Por Paula Litvachky (*)
Matías Iberra fue arrestado el 26 de junio de 2019 por el hurto de un mate. El sistema judicial lo dejó preso en una comisaría de Merlo. Apareció muerto luego de cuatro días. La investigación judicial dice que estaba golpeado y abandonado en su celda. No lo atendieron. La burocracia tramitó la muerte como consecuencia natural de una vida precaria. La familia, por el contrario, hace lo posible para que su vida tenga algún sentido aun después de muerto.
¿Por qué entró a una comisaría y murió en manos del Estado? Así son las cosas en la provincia de Buenos Aires. El sistema de encierro funciona amparado en un desgobierno crítico, sumido en la lógica de las fuerzas de seguridad que lo dirigen y con desprecio por la vida de las personas detenidas.
Hoy, la crisis política e institucional es una crisis humanitaria: hay hambre, violencia, muertes, enfermedades.
¿Qué tiene que ver Matías con esta crisis? Las políticas de encarcelamiento de los últimos años llevaron a la provincia a tener una tasa de 300 personas privadas de la libertad cada 100 mil habitantes, una cifra superior a la media nacional y casi al nivel de los paísesmás encarceladores del mundo. La presión política para meter presosa pibes como Matías condujo a un incremento acelerado de los detenidos en la misma infraestructura pobre y rotosa de siempre. Hoy, la cantidad de personas presas requiere el tamaño de dos servicios penitenciarios bonaerenses.
¿Es un daño colateral de la política de seguridad que un pibe preso por un mate termine golpeado y muerto porque el Estado prefiere mostrar que es duro contra el delito? ¿Puede pensarse la seguridad y la protección de derechos sin resolver la crisis humanitaria en las cárceles y comisarías provinciales? Salvo algunos momentos excepcionales, como entre 2004 y 2006, las políticas provinciales solo mostraron fracasos, frustraciones, medidas contradictorias, discursos de endurecimiento y falta de empatía política y social con quienes llenan las cárceles.
La situación actual es explosiva. El gobernador Axel Kicillof tomó una decisión muy importante: admitió el problema y convocó a un espacio de trabajo amplio para revertirlo. Ese espacio tiene el desafío de acordar políticas de corto, mediano y largo plazo que saquen a la provincia de esta inercia destructiva. El punto sin duda es entender que nada puede transformarse si no se cambia la política de encarcelamiento. No alcanza con mejorar las condiciones, ni con construir cárceles. Es infructuoso ese camino si no se dan los mensajes correctos para cambiar la orientación del trabajo policial y judicial. Es necesario un enfoque de seguridad y de gobierno de la policía bonaerense que parta de la decisión política de dejar de levantar pibes de la calle y emprenda un camino de profesionalización. El mensaje político y ético también debe alcanzar a jueces y fiscales, una burocracia judicial acostumbrada a sostener sus privilegios y a despreocuparse de las consecuencias de sus actos. Es indispensable un cambio político y ético de todo el sistema institucional provincial porque empezar por los últimos es fundamentalmente empezar por acá.
(*) Directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)