ESCUCHARPor Mateo Piccolo *
Empresas y familias diariamente se identifican ante prestadores de servicios financieros -bancos, empresas fintech, empresas emisoras de tarjetas de crédito y compra, etcétera–, algo necesario pero costoso en tiempo y dinero para todos. La tecnología tiene mucho para dar en agilidad de procesos de identificación, haciéndolos menos costosos y más amigables para el usuario. Las herramientas ya existen. Sólo queda transitar el camino de adoptarlas.
¿Cómo puede identificarse hoy al cliente de productos y servicios financieros? ¿Qué avances tecnológicos se vienen en este sentido? ¿Cómo impactarán esos avances en el ecosistema financiero?
Para comenzar, le daremos al concepto “identificación” dos acepciones: validación de identidad y consentimiento. En el segundo nos referimos a “dar el OK” a un contrato como puede ser el otorgamiento de una tarjeta de crédito.
Sobre la base de lo establecido en la legislación de fondo -en particular, en el Código Civil y Comercial de la Nación-, los sujetos regulados por el BCRA pueden hacer uso de figuras reglamentadas por éste con el fin de habilitar nuevas formas –más ágiles– para “validar la identidad” y “obtener el “consentimiento” y, de esa forma, promover la inclusión financiera. Para validar su identidad, al cliente se le piden pruebas tales como usuario y contraseña de home banking o la propia tarjeta de débito al operar en un cajero. A su vez, para otorgar consentimiento, un cliente puede o bien firmar con su puño y tinta –la firma ológrafa tradicional– o bien puede hacerlo sobre un dispositivo electrónico con determinadas medidas de seguridad que reemplacen –la firma digital–.
Sin embargo, ambas acepciones de la “identificación” están a punto de verse revolucionadas.
En materia de “dar consentimiento”, la ley 25506 (“de Firma Digital”) sentó las bases para reemplazar lo que se conocía comúnmente como “firma” de puño por un proceso de transmisión de información que sirviera a los mismos efectos. Este proceso, llamado firma digital, tiene la misma validez legal gracias a sus estándares de seguridad; sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido adoptado masivamente debido a su alto costo y difícil usabilidad.
Este escenario está a punto de cambiar con la implementación de la firma digital remota, proyecto liderado por el Ministerio de Modernización. La mejora introducida por este proyecto consiste en remover el principal obstáculo que generaba fricción para adoptar la firma digital anteriormente: el proceso de transmisión de información para la firma se podrá llevar a cabo ahora en servidores remotos en lugar de necesitarse un dispositivo móvil (token) para firmar. Además, se prevé multiplicar las “bocas de enrolamiento”, a las que cualquier persona puede acudir para registrar su firma digital.
El Ministerio de Modernización también está realizando su aporte respecto de la validación de identidad, al abrir la posibilidad a terceros –entre quienes se cuentan los prestadores de servicios financieros– de que contrasten si una persona es quien dice ser mediante datos biométricos faciales comparándolos con la foto de esa persona que consta en las bases del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Es decir, se abre la puerta a un método de alta seguridad para identificar a un cliente, que consiste en comparar la foto que se toma el cliente –en conjunto con otros datos de su identidad, tal como el DNI– con la foto suya que es de registro público. Este método sirve para casos presenciales pero es más valioso aún para el onboarding remoto. Además, se suma a otros servicios que el Renaper ya provee a terceros interesados, como el reconocimiento de huella y la información sobre vigencia de DNI y fe de vida.
En este marco, el decreto 27/18 ha receptado el concepto de “firma” aplicable a diversos instrumentos financieros, entre ellos el cheque y el pagaré. Ello señala que el Estado reconoce el potencial de la tecnología. Para el caso particular del sistema financiero, esto implica asimismo un ahorro de costos, mayor eficiencia y mayor comodidad en las transacciones diarias que todos realizamos.
En síntesis, ¿cuál es el statu quo? Herramientas tradicionales que cuestan tiempo y dinero a oferentes y demandantes de servicios financieros. ¿Cómo puede mejorarse la situación? Implementando tecnología ya disponible para firmar documentos digitalmente y reconocer datos biométricos de forma presencial y, sobre todo, remota. ¿Qué se necesita para ello? Coordinación público-privada y proactividad de entidades financieras, fintech, tarjetas de crédito y proveedores de servicios financieros, pero también receptividad de los usuarios.
Quizás a modo de cierre vale la pena reforzar el otro lado de la moneda: los usuarios también debemos estar abiertos a utilizar las herramientas tecnológicas que redundan en beneficios conjuntos. Con ese ingrediente y algo de tiempo se irán multiplicando los casos de uso públicos y privados para dar consentimiento y validar la identidad mediante la tecnología al alcance de todos.
* Economista del Banco Central; para el blog Ideas de Peso
