Problemas estructurales para perseguir la corrupción: 15 ejemplos de 2013

“La reforma procesal penal frente a la corrupción. Obstáculos estructurales para la investigación y el juzgamiento de cualquier delito económico”. Presentación del informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Por Cipce e Inecip* – Exclusivo para Comercio y Justicia

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) presentaron en los primeros meses de este año el informe La reforma procesal penal frente a la corrupción. Obstáculos estructurales para la investigación y el juzgamiento de cualquier delito económico, que tiene como objetivo visibilizar cómo el actual Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) contribuye a la ineficacia de la Justicia frente a estos delitos.

En la primera parte del informe se presentan 15 casos de delitos económicos que tuvieron repercusión pública durante 2013, demostrando que la impunidad de la criminalidad económica no se basa en estadísticas abstractas sino que, por el contrario, año a año emergen nuevos ejemplos.

En el documento se priorizó la elección de casos que fueran representativos de todos los problemas que se señalan como principales. Dado que uno de éstos es la excesiva cantidad de tiempo que duran los procesos por corrupción, se incluyeron causas iniciadas hace muchos años, debiendo quedar fuera otras más cercanas en el tiempo.

Es por ello que se soslayaron procesos en los cuales se investiga a funcionarios del Gobierno nacional actual, e incluso algunos en los cuales ya ha habido condenados, como el caso Felisa Miceli, ex ministra de Economía, entre otros, relacionados con grupos económicos y empresariales aparentemente cercanos a la actual administración.

En la segunda sección, por su parte, se analizan los tres problemas básicos: la duración excesiva de los procesos; el perjuicio económico al Estado; y la falta de transparencia y de participación ciudadana.

La parte final del informe contiene los lineamientos básicos de la reforma procesal penal que proponen ambas instituciones y señala el modo en que éstos repercutirían positivamente sobre todos los problemas que caracterizan los casos actuales.

Propuesta
Para eso, la propuesta se centra en seis ejes: reorganización del Ministerio Público Fiscal; desformalización de la investigación; nuevas formas de organizar el litigio; rediseño del sistema recursivo; participación amplia de la sociedad y concepto democrático de organización judicial.

Lo que se busca es evidenciar que el sistema del CPPN resulta funcional a la injusticia: los obstáculos que plantea son estructurales, por lo que seguirán presentes en todo proceso penal, al margen de cuáles sean los gobiernos y los grupos económicos involucrados.

La investigacion realizada es un aval a la reforma que tanto Inecip como Cipce proponen desde hace años; una medida absolutamente necesaria para poder perseguir la corrupción de una manera más eficiente.

* Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica.  Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

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