Muy preocupante desmejora en el llamado “pulso social”

Por Salvador Treber

Las más recientes encuestas ubican la inflación en los primeros planos de preocupación colectiva, precediendo así a la inseguridad que aparecía como primera en el monitoreo anterior. En tercer término, continua la lacra de la corrupción

La Universidad de San Andrés, en colaboración con una consultora especializada, realiza periódicamente una evaluación sobre los problemas más preocupantes surgidos y a afrontar por parte de la sociedad argentina. En tal sentido, difundió el resultado de una encuesta que indaga “cómo marchan las cosas en el país”. Según la metodología adoptada, apelan a una escala de uno a diez; correspondiendo dichos extremos conceptualmente a un “muy insatisfactorio” y “óptimo”, respectivamente.
En la tarea de ponderar la calidad y el funcionamiento de los tres poderes previstos por la Constitución, apela a “Indicadores de Satisfacción Político-Institucional”. En realidad, este procedimiento traduce resultados de diferente grado y confiabilidad, según el número de encuestados y la amplitud del respectivo colectivo. En esta oportunidad, se concretó entre los días 2 y 31 de mayo pasados, optando sólo por consultar a mil personas que poseen el servicio de Internet con edades que oscilan entre 16 y 65 años.
Debe advertirse que, lamentablemente, por el reducido número respecto a toda la población que se pretendía analizar, además de las condiciones y localización espacial de cada uno de los convocados, la muestra no es todo lo idónea que era de desear; no obstante, merece ser tomada en cuenta a falta de otra más confiable.
En tal sentido, se ha establecido una evaluación muy semejante para el referido trípode institucional que no es nada laudatoria. En cuanto al Poder Ejecutivo, éste fue calificado con muy modestos 4,4 puntos; correspondiendo al Legislativo 4,3 puntos y -en último término con apenas 4,1 puntos, despertando muchos reparos- el Poder Judicial que, además de impartir justicia, debe controlar a los dos primeros. En consecuencia, pone en evidencia una organización institucional débil y poco idónea, que requiere un inmediato proceso de mejoramiento.
También se evaluaron las áreas de gestión pública, que resultaron de inferior calidad aún. Al área de Economía se le adjudicó cuatro puntos; al ámbito de Seguridad, 3,8 puntos y, a Empleo, alarmantes 3,7 puntos.
En oportunidad de la encuesta precedente, 64% del colectivo respondió que su mayor preocupación era gozar de un buen servicio de Seguridad, la cual debería ser prioritariamente sustentada en niveles bastante semejantes por una eficaz lucha contra la Inflación (44%) y la erradicación de la Corrupción, lo que mereció la opinión favorable de 41%; mientras la preocupación por la Calidad de la Educación alcanzó 35% y 30% de los consultados optó por priorizar el tema del Desempleo.

Variantes más recientes
Las antes citadas opciones tuvieron ligeros cambios pues en la última consulta la Inflación ocupó la atención más elevada, al ubicarse como la primera opción para 58% de encuestados; precediendo ahora sucesivamente a Inseguridad (47%); Corrupción (43%) y Pobreza (37%), que antes sólo merecía la atención de 27%. Estas modificaciones parecerían estar influidas por un palpable empeoramiento de la situación económica de las familias y, en cierto grado, de la desocupación.
Si se opta por hacer la precedente evaluación por regiones del país sobre su grado de satisfacción, las zonas central, Patagónica y del Interior de la Provincia de Buenos Aires receptan la mayor dosis de conformidad, haciéndose por ello acreedoras a una calificación de 4,8 puntos; mientras la Capital Federal y el resto del Gran Buenos Aires quedan relegados a 4,3 puntos. Considerando la discriminación según el nivel socioeconómico de los encuestados, la superior puntuación (4,7 puntos) la obtuvieron los sectores más altos de la pirámide distributiva mientras los inferiores registraron un promedio de 4,4 puntos.
Otra faceta interesante se refiere a las características de las respuestas según las edades; ya que los que tienen mayor cantidad de años (entre 46 y 55) aparecen como los menos optimistas y se manifiestan escépticos respecto al futuro (3,2 puntos) pero en los más jóvenes, es decir, de 16 y 17 años de edad, cambia diametralmente “el humor” y en consecuencia elevan su calificación a cinco puntos. En cuanto al nivel de estudios cursados, los que completaron el ciclo terciario superan cinco puntos (5,5) pero en los que no terminaron ese ciclo no pasan de 4,7 puntos. Dicho cuadro incluye también a los que completaron el secundario (3,3 puntos) y los que consiguieron cursar por lo menos la mitad de este ciclo (1,8 puntos).
De la comparación de las dos últimas encuestas surge que el tema del Desempleo es el que más los afecta pues pasó en proporción de opciones de 30 a 40%; confesando, además, que viven temiendo perder el trabajo o que algún conocido muy cercano se vea en esa dura y muy traumática circunstancia.

