Los derechos del consumidor como botín político

Por Diego Mestre (*)

El oficialismo sigue instalando ideas arbitrarias, ilegítimas y perjudiciales para el pueblo. Continúa movilizando innecesariamente los recursos del Estado para servir a sus intereses partidarios. En este caso, pretende vaciar la Comisión de Defensa del Consumidor (que actualmente presido) y crear una estructura redundante, absolutamente innecesaria e inoficiosa llamada “Actualización y Consolidación de la Legislación en Defensa de los Consumidores”. Ni siquiera respetó el Reglamento de la Cámara de Diputados que establece claramente que la Comisión de cabecera debería ser la de Defensa del Consumidor para el tratamiento de esta iniciativa legislativa.

¿Cuál es la necesidad de violar el reglamento del funcionamiento de la Cámara, vaciar el objeto de la Comisión de Defensa del Consumidor (creada por mandato popular) y pasar por encima de 31 diputados y las iniciativas ya existentes? La respuesta es simple: el oficialismo está convirtiendo la Defensa del Consumidor en un botín. Bloquea arteramente la aprobación de un Código que, además de encontrarse casi listo, protegerá a los argentinos inmediatamente, fortaleciendo sus derechos. Como la inoportuna y costosa propuesta de la Reforma Judicial, esta iniciativa resulta otra burla a los argentinos y un desconocimiento de las prioridades del país.

Desde hace años se escuchan activamente en la Cámara de Diputados las ponencias de asociaciones de defensa del consumidor. En este último tiempo hemos avanzado significativamente, de manera consensuada, en un debate amplio, para un Código de Defensa del Consumidor aggiornado a los tiempos que vivimos. El contexto socioeconómico, los avances tecnológicos y las relaciones globales de consumo han creado una franja numerosa de consumidores “hípervulnerables”, que frecuentemente

ven sus derechos socavados. Necesitan tutela urgente de los derechos consagrados constitucionalmente. Debatimos aspectos álgidos junto a los actores más comprometidos del área. Hemos avanzado en conjunto para que la ley que salga sea noble, fuerte y a favor de los más débiles.

Ambos proyectos, el de la oposición y el del oficialismo, son idénticos en 85%. Por eso, resulta inexplicable que planteen este disparate de comisión nueva si estamos tan cerca del dictamen y aprobación de una norma en la que estamos de acuerdo todos los sectores. Quieren empezar de cero y demorar aún más una deuda del Estado para con el pueblo. En otras palabras: es ilegal, inadmisible y groseramente teñido de mala intención política.

Detrás del proyecto del diputado Ramón, avalado por el arco oficialista, hay un atropello a las reglas, un ataque al mandato popular establecido en el artículo 22 de la Constitución y una falta de respeto a todas las asociaciones de consumidores que han pasado por la Cámara de Diputados a exponer sus preocupaciones sobre los desafíos que existen en la era digital, tales como el sobreendeudamiento de las familias y los demás aspectos que implican la necesidad de legislar para que el consumidor moderno sea respetado.

En vez de honrar el mandato constitucional, el oficialismo inmoviliza un proyecto de ley muy discutido y consensuado en los últimos tres años, ignorando todo el trabajo realizado y dejando en claro que no interesa la gente sino aprovecharse de artilugios oscuros para negociar lealtades partidarias. Busca vaciar una Comisión que funciona armónicamente, y con esto agraviar a la oposición. Degrada la defensa del consumidor y la convierte en un mero botín político.

Los argentinos no necesitan comisiones redundantes e ilegítimas con superestructuras burocráticas. Necesitan un Estado eficiente, que brinde respuestas y un gobierno considerado y medido, para contener a un país herido por el desempleo, la hiperinflación, la oscuridad institucional, las mentiras, la pandemia y una cuarentena sin horizonte a la vista.

(*) Diputado Nacional. Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia