ESCUCHARPor Martín Casares (*)
Cuando asumimos el Gobierno nacional, teníamos el mandato de promover mejoras en la Justicia. Desde el inicio de la gestión, el presidente Mauricio Macri nos impulsó a llevar adelante una política judicial clara, que ayudara a mejorar el servicio de justicia, a tener procesos más ágiles y transparentes que den respuestas concretas.
En 2016 promovimos Justicia 2020, un espacio donde se diseñan políticas públicas con una participación ciudadana que no tiene precedentes y que busca construir un sistema de justicia independiente, moderno, cercano y transparente. Gracias a este programa hemos logrado muchos éxitos en diversas áreas.
El nuevo Código Procesal Civil y Comercial es un ejemplo notable: esta iniciativa fue redactada por una comisión plural formada por 21 especialistas, presentada al presidente e ingresada al Congreso.
El proyecto promueve mejoras en la resolución de los conflictos que son parte del día a día de los argentinos porque, más allá de los grandes casos que vemos en los medios, la Justicia también debe resolver las disputas de nuestra vida cotidiana. Es la que tiene que intervenir cuando tenemos que resolver un incumplimiento contractual, un accidente de tránsito o somos víctimas de mala praxis.
El Código que rige actualmente es antiguo y, en gran medida, continúa herencias que vienen desde el Virreinato del Río de la Plata. Mantiene distancia entre el juez y las partes, y no tiene en cuenta las modernas tendencias sobre gestión de la oficina judicial y diseño de los procesos de trabajo, ni innovaciones tecnológicas. Es un código del siglo XVIII para la velocidad y los desafíos del siglo XXI.
En cambio, el anteproyecto que presentamos soluciona ese desajuste: propone instalar la oralidad efectiva, el uso de tecnologías como la videograbación de audiencias, el expediente 100 % electrónico, la declaración vía videoconferencia, la simplificación de estructuras procesales, la disminución de los tiempos de los procesos y disponer la obligación de decir la verdad para las partes. También obliga al juez a estar presente en las audiencias, lo que arroja mejores resultados porque favorece la cultura del acuerdo.
Con la oralidad, las decisiones de los jueces son tomadas en audiencias orales que mejoran la publicidad y transparencia de los procesos.
Hoy, más de 400 jueces están aplicando experiencias de oralidad en 15 jurisdicciones del país. Esto equivale a 45,5% del total de magistrados civiles y comerciales, que la aplican porque entienden que mejora su efectividad y servicio a los ciudadanos.
Esto provocó una contundente baja en la duración de los juicios, que ostentan ahora un promedio de un año y cinco meses, mientras que en los tradicionales del sistema escrito duraban unos cinco años. La oralidad logró brindar una mejor respuesta a los ciudadanos y permitió que 68% de las causas finalizaran en menos de dos años, y 32%, en menos de uno.
Todos estos cambios demuestran que se puede mejorar lo que no funciona bien. Demuestran que no nos podemos resignar, que podemos ser mejores. Sólo tenemos que querer ser mejores y hacer los cambios concretos que hagan falta. Tan complejo y tan simple como eso.
Como dijo el presidente Macri, estamos cambiando las realidades que no nos gustan, sobre la base de valores que son innegociables: la verdad, la transparencia y la cultura del diálogo.
Entre todos estamos logrando cambios concretos para poder vivir en una sociedad mejor. Seguiremos trabajando con el ánimo del primer día para lograrlo.
(*) Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
