Los “fondos buitres”, el último nubarrón en el horizonte

Por Salvador Treber. Exclusivo para Comercio y Justicia

Al comienzo del siglo XXI, la deuda externa argentina pagadera en moneda extranjera superaba el PIB y al cabo de poco más de once años queda apenas por resolver un pequeño pasivo -que está en manos siniestras-.

Luego de acordado el importe definitivo y régimen de pagos plurianual para cancelar la deuda pendiente con el Club de París, sólo restaba hacer lo propio con los títulos que poseen en cartera los llamados “fondos buitres” en condiciones semejantes a los demás acreedores privados. Estas entidades deben su mote identificatorio porque se especializan en adquirir a muy bajo precio paquetes accionarios de países o empresas que afrontan dificultades financieras y los venden cuando aquéllos han superado esa coyuntura, obteniendo así pingües beneficios de neto corte especulativo.

Ellos tienen, en su mayoría, domicilio legal en Estados Unidos y son muy temidos pues no trepidan en usar cualquier recurso para adquirir “mercadería barata”; a la par que procuran aceitar los contactos para lograr sus fines utilizando los servicios de los tribunales neoyorquinos cuando deciden apelar al recurso judicial. Con esa forma de gestión han atraído a su staff legisladores de los dos partidos mayoritarios y hacen ostentación de un deleznable poderío.

El “caso argentino” es para ellos de muy menor cuantía, pero se constituye en clave porque pone en duda su omnipotencia y un contraste podría operar como un antecedente que coadyuvaría a declinar la aprensión que generan. Las tenencias de nuestros valores ascienden a alrededor de US$1.330 millones evaluados según sus respectivos importes nominales. La resistencia argentina los llevó a recurrir a sus “amigos” insertos en el Poder Judicial, consiguiendo un fallo a su favor en primera instancia del anciano e imprevisible juez Thomas Griesa; ratificado después por la Cámara de Apelaciones.

La llegada al ámbito de la Corte Suprema de Justicia se alcanzó tras sucesivas apelaciones argentinas y esa etapa cierra definitivamente el circuito. Claro que el deudor, si llega a poseer bienes embargables en ese país, corre el riesgo -como mínimo- de ser sometidos a inmovilización mediante uno o más embargos. En tal sentido hubo varios intentos que no respetaron siquiera los activos propios de la embajada y otros tantos embates que apuntaron contra áreas que gozan de inmunidad diplomática y extraterritorialidad; los cuales, entonces, fracasaron.

Cabe advertir que el no acatar a un fallo definitivo pone en serio riesgo al país aludido de ser declarado en “default” (cesación de pagos) sin tomar en cuenta la relativamente baja proporción de la deuda. Por su parte, la instancia de la Corte la pone a ésta en situación de elegir entre tres vías diferenciales; la que siempre opta por decidir lo que el poder económico vigente cree más conveniente. En esta circunstancia una de las alternativas, la peor para Argentina, era declararse incompetente para dirimir el pleito; una segunda consistía en elevar una consulta al Poder Ejecutivo que, obviamente, por el momento implica una dilación; y la tercera, la mejor para nosotros, revalidar los derechos que tiene cualquier país deudor para reconvertir su deuda incluyendo quitas de diversa magnitud cuando existe imposibilidad de cumplimiento. Este amplio abanico de opciones se explica porque, en todos los países del mundo, el máximo Tribunal de Justicia tiene un carácter eminentemente político que contempla los intereses de su respectiva nación.

La intervención del gobierno estadounidense
A fines de abril, el secretario del Tesoro, Jack Lew, declaró, desde su despacho en Washington, que respaldaban las acciones del Gobierno argentino y esperaban que el máximo Tribunal de Justicia no eludiera su responsabilidad pues, cualquiera sea su actitud, quedará convertido en un antecedente ineludible para dirimir en el futuro los demás conflictos de esa índole que se ventilen en tales instancias. El citado funcionario, muy cercano y confiable colaborador del presidente Barack Obama, se inmiscuyó en el diferendo mediante la susodicha conferencia de prensa admitiendo “haber considerado el tema” junto a varios colegas de otros países con el objeto de unificar posiciones; aunque también aprovechó para dejar plena constancia de que ello no implicaba “avalar de ningún modo a Argentina en otros aspectos”. Al efecto, prefirió subrayar que lo expuesto está “acotado a esa materia específica”, poniendo mucho énfasis sobre el sentido de esa aclaración para evitar supuestas pero muy posibles confusiones. Pareciera que los resentimientos que guardan para con nuestro país son muy profundos y nublan la elección de la alternativa más lógica y funcional que tengan a disposición.

La crítica situación económico-financiera de muchos países de Europa y de algunos de América hace suponer fundadamente que no podrán alcanzar un cierto grado de normalización sin apelar a renegociaciones que incluyan quitas, como se advierte en varios planes que están en curso de próximas definiciones. Sin ir más lejos, Portugal, que recibió una “ayuda” de US$78 mil millones, resolvió renunciar a lo que faltaba percibir en tal condición pues no se sentía en condiciones de hacer cortes tan drásticos como los que les exigen tanto en el gasto público como en el plantel de personal. Nuestro principal factor en contra es el acendrado rechazo por todo lo que pueda favorecer a Argentina.

Si además de ese tipo de exigencias mediara un fallo contrario a los planteos de Argentina por idéntica causa, se tornaría casi imposible adoptar una vía semejante por un número importante de países, lo cual podría precipitar un “default” generalizado; siendo casi equivalente la situación resultante a cuando la Suprema Corte se declara incompetente, pues si bien resta una estrecha instancia de apelación es obvio que el país ya lo hace con la soga al cuello.

La gestión y las medidas aplicadas en el gravísimo caso griego ya habían puesto en evidencia que los grandes acreedores privados no se amilanan y no serán fáciles de convencer de que bajen sus pretensiones. La reacción más inmediata fue la de México que, luego de un prolongado silencio, que se interpretaba tenía sentido inverso, en forma sorpresiva e imprevista hizo llegar a la cancillería de nuestro país una declaración de solidaridad con la posición asumida ante los tribunales de Estados Unidos. Por su parte, Roberta Jacobson, subsecretaria Adjunta para el Hemisferio Occidental -el más alto cargo en el Departamento de Estado para la atención de las relaciones con América Latina- en forma pública, aprovechando al efecto las deliberaciones que tuvieron por escenario el Consejo de las Américas, dejó expresamente sentado que entienden que “es importante que los países tengan el derecho de reestructurar su deuda”.

Pese a ello, una vez más hizo la aclaración de que “Eso no significa que en este caso específico concordemos con las decisiones de la Argentina, pero por una cuestión de principios hemos apoyado su caso”, aunque “nos gustaría verla reincorporarse a la comunidad financiera internacional”. Tales declaraciones no responden totalmente a la realidad pues, en esencia, no se trata realmente de una “cuestión de principios” sino a la muy probable concreción de la perspectiva de encarar vías muy semejantes a la que usó Argentina. En esa perspectiva están no menos de una docena de países europeos y el propio México. Por tanto, no descartan -más bien aguardan- que ocurran reconversiones unilaterales con sus respectivos acreedores privados para reducir los plazos de saneamiento ampliando los de pago. Y tal cosa EEUU no lo puede desautorizar anticipadamente, mucho menos aún desde que se ha abierto un enfrentamiento de imprevisibles consecuencias entre la OTAN y Rusia por la anexión de Crimea y la zona circundante.

El fallo de la Suprema Corte de EEUU
Sus miembros se reunieron para decidir el día jueves 12 de junio. Si bien coincidieron en el fallo, postergaron, sin dar ninguna explicación y manteniendo un hermético silencio, su contenido hasta el siguiente lunes 16 cuando, en horas de la mañana, se supo que se había declarado incompetente. Por todo lo antes expuesto, no se trata de una real admisión de límites a su poder sino todo lo contrario: mostraron que sibilinamente saben elegir la forma de decidir según su voluntad.

De las alternativas que se han enumerado antes, eligieron la que más puede perjudicar a Argentina; dejándole un pequeña hendija que, tal como se planean las cosas, le puede significar apenas un perentorio respiro de 25 días. Dentro de ese plazo deberá apelar requiriendo una revisión de la sentencia, pero no hay ningún antecedente que en alguna circunstancia haya prosperado. Una segunda posibilidad sería aprovechar el próximo vencimiento de deuda el 30 de junio para negociar directamente con los tenedores de títulos, aunque la chance de tener algún eco es mínima. De todas maneras, no deberán hacerse pagos vía Nueva York para evitar embargos.

Los nuevos pasos son altamente peligrosos pues las eventuales concesiones que se hagan a los “fondos buitres” podrán permitir a los acreedores del 92,7%, que aceptaron las quitas, se pongan en igualdad de condiciones.

Ante una circunstancia como ésa y dado que nuestro país tiene un pasivo pagadero en monedad extranjera de US$29.200 millones (incluyendo el arreglo con el Club de París), está en condiciones de no aceptar ningún chantaje e ignorar otra forma de arreglo que no sea la de los demás acreedores. Ello podría precipitar una declaración de “default técnico” que nos privaría de inversiones extranjeras, pero sin acarrear otros problemas más.

El Gobierno actual, por boca de la Presidenta de la Nación, a las 21 del mismo día 16, poco horas después de su retorno de la reunión internacional de Bolivia, y respaldada por 3º Foro de Presidentes del Grupo de los 77+China, dejó expresada su reacción y el curso de acción que seguirá ante la emergencia, en la seguridad de que será acompañada por los demás países latinoamericanos.

Lo más importante es que Argentina seguirá cumpliendo con sus compromisos y el cronograma de vencimientos; al margen de tratar de negociar con los actores que fueron apoyados por la justicia estadounidense, pero no se dejará extorsionar.

En este momento tan delicado, sorprende que todo el arco opositor, en vez de apoyar el país, aproveche la circunstancia para elevar críticas contra la forma en que se manejó el tema. Lo que está en juego es el bienestar del pueblo y lo menos importante es la especulación que se está haciendo, cuando lo único que corresponde es cerrar filas y presentar un frente unido que represente los mejores intereses del país.

Las diferencias partidarias no deben debilitar al Gobierno, que es el encargado, también por voluntad popular, de evaluar las posibilidades actuales y el futuro cercano.

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