ESCUCHARSu instalación definitiva fue un trámite que se prolongó en el tiempo
Juan Bautista Alberdi, en el proyecto de constitución ubicado al final de su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, en el capítulo dedicado al “poder judiciario” encontramos el artículo 93, que expresaba: “El poder judiciario de la Confederación es ejercido por una Corte Suprema y por tribunales inferiores creados por la ley de la Confederación”.
Era concordante con lo dispuesto en la Constitución de Estados Unidos sobre el tema en la sección primera de su artículo III: “Se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en una Corte Suprema y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo…”
La Constitución Nacional, en su texto original de 1853, la reguló más puntualmente, quizás por influjo de José Benjamín Gorostiaga, al determinar en el artículo 91: “El Poder Judicial de la Confederación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia compuesta de nueve jueces y dos fiscales, que residirán en la Capital, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Confederación”.
Aprobada el 1 de marzo de 1853 y jurada en todo el país, salvo la provincia de Buenos Aires segregada por propia voluntad, debía ponerse en vigencia.
En 1854 fueron elegidos los miembros del primer Congreso Nacional y el primer presidente constitucional. Electo Justo José de Urquiza, dictó el 26 de agosto un decreto por el que designaba como jueces de la primera Corte Suprema a Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata, Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Baldomero García. Serían sus fiscales Ramón Ferreira y Pío Tedín.
La demora para constituir la Corte determinó otro decreto, del 27 de octubre de 1854, en el cual se establecía una Cámara de Justicia provisoria que actuaría en tanto como tribunal supremo. Estaba conformada por los tres ministros que habían aceptado su designación: Funes, Graña y Molinas, a quienes se les adicionó, como miembros provisorios para reunir la mayoría, a los abogados Baltazar Sánchez y Mariano Lucero. También por el mismo procedimiento se designó como fiscal interino a Pedro Lucas Funes. Funcionaría en tanto los restantes jueces y fiscales asumían sus cargos.
Llegamos así a 1859 cuando, batalla de Cepeda mediante, Buenos Aires pactó con las demás provincias en San José de Flores unirse a la federación, previa reforma constitucional.
Una de tales reformas fue la atinente a la conformación de la Corte Suprema, retornando a la idea alberdiana al eliminar la cantidad fija, tanto de jueces como de fiscales, para otorgar al Congreso la facultad de fijar el número.
En virtud de tal cambio, el nuevo presidente, Dr. Santiago Derqui, asumido el 5 de marzo de 1860, dejó sin efecto la designación que había realizado Urquiza, por decreto emitido el 30 de octubre de 1860, hasta tanto el Congreso fijara su composición.
En lugar de ello, nuevas hostilidades en 1861 entre Buenos Aires y las demás provincias determinaron, luego de la victoria de la primera en la batalla de Pavón, la caducidad del mandato de las autoridades federales. Las elecciones llevadas a cabo al siguiente año, en 1862, dieron como vencedores en el Colegio Electoral a Bartolomé Mitre y Marcos Paz, quienes asumieron como nuevos presidente y vice de la República el 12 de Octubre de ese año.
El nuevo Congreso Nacional sancionó un día después la ley N° 27, de organización de la Justicia Nacional. Conforme su art. 6°, se establecía que la Corte Suprema de Justicia estaría compuesta de cinco ministros y un procurador general.
Mitre propuso al Senado para su acuerdo a los efectos de constituir el tribunal, a Valentín Alsina como presidente, acompañado de Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, José Barros Pazos y Francisco Delgado. Francisco Pico se desempeñaría como primer procurador General.
Diría luego al respecto: “Busqué a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demasías de los otros poderes del Estado y que, viniendo de la oposición, dieran a sus conciudadanos la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos y la garantía de una total y absoluta independencia del Poder Judicial”.
Sin embargo Alsina, entonces senador nacional por Buenos Aires, declinó la propuesta porque la entendió como una movida de “Bartolo” para sacárselo de encima de la arena política. Era, por entonces, su principal opositor y una figura presidenciable para sucederlo. Los cuatro miembros restantes obtuvieron su acuerdo sin mayores problemas.
En lugar de Alsina, se nombró como nuevo presidente a Francisco de las Carreras. El Ejecutivo nacional dispuso asimismo la fecha del 15 de enero de 1863 para prestar juramento y dejar conformado el tribunal. El acto se verificó en el recinto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.
Sus primeros tiempos fueron tan particulares como las vicisitudes de su instalación. Pero eso ya es otra parte de la historia.
