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Mafiosos de cabotaje

10 octubre, 2017
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Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **

La reciente detención del “Pata” Medina actualiza un fenómeno del que ya hablamos en ocasión de ocuparnos de los allanamientos y detenciones por la causa de “La Salada”, con Jorge “el Rey de la Salada” Castillo a la cabeza. La penetración y desarrollo de estructuras mafiosas en nuestras instituciones públicas y en la sociedad toda.
Ni “Pata” ni el “Rey de la Salada” resisten la menor consideración pública. Son, como se dice en las trastiendas del poder, “impresentables”. Por eso no se entiende al “Pata” cortando la cinta junto a un gobernador de Buenos Aires, encima poniéndole el cuerpo para salir mejor en la foto. O la colección de retratos fotográficos de Jorge Castillo con diversas personalidades de la política y la farándula.
Son, también y de modo principal, los símbolos más actuales de los resultados de admitir en ciertas esferas, públicas y privadas, la corrupción como una práctica aceptada. Reiteramos aquí lo dicho en esta misma columna en otras oportunidades: el mayor peligro de nuestra democracia y nuestras libertades, ambas imperfectas, aun incompletas no es un golpe de Estado sino la corrupción. Y agregamos: o la sociedad democrática le pone un freno a la corrupción, tarea nada fácil, o la corrupción se va a “llevar puesta” la democracia y nuestras libertades.

Un Estado mafioso, dominado por el narco o el contrabando, no es una cuestión de ciencia ficción, sino un peligro que puede materializarse. El mayor de los riesgos, hoy por hoy, de nuestra democracia.
Recordemos que la mafia es un término del cual se abusa mucho, más para declamar que avalar acciones concretas. Pero eso no la vuelve más inofensiva. Es una clase muy especial de crimen organizado, con estructuras, cargos y una extensa disponibilidad de medios materiales y humanos.
Por eso, más allá de lo caricaturesco de los rasgos tanto del “Pata” como del “Rey de la Salada” no puede caberle dudas a nadie de que estamos frente a organizaciones mafiosas.
Hasta donde se sabe, Jorge Castillo en su “reino” es socio accionista declarado de al menos 14 empresas y otras que maneja por intermedio de familia o persona afín, tiene registradas 23 marcas a su nombre y controlaba hasta ser detenido un negocio que movía cientos de millones de pesos en un rincón castigado del conurbano bonaerense.
No está sólo en eso sino que resulta la cabeza visible de una estructura piramidal que integran miembros de su familia, entenados y de la que participan miembros de las fuerzas policiales y hasta funcionarios del poder judicial.

A Juan Pablo Medina, por su parte, se le han descubierto un sinnúmero de vehículos, propiedades y empresas vinculadas a su particular operatoria de llevar adelante la “paz social” en materia de obras de construcción con exigencia de pagos y contratación de personas y empresas afines.
Pero no son los únicos, ni la mafia sólo pasa en el Gran Buenos Aires. Es un problema que se replica, más o menos, en todo el país. Y lo peor que puede hacerse a ese respecto es cerrar los ojos, negándolo o tratando de minimizarlo.
La corrupción y sus consecuencias (la inseguridad jurídica, la pobreza, etcétera) es un mal que corroe a toda la sociedad. La parte positiva de la historia es que no resulta algo inevitable, que puede vencerse, por lo que no hay que acostumbrarse a ella.
Se sabe que la corrupción es un fenómeno dependiente, entre otros factores del sistema económico, de la estructura institucional o de las prácticas sociales vigentes. Se trata de un fenómeno destructor que, como el fuego, para extenderse y permanecer depende de estos elementos. Entender esto y preocuparse cada uno en no caer en su trampa es el primer paso para combatirla. Claro que ese combate requiere, inexorablemente, de no convalidar, por acción o silencio, sus prácticas y un rechazo frontal a los comportamientos de los “personajes” que hemos mencionado porque obtenemos algún beneficio efímero y rápido, político o de otra clase. Como todo vicio social, el primer paso para desterrarlo, luego de entender su funcionamiento, pasa por el compromiso a su rechazo. Y esto es un requisito sine qua non.

* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas. ** Abogado, magister en Derecho y Argumentación Jurídica

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