ESCUCHARSu instalación definitiva fue un trámite que se prolongó en el tiempo
Casi una década después de ser establecida en la Constitución Nacional de 1853, el 15 de enero de 1863 la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó definitivamente establecida con el juramento en el recinto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación de sus cuatro miembros iniciales: Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, José Barros Pazos y Francisco Delgado Álvarez. El quinto propuesto por el presidente Bartolomé Mitre al Senado, Valentín Alsina, había declinado el ofrecimiento.
El primero en jurar fue quien había sido designado por el Ejecutivo nacional como su presidente. A Francisco de las Carreras, antiguo ministro de Hacienda de Rosas, le fue tomado juramento por el presidente Mitre. A su vez, los siguientes ministros, así como el procurador General, lo prestaron ante él, en su primera actividad como presidente del novísimo tribunal.
Salvador María del Carril, otro de sus integrantes, era un todoterreno de la política, acólito de Rivadavia a Urquiza -pasando por Lavalle-. Estudió derecho civil y derecho canónico en la Universidad de Córdoba. Algunos años después se desataría un escándalo de proporciones al publicar el historiador Ángel Justiniano Carranza en el diario La Nación las cartas en las cuales se demostraba haber instigado el fusilamiento de Manuel Dorrego por Lavalle. Del Carril nunca se manifestó al respecto.
José Barros Pazos, de raigambre unitaria, había debido también exiliarse durante el gobierno de Rosas. Luego de su caída, formó parte del tribunal que lo juzgó en ausencia, en un caso único de los juicios argentinos. Había sido también rector de la Universidad de Buenos Aires.
Por su parte, Francisco Delgado Álvarez era un mendocino ex alumno del Colegio Montserrat y de la Universidad de Córdoba. Representante de su provincia en el Congreso que en 1824, de extracción unitaria, fue magistrado en Mendoza antes de tener que exiliarse en Chile en los tiempos de Rosas. A su regreso al país en 1854, fue elegido primero senador y luego nombrado por el presidente Urquiza para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Confederación Argentina, que no se llegó a instalar.
Por su parte, el procurador General Francisco Pico, también unitario y exiliado durante el gobierno de Rosas, se había desempeñado como diputado en la Sala de Representantes de Buenos Aires, siendo favorable a la política de Urquiza y un defensor del Pacto de San Nicolás. Pasado luego al mitrismo, fue diputado en la convención reformadora de la Constitución Nacional, en el año 1860, y el presidente Santiago Derqui lo incluyó en su gabinete como ministro de Relaciones Exteriores.
La vacante por la negativa de Alsina a ejercer en el tribunal no fue llenada sino el 10 de junio de 1865, cuando se designó a José Benjamín Gorostiaga. Antiguo constituyente de 1853, fue de los miembros con mayor peso en la redacción del texto constitucional.
Ramiro Dos Santos Freire y Diana María Queirolo, en su Semblanza de los primeros ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresan: “Los comienzos de la Corte fueron de una gran modestia y austeridad. Instalada en un local de la calle Bolívar entre Moreno y Belgrano, contaba con un personal muy reducido, que en un principio se limitó a un secretario (cargo ejercido inicialmente por el Dr. Rafael Pereyra, luego reemplazado por el Dr. José M. Guastavino), un ujier y un ordenanza. El 11 de octubre de 1863 estableció su reglamento interno y el 15 de octubre dictó su primer fallo. Sin embargo, aquí la Corte no se adentró en el fondo de la cuestión planteada sino que rechazó por improcedente, habida cuenta de los términos de la ley 48, el recurso de apelación interpuesto por don Miguel Otero contra la sentencia de la Sala en lo Criminal del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires”.
La Corte comenzó a editar sus fallos en 1865 en la imprenta de calle Perú 101, con la supervisión de su único secretario, José Miguel Guastavino. Antiguo alumno del Monserrat, destacado latinista y profesor de derecho romano, había obtenido su grado de doctor en jurisprudencia con medalla de oro, un logro que nadie había vuelto a obtener desde que lo consiguió nada menos que Vélez Sarsfield.
Un año después, al estallar la Guerra del Paraguay, el secretario de la Corte fue nombrado “auditor de Guerra del Ejército Nacional en campaña (…) con el rango y sueldo de teniente coronel”. Correntino, de 27 años, no dudó en renunciar para ello a su cargo tribunalicio. La Corte Suprema, por unanimidad, rechazó tal renuncia y le otorgó en cambio una licencia por tiempo indeterminado, en tanto durara el conflicto.
Una característica de sus inicios, como señalan Dos Santos Freire y Queirolo, es que prácticamente todas las sentencias son dictadas por unanimidad y que los jueces nunca fundamentaban sus votos por separado. Sólo en febrero de 1871, en la causa “Chanfreau y Cía. c/ Provincia de Corrientes”, con los votos por separado de Del Carril y Ugarte, se registra la primera disidencia de importancia.
La llegada de Gorostiaga marcaría una nueva etapa y encarrilaría de modo muy claro al tribunal sobre ciertos andariveles. Cerró así esta primera etapa organizativa, de no poca importancia. Por primera vez se contaba con un tribunal de última y definitiva instancia, con poder de control constitucional.
