ESCUCHAREl sanjuanino “alborotador” nunca estudió derecho pero siempre estuvo cerca de sus polémicas.
Por Luis R. Carranza Torres
El sanjuanino más famoso de nuestra historia fue muchas cosas en su vida. Otras no pudo llegar a ser. No tuvo más estudios formales que los primarios. El resto corrió por su cuenta. Siempre lamentó que la política dejara en la nada su beca para estudiar en el Monserrat, aquí en Córdoba.
Hubiera sido interesante ver qué saldría para la historia de sumar a la personalidad de don Domingo un componente monserratense.
Entre las cosas que quiso ser, y se le escaparon, estuvo la de abogado. ¿Paradójico, verdad? Quien llegó a tantos honores siempre lo vio como un déficit suyo. Presidente, ministro, embajador, gobernador, senador, diputado, inspector de escuelas, general… Pero no abogado.
Un estudioso del tema, a quien ha dedicado varios trabajos -Pascual Alferillo-, colega nuestro y comprovinciano de don Faustino, nos aporta sobre el particular: «Sarmiento quiso ser abogado pero el origen humilde de su familia fue un obstáculo porque no pudo acceder a la universidad. Pero esto no le impidió conseguir su propósito de ser reconocido por su versación en temas jurídicos».
Y en pos de tal reconocimiento, hizo bastantes cosas a lo largo de su vida. Escribió varias obras de corte jurídico. Fue el primer profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional de Buenos Aires -obviamente por decreto-, en 1856. Faltaba el pequeño detalle del título. Pero antes como ahora, al poder político de turno ese tipo de cuestiones no presentaba nunca obstáculos insalvables. Por lo menos nombraron a alguien que, si bien carecía del extremo formal, tenía versación en el tema. Había sido convencional constituyente nacional y provincial, y escrito para esas fechas, sobre la materia: Arjiropolis o la Capital de los Estados Confederados del Río de la Plata (1850), Comentario de la Constitución de la Confederación Arjentina (1853), y Derecho de ciudadanía en el Estado de Buenos Aires (1854).
Era también consciente del lugar central que ocupa el conocimiento y práctica del derecho en una sociedad civilizada. Estando exiliado en Chile, allá por 1848, en una serie de entregas periódicas en el Diario “El Progreso”, expone sus Lecciones populares de derecho. No era dirigido a letrados sino a la gente común. Su intención, con ello, era más que clara: “No escribimos para los abogados, que saben más que nosotros, sino para el pueblo”. Buscaba acercarle la comprensión de ciertos temas y conceptos básicos que en la época sólo eran conocidos por la elite universitaria, como nos dice Alferillo.
En dos ocasiones, el cuyano hizo un pedido expreso por el título de abogado. En 1854, desde el diario porteño «El Nacional», de Vélez Sársfield, le pidió a la Cámara de Justicia lo declarara Doctor en Leyes, tomando sus comentarios a la constitución por tesis, y diez años de lucha política “por suficiente práctica». Terminaba la solicitud con palabras que revelaban su complejo en el asunto:
«¿Seré siempre un intruso en las armas, un intruso en la jurisprudencia, un intruso en las letras, sólo porque los Diógenes, los Irigoyen y los centenares obtuvieron los títulos que a mí me están vedados?». Como era de prever, el Tribunal Superior de Buenos Aires se hizo el zonzo y ni siquiera consideró el pedido cursado por vía periodística.
No fue la única vez. De acuerdo con la obra de María Celina Barros y Arana, El Doctor José Barros Pazos. En la Patria y en el exilio (1808-1877), cuando dicho jurista y amigo suyo se desempeñaba como rector de la Universidad de Buenos Aires, Sarmiento le envió una carta pidiéndole el título de abogado, invocando el precedente de la Universidad de Oxford respecto de Benjamin Franklin. Y otra vez sus palabras evidencian el peso por no tenerlo: «No es culpa mía si la escasez de mis padres me estorbó asistir a las aulas cinco años, donde tanto los traviesos como los estudiosos reciben por conclusión un diploma de capacidad. Yo he empleado veinte de estudios para remediar aquella falta y logrado ponerme a la par de los Ocampos, de los Barros Pazos, de los Alsinas siempre que he tenido ocasión o necesidad de discutir un punto de derecho público, de gentes o constitucional, cuestiones en que me creo más capaz que el común de los que han recibido títulos.»
Por mucha amistad que hubiera, don José, luego juez de la Corte Suprema, le dijo que no.
Al final, siendo embajador argentino en Estados Unidos, gestionó con más éxito el otorgamiento del título de Doctor en Leyes Honoris Causa. La Universidad de Michigan se lo confirió, el 24 de junio 1868. Un premio que nada agregaba a sus conocimientos en la materia jurídica pero que, seguramente, consoló su ego.