Los actuales problemas de empleo
Mientras se aguarda una cierta recuperación en la construcción, aunque no suficiente para llegar a su nivel “normal”de actividad, especialmente en función de la intensificación de las obras públicas, la industria automotriz sigue sufriendo una severa recesión que ha causado una pronunciada caída de su producción (-36,4%), que forzó a prescindir o suspender en forma rotativa una proporción semejante de personal. En el último trimestre del año pasado los anuncios en esa materia admitían la posibilidad de afectar a no menos de cuatro por ciento de los obreros ocupados.
Ese índice quedó muy rezagado ya que los despidos ascendieron a cinco por ciento durante el primer semestre del actual; pero se admite y lamenta que en ese aspecto no se haya llegado todavía a afrontar lo peor, ya que ello está por venir y anticipan que en el tercer trimestre, que está transcurriendo, se verificará un agravamiento considerable. Esa situación, que puede llegar en los próximos meses, afectará a siete por ciento de los ocupados permanentes y quizá otro tanto entre los no legalizados que se identifican en el lenguaje corriente como “en negro”.
No obstante, hay algunos datos contradictorios. Ocho por ciento de los empleadores considera que deberá incrementar sus respectivos planteles; obviamente esto contrasta con los que aseguran no poder superar causas recesivas derivadas de una estacionalidad (+2%) contractiva. Por ello, en las áreas de Agricultura, Pesca, algunos Servicios anexos a ellas, Finanzas y Seguros -todos dentro del sector privado-, siguen sosteniendo que deberán acrecer el número actual de personal en relación de dependencia pero admiten que no todos tendrán oportunidad de elegir en forma suficientemente “prolija” a quienes contratar. Esta virtual confesión sirve para ratificar que, en general, la situación es harto difícil para todas las demás actividades.
Los estudios conocidos al respecto no permiten llegar a conclusiones terminantes pues la mayoría de las empresas de cierta importancia se mantienen expectantes y prefieren evaluar la actitud que al respecto adoptara el Gobierno Nacional en el corto plazo. En el ámbito del sector público, a partir del 10 de diciembre pasado se advierte que -sumando lo sucedido en la administración pública de las tres jurisdicciones- no menos de 50 mil agentes de éstas han dejado de prestar servicios hasta mitad de este año… y ese proceso se estima que continuará durante, por lo menos, el resto del presente año sin menguar su ritmo.

Los analistas recuerdan que en el bienio 2007/08 las expectativas de signo positivo eran elevadas pero que desde 2013 venían debilitándose muy considerablemente y para la actualidad han adoptado marcado signo negativo; aun así, actúan con gran cautela, distinguiéndose los más optimistas que en 85% de los casos suponen conservarán sus planteles sin cambios. En el seno del Ministerio de Trabajo se prefiere dar opiniones eclécticas que se sintetizan en sostener: “No estamos atravesando una situación muy deteriorada, ni tampoco visualizamos un panorama como para ponerse contentos”.
De todas maneras, es idea generalizada que se cerrará este año con un índice de inflación no inferior a 41% y son mayoría los que identifican estos meses como de estanflación; situación en la cual se mantendrán esos indicadores a lo largo de todo año levemente negativos. Lo evidente es que se incrementan los despidos, especialmente en mayor medida en el área del Gran Buenos Aires. El nuevo personal, cuando se necesita, se contrata por tiempo determinado; característica que viene incrementándose en desmedro de la relación laboral permanente. Cabe recordar que esta modalidad es adoptada de manera ampliamente mayoritaria, desde hace dos décadas, en Estados Unidos.
Una serie de analistas muestra singular preocupación por la demora en que descienda, por lo menos a dos por ciento mensual, el índice inflacionario y que en ese contexto la devaluación que trepó a 55% no satisfaga un mercado cuyos precios internos han hecho lo propio, superando 41%, lo cual tratan de compensar con requerimientos cada vez más insistentes de concretar una nueva macrodevaluación. Tanto en una como otra situación, la demanda de personal sufre graves deterioros e impulsa a la suba los índices de desocupación. Ese peligroso circuito que extiende la miseria se realimenta y posterga “sine die” hasta la más leve intención de recuperación.

Un aspecto agravante muy importante de ese escenario es que tal situación golpea muy severamente a las micropymes (con personal no superior a diez integrantes), las que, obviamente, tienen menor capacidad económica-financiera para resistir y, en medida significativa, desaparecen. Por lo tanto, la fracción del mercado que abandonan suele ser absorbida por las firmas de mayor magnitud que, así, consolidan su presencia, incluso en períodos recesivos, pero no por ello incrementan sus planteles.
Desde las esferas oficiales se trata de atenuar los efectos negativos por medio del Programa de Recuperación Productiva (Repro), que subsidia (por 12 meses) con importes equivalentes al salario mínimo, vital y móvil; con lo cual sólo se alivian los aprietos familiares. En la actualidad se estima que alrededor de 17% de las empresas se ha acogido -o está en vías de hacerlo- a ese régimen, todas pequeñas o medianas pero, si se sigue agravando o extendiendo en demasía la situación general actual, tampoco les será de mayor utilidad para mantener incólume su vigencia.