ESCUCHARPor Alejandro Zeverin (*)
La política de seguridad a cargo de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, parece un eufemismo de un equivalente a inseguridad, una expresión más suave o decorosa del autor con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca.
En definitiva, se podría estigmatizar de otra manera más hosca porque su resultado, a nueve meses de gestión, está a la vista. No se entiende, desde la criminología, qué hace una antropóloga en tan crucial cargo de gestión de fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y en el ordenamiento de estrategias de política criminales nacionales, destinadas por manda constitucional a brindar seguridad.
No se le conoce a Frederic ninguna experiencia que acredite relación con una gestión de seguridad, ya que sus conocimientos resultan del ámbito de la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas; podría sí, por ende, integrar un equipo de seguridad, como lo ha hecho, pero nunca liderarlo.
Frederic, licenciada en Ciencias Antropológicas y doctorada en la Universidad de Utrecht, investigadora independiente del Conicet (directora del proyecto El Estado y la seguridad pública: obediencia, desobediencia y autoridad en las fuerzas policiales y de seguridad de la Argentina contemporánea), no aparece con títulos suficientes que acrediten idoneidad para comandar las fuerzas federales, instruir a sus integrantes y subordinarlos.
Sin embargo, el Presidente la designó para ese cargo. Inclusive prologó un libro intitulado Hablemos de Ideas, en el cual la funcionaria es autora de un capítulo: «Seguridad para todos», en el que dio una visión fantasiosa de la prevención criminal.
Hoy, su resultado de gestión sin dudas ha sido fallido y no sería de extrañar, por sus espléndidos errores, una eventual salida del Gabinete en el recambio lógico de toda gestión presidencial.
Una ministra de Seguridad que discute la existencia con fuerza de ley del Código Penal (CP) en el país donde ella desempeña el cargo resulta una entelequia intelectual, o sea una irrealidad insustentable.
Desde su asunción no se conocen procedimientos de importancia de represión contra el narcotráfico o contra el contrabando. Ni de prevención efectiva de la delincuencia en el ámbito nacional.
Tampoco el apoyo y sostén de fuerzas federales de forma continua y coordinada con las policiales provinciales. Ni atisbo de un plan de acción estratégico en política criminal de las fuerzas que comanda, menos aún como auxiliar de la Justicia federal en la represión del crimen. Si la anterior gestión de seguridad se vio signada por el marketing, la política del gatillo fácil, el autoritarismo y el desprecio por las garantías (y una política criminal signada como operación militar), la actual aparece como una que niega los objetivos que debería tener la propia función.
La ministra parece desconocer que el Estado debe garantizar básicamente, además de salud, educación, justicia y defensa, la seguridad de sus ciudadanos, llevando ínsito en lo último el respeto a las demás garantías constitucionales, como el de propiedad, que de ninguna manera puede ceder ante el delito.
El pensamiento penal de la ministra es reaccionario y clasista porque le adjudica al delito ser la consecuencia de necesidades insatisfechas de sus autores, por lo que -sin dudas- podemos afirmar que condiciona la pobreza a la producción delictual. Ejemplo: que las tomas de tierras, o sea las usurpaciones, previstas en el art 181 del CP, obedecen a la pobreza.
Eso es un simplismo insultante a las capas más desposeídas de la sociedad -adjudicar la contravención penal a una determinada condición económica-. Véase entonces cómo por la vía del absurdo se puede leer lo progresista como reaccionario y por vía directa de razonamiento que parte es un abolicionismo del sistema de leyes que rigen la sociedad.
La razón de la existencia del derecho penal resulta ser una parte del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la protección de los bienes jurídicos fundamentales del individuo y la sociedad. Funciona como un instrumento de control que persigue el objetivo de mantener el orden social.
Se puede discutir la ideología del pensamiento penal pero ningún Estado, sea de régimen democrático o autoritario, lo ha abolido. El pensamiento abolicionista del sistema normativo penal recogido en códigos se emparenta con la ilusión del manejo anárquico de un Estado.
Pero no queda ahí el pensamiento de Frederic sobre el desempeño social de las personas que integran el grupo Nación, ya que entiende que el enfrentamiento dialéctico conlleva la solución del conflicto, cuando en verdad lo profundiza. Entonces, su radicalización no se condice con los fines de un Estado democrático que ínsitamente preconiza la negociación ideológica permanente.
En definitiva, con humildad de pensamiento libre se entiende que el Estado argentino carece de una política criminal o de seguridad (como quiera llamársele) según el lugar del arco ideológico en el que se encuentre el lector. Cuestión muy preocupante cuando no sólo existe sino que también se percibe una desprotección del Estado en la materia o, dicho de otra manera, un retiro del Estado de su deber constitucional.
(*) Abogado penalista, UNC. Máster en Criminología, U. de Barcelon
