ODM y ODS: los acrónimos del desarrollo

La agenda del desarrollo se manifiesta tanto en una serie de ideas, valores, normas e instituciones que conforman el sistema internacional y local. Asimismo desnudan numerosas asimetrías políticas y económicas entre actores internacionales, nacionales o subnacionales

 Por José Emilio Ortega – Santiago Espósito
(Docentes UNC)

Desde la posguerra toman cuerpo y se internacionalizan derechos humanos “universales”; principios éticos y normativos que trascienden diversas disciplinas y asuntos de la agenda pública. En materia medioambiental, el hito fue el informe “Nuestro Futuro Común” o “Brundtland” (1987) que acuñó el moderno concepto de “desarrollo sustentable”.
Tras el derrumbe del Muro de Berlín (1989) y pasado el “optimismo neoliberal”, cobraron notoriedad problemas generados por el proceso de globalización que mostraron una creciente relevancia a riesgos o “problemas sin fronteras” como bien los definió el ex Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan. Los conflictos del “crecimiento” ya no podían dividirse entre “norte y sur” o limitarse al combate de la pobreza extrema (indigencia). Requerían de una agenda de desarrollo, amplia y mundial.
Entre este espacio de tensión conformado por la persistencia de un orden mundial westfaliano apenas complementado por un multilateralismo de reducida imperatividad, y la necesidad de imaginar y construir etapas de desarrollo sostenible global, surgió un proceso de movilización y acción política, mediante antitéticas cumbres y contracumbres de dudosa eficacia -sin perjuicio de su aporte al debate-.

En 1996, se plantean los primeros “Objetivos de Desarrollo Internacional”. Inicialmente obligaban sólo a países desarrollados. Se ampliarían posteriormente a la plena membresía de la O.N.U., redefinidos en 2000 como Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM).
Se construyó una línea argumental con capacidad de movilizar a actores socialmente incidentes, mediante la participación pública. Los ODM posibilitaron sincerar la irreversibilidad de ciertos costos de la globalización otorgando para su contención un aire renovado a la devaluada “cooperación al desarrollo” reinterpretada por primera vez tras los rígidos designios de la Guerra Fría. Permitió también a la O.N.U. enfocar (y mantener) su gigantesca estructura burocrática hacia algunos propósitos realmente demandados.
Los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) encontraron su fundamento en los ocho objetivos y 18 metas de los ODM. En 2015, se crearon 17 ODS, con 169 metas, que mediante el consenso de 193 países de la O.N.U. se plasmó en un extenso documento denominado Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La “inflación” de objetivos y metas responde a la presión ejercida por países en desarrollo y actores no estatales; desplazándose el debate hacia una agenda más amplia de desarrollo que incluye, no sólo la erradicación del hambre, sino también el fomento del comercio, las finanzas, el acceso a la tecnología o el cuidado del entorno natural y cultural.
Pero la singular política exterior de Donald Trump, que hizo un recorte de 32% del aporte norteamericano a la ayuda internacional, desfinanció el programa de ODS. La adhesión que estos objetivos logren imponer efectivamente en el marco de las políticas internacionales y locales del concierto de estados resultará de fundamental importancia para su implementación. Por lo pronto, la ONU ya alertó que la disputa comercial entre Estados Unidos y China es el principal factor de ralentización del crecimiento económico y que, en función de ello, los países en vías de desarrollo no están creciendo al ritmo necesario para cumplir con los ODS.

En el caso de Argentina, se creó la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS en abril de 2016, que coordina el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se establecieron seis comisiones: Educación, Ciencia y Tecnología, Producción Agropecuaria Sostenible, Protección Social, Trabajo y Empleo, y Vivienda, Hábitat, Desarrollo Sostenible e Infraestructura. Están integradas por los distintos ministerios y algunos organismos nacionales como el Indec y tienen como objetivo priorizar metas, establecer indicadores, incluir a las provincias y los municipios e impulsar mecanismos de participación y colaboración con los ODS en el sector privado empresarial, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil.
Un informe de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés), auditado por la Comisión Europea, señala que ningún país alcanzó los 17 objetivos. Argentina se ubica en el lugar 45 entre 162 países sobre los que se realizó el estudio que lideran los países nórdicos: Dinamarca, Suecia y Finlandia. En América Latina, nuestro país sólo es superado por Chile, que encabeza el ranking en el puesto 31, Costa Rica (33) y Uruguay (43).
Hasta el momento, Argentina sólo alcanzó el ODS 17 (Alianzas para la Consecución de los Objetivos) y obtiene su peor desempeño en los ODS 2 (Hambre Cero), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 (Reducción de desigualdades), ODS 14 (Sostenibilidad de los recursos marinos) y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). Por otra parte, obtiene resultados aceptables en relación a los ODS 4 (Calidad de la educación), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 7 (Energía no contaminante) y ODS 11 (Ciudades sostenibles).
Sin embargo, genera una preocupación especial lo previsto para la cartera ambiental en el proyecto de presupuesto para el 2020. Se fijó un recorte de casi 40% a las partidas destinadas a la Secretaría de Ambiente que se recondujeron al Ministerio del Interior, que de ahora en más tendrá a su cargo la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR); mientras que Parques Nacionales tendrá su propio presupuesto. Sorprende la transferencia de funciones por la especificidad de la materia en cuestión, que encuentra su reflejo en los múltiples instrumentos, nacionales e internacionales que promueven un tratamiento técnico y particularizado.
Casi en consonancia, Jair Bolsonaro redujo cerca de 25% las partidas presupuestarias relacionadas al ambiente.

En paralelo, la Argentina lanzó su “Agenda 2030”, hasta aquí un ejercicio prospectivo valioso por lo amplio y diverso, pero muy genérico. Destacamos entre los aportes la colaboración del rector de la UNC, Hugo Juri, y del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin). En las provincias y municipios sólo se ha enfocado muy genéricamente la cuestión de los ODS, casi como eslóganes de campaña. Pero sobresalen dos casos cercanos a Córdoba.
En lo local, el municipio de Los Surgentes (Departamento Marcos Juárez) acaba de lanzar un plan estratégico (hasta 2030) metódico y participativo, enfocándose específicamente en los ODS y relacionándolos con distintos capítulos del plan. En tanto, la UNC, por intermedio de su rector, ha anunciado en diversos foros la adaptación de sus ejes estratégicos a los ODS, actualmente en fase de implementación.
Los ODS 2016-2030 se plantean como una guía para el desarrollo de los próximos años, con un claro sentido político. A pesar de las dificultades para su implementación, son un claro reconocimiento de los problemas globales.
Están hechos para el abordaje por el concierto de países, pero también por entidades subnacionales. En la peor instancia que se recuerde para la vigencia del paradigma sustentable en la región -signada por la gravísima catástrofe de la Amazonia- son un norte a seguir. No deberíamos perderlo de vista.