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Me he referido en la columna Un tributo a los “Libros”, que son cosas especiales a que existe en el mundo un conjunto de objetos en los que esa segunda naturaleza que es la técnica, y por ello el ingenio mismo del hombre, ha puesto en realización una serie de realidades que nombramos como «cosas». Y junto a ellas he destacado algunas que, sin integrar el reino de lo viviente, tampoco pueden ser nombradas sin más como «cosas». Son, por el contrario, las «no-cosas».
En esa descripción que nos hemos apropiado del filósofo tan encumbrado por estos días Byung-Chul Han, ubicamos con centralidad una cierta categoría de «Libros», como aquellos que no son instrumentales de algo sino que habilitan una realización dialógica. Al menos es ésa la relación que yo tengo con tales objetos.
Ejemplificando en esa ocasión, señalamos que una auténtica «cosa» es un automóvil. Nos sirve para algo: hacer turismo, llevarnos a nuestro trabajo, utilizarlo para cumplir con un oficio, etcétera. Ahora, nos ocuparemos de comentar un suceso que tiene por responsable a una vocal de Cámara Penal de la Ciudad de San Miguel de Tucumán mientras conducía su automóvil.
Antes, cabe destacar que la relación que los jueces/juezas tienen con los automóviles es una que en varias ocasiones les ha traído dificultades desde el punto de vista ético. Naturalmente no porque los rodados sean cosas que tengan vida propia, sino porque son instrumentos aptos para que se puedan desencadenar con ellos, desde ellos o por ellos algún tipo de comportamiento impropio que, como tal, quede alcanzado por las exigencias básicas que la ética judicial, codificada o no, propone.
Solo a guisa de recordatorio totalmente incompleto, he de apuntar episodios de jueces/juezas con la intervención de automóviles. Desafortunados no sólo desde la ética judicial sino más allá de ella.
Por ejemplo, cuando un limpiavidrios intentó la limpieza del parabrisas y el juez conductor le indicó su negativa. El primero, en represalia, golpeó el capot del automóvil, lo cual provocó que el magistrado bajara del automóvil y propinara golpes a la persona.
Otro caso igualmente violento fue el que tuvo como protagonista a un juez, quien tuvo un incidente habitual de tránsito con un motociclista. Producido aquél, dañó intencionalmente la motocicleta del repartidor de comidas, además de propinarle algunos golpes de puño y patadas.
También traigo al presente supuestos de penosa reiteración, en los cuales los jueces/juezas, generalmente luego de haber participado en una reunión social en la que alguna copa de más han ingerido, se lanzan a la conducción de su automóvil sin percatarse de que la posibilidad del control policial de alcoholemia es una práctica felizmente corriente en muchas ciudades del país.
Tales eventos, por lo general, ponen de muy mal semblante a los jueces/juezas que son encontrados en dicha incómoda situación y que, por lo general, lejos de resignarse a comprender la instrucción policial, optan por el burdo camino de la invocación de rango, jerarquía, función o como se quiera nombrar. Lo que no es otra cosa que intentar ser distinto ante la ley.
En el caso que nos ocupa ahora, la protagonista es la jueza de Cámara Penal de San Miguel de Tucumán Alicia Freidenberg. Hace algunas semanas, cuando se cumplía una populosa concentración de personas en la vía pública en ocasión de festejos del Día de la Mujer (el 8 de marzo) en un ámbito céntrico, acorde la información periodística Freidenberg circuló por la vereda porque la vía pública estaba ocupada por las personas que asistían al 8M. Además, se agrega que lo hacía en contramano, tomando el sentido de circulación de la arteria central (recomiendo escuchar el audio de 12 minutos en el que finalmente la jueza termina culpando a la autoridad de tránsito por no haber dispuesto la libre circulación).
