mujer. El oficialismo, en un rapto de incoherencia, decidió hacer oídos sordos a las observaciones de sus propios invitados, es decir del pueblo argentino, y siguió adelante sin consenso, manifestando una clara vocación prepotente.

Debatir sin estudios
En mi carácter de vocal de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación tengo el deber de advertir de las consecuencias del tratamiento “express” en una legislación de 140 años de antigüedad como es el Código Civil y Comercial. No es justo que nos obliguen a sentarnos y debatir sin un tiempo razonable de estudio ni la posibilidad de una nueva comisión para la emisión de dictámenes actualizados. ¿Qué oportunidad tenemos de comprender cabalmente las 837 páginas que pueden afectar para siempre la vida de los argentinos, si nos informan 24 horas antes de que la ley va a ser tratada?

Siento malestar porque, al no considerarnos a los nuevos legisladores, están violentando la segunda legislación más importante después de la Constitución Nacional. ¿Acaso no somos representantes del pueblo argentino en uso de las facultades, obligaciones y derechos? ¿Qué clase de progresismo exhibe un país donde la mayoría hace oídos sordos a una oposición con observaciones pertinentes?

Los cambios que propone esta reforma abarcan el vasto espectro de la existencia humana desde la concepción hasta la muerte (y hasta después de ella). Son 2.671 artículos que legislan sobre cuestiones tales como el inicio de la vida (¿quiénes son personas?), la fertilización asistida, las reglas matrimoniales, la adopción, el divorcio, la unión convivencial, las deudas en moneda extranjera y las sociedades comerciales, entre otros temas importantes.

El artículo primero de la Constitución Nacional habla de una República. No habla de mayorías arbitrarias que utilizan de manera inescrupulosa la palabra democracia. Progresismo sin oportunidad de debate es un gobierno que impone sus ideas a la fuerza, a la antigua usanza. Los gobiernos de facto se conciben bajo la falsa premisa de una supuesta superioridad moral y omnipotencia. Ese escenario peligroso es caldo de cultivo para la pérdida de las libertades civiles. El Estado crece hasta convertirse en un parásito del poder adquisitivo de sus ciudadanos. Este modelo y esta forma de gobernar están agotados.

*Diputado nacional por Córdoba por la UCR