La mencionada travesía por la acera, algo bastante corriente en la películas de acción en las que puede haber alguna persecución automovilística, aquí se efectivizó sin velocidad y hay que indicar, a la luz de las filmaciones que se viralizaron, que lo fue también con natural cuidado.
La jueza en cuestión argumentó en su descargo que el extravagante episodio se produjo en razón de que se presentó la urgencia de tener que hacer un traslado sanitario de una persona. Huelga señalar que los testigos del suceso ponen en duda o directamente niegan que ello haya sido de esa manera.
A ello se suma que tampoco indicó en su descargo mediático quién era el trasladado o dónde fue asistido.
Por último, un dato de sentido común: todos conocemos por experiencia propia que si desde un vehículo se hace sonar en forma insistente su bocina y se muestra un pañuelo blanco es porque traslada algún enfermo. Por lo general, salvo protestas dignas de salvajismo urbano, el resto de los conductores es responsable y habilita el paso al coche. Dicha práctica usual para alertar de urgencia tampoco existió en este caso.
Del mencionado suceso no caben mayores cavilaciones que mirar con tristeza y hasta vergüenza ajena acciones este tipo ejecutadas por quien posteriormente habrá de estar juzgando a ciudadanos seguramente por eventos más graves, pero que al fin de cuentas son como el presente caso: violaciones de normas claras y evidentes, con independencia de que ellas sean del Código Penal o de la Justicia municipal.
Naturalmente, como no podía ser de otro modo, la autoridad municipal de la ciudad de Tucumán no sólo aplicó una multa de una cantidad de dinero elevada sino que retiró la licencia de conducir a la magistrada por el plazo de seis meses. Además, dispuso que hiciera un curso de reeducación vial.
Lo resultante de todo ello es una gota más que se suma a una imagen por demás devaluada de los poderes judiciales, tanto provinciales -como en este caso- como de los federales, en orden a la afectación que al mismo decoro judicial el mencionado comportamiento privado con trascendencia pública ha provocado.
Por una cuestión de espacio para esta columna obviamos en nuestra consideración algunos aspectos del historial biográfico judicial de la magistrada. Pero van otros. Unos años atrás fue destituida por el Jury de Enjuiciamiento por considerarla responsable de haber mantenido en libertad a un condenado a prisión perpetua hasta tanto quedara firme la resolución. La persona se fugó y luego se la capturó nuevamente.
Con posterioridad, el Tribunal Superior de Justicia de Tucumán la repuso en el cargo, con el argumento de que aquella decisión había sido fruto de la interpretación que todo juez puede tomar, y que no hay juzgamiento por el contenido de la decisión. A esto último adherimos desde siempre, aunque ignoramos si ese argumento, en este caso, es auténtico. Luego tuvo otros episodios que también delatan un estilo particular de cumplir con la función judicial.
Por último, sólo cabe señalar, para presentar una pintura algo más completa de la particular idiosincrasia de la «conductora de vereda», que, haciendo quizás una práctica histriónica (para darle el crédito de que no lo quiso decir con toda seriedad) ofreció al funcionario municipal que impuso la multa por la infracción, en una nota de disculpas, brindar un curso de concientización sobre las normas viales.
Con ello, en mi opinión, la falta de decoro ya antedicha se magnifica toda vez que se ubica la jueza en una posición de estar, según cree y con lo dicho lo afirma, por encima de los ciudadanos.
A todos nos molestan las manifestaciones cuando nos impiden la libre circulación. Sin embargo, no se nos ocurre conducir nuestro vehículo por la vereda. Haberlo hecho devuelve al rostro de la justicia (en el espejo de la ciudadanía) un sinsabor de absurdo privilegio.
La igualdad ante la ley es la primera regla que un juez/jueza no puede desconocer. Sin ella se torna delicado solicitar después a los demás lo que uno mismo como juez/jueza no está en condiciones de querer hacer.
Felizmente el suceso tuvo su reproche administrativo. Ignoramos si el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán ha hecho lo propio.
