Lo que evidencia el caso de la niña “M”

Por Luis Carranza Torres* y
Carlos Krauth**
Exclusivo para Comercio y Justicia

Hace unas semanas, la desaparición de la niña “M”, en Buenos Aires, tuvo en vilo a la mayoría de los argentinos. Su presunto secuestro en manos de un cartonero amigo de la madre situaba ante posibilidades de evolución bastante terribles. En todas partes, por el modo y forma, flotaba la posibilidad de que fuera abusada sexualmente y de que apareciera sin vida. Por suerte, apareció sana y salva. No fue por la enorme movilización de las fuerzas de seguridad que apareció sino gracias a la participación de una vecina que la vio con quien la había llevado, quien dio aviso a un par de policías de la provincia de Buenos Aires que estaban en otra misión, quienes la ubicaron y pusieron a disposición de las autoridades.

A medida que se iban conociendo detalles, se evidenciaba cada vez más la enorme marginalidad en la que vivía la menor. Pero pasaron los días y el tema se fue olvidando, en parte porque la justicia restringió la posibilidad de que se siga hablando de la cuestión, en parte porque cada día nos levantamos con alguna situación que nos tensiona y absorbe nuestra atención.

Si bien podemos entender que sea necesario preservar a la menor (tarde) y que -por lo tanto- dar más detalles de lo que vivió es victimizarla más, su realidad -que es la de muchos en nuestro país- no debe ser tapada ni callada. Se trata de un caso que expuso, nuevamente, la miseria en la que vive una innumerable cantidad de argentinos.

Según el observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, 2,4% de los niños de nuestro país, es decir más de 310.000 menores, viven en una pobreza extrema. Esto significa que se ubican por debajo de la indigencia. Es decir, no cuentan con DNI, no están escolarizados, etcétera; esto los pone por fuera del radar del Estado, por lo que como señala la UCA: “Ni siquiera son un número. Aunque estas infancias deberían ser la razón de ser de las defensorías del Niño y de las políticas públicas, no sabemos cuántos son exactamente ni cómo están distribuidos en las ciudades de Argentina”.

Todos ellos conforman una realidad que, usando una palabra que se ha puesto de moda últimamente, está “invisibilizada”. La falta de datos precisos originados en la Nación y las provincias son un reflejo de ello. Ello nos lleva a preguntarnos: si no se tienen datos fiables acerca de la realidad, ¿cómo se va a poder implementar políticas públicas eficientes para solucionar este triste problema?

Es cierto que nuestro Estado -que se muestra formalmente como omnipresente y omnisciente- gasta enormes sumas de dinero que se hallan destinadas a los más necesitados. En lo esencial, el presupuesto federal es, en una inmensa y mayoritaria porción, para bienestar social. Sin embargo, la pobreza y la miseria son cada vez mayores. Algo está fallando o no llegando a donde debería. Existe toda una estructura de organismos públicos, una multiplicidad de funcionarios con incumbencias en el rubro que no parece estar funcionando. Tan ineficaz es la acción en la materia que existe quienes sostienen que la pobreza constituye un enorme negocio para algunos.

Independientemente de ello creemos que la solución no sólo es un tema de fondos o estructuras, pues -como dice Ianina Tuñón del Observatorio de la Deuda Social Argentina: “La transferencia de ingresos es una política que, podríamos decir, llegó para quedarse, pero es muy necesario que se activen las políticas de creación de trabajo”-, agregando que los niños deben ver a sus padres trabajar para que de esta forma puedan “reconocer el valor del trabajo, de las rutinas, del esfuerzo”.

La cultura del trabajo hizo grande a nuestro país. Se debe volver a ella. No es siquiera un tema de valores, sino de supervivencia social. 

Por otro lado, entendemos que combatir la droga es un elemento fundamental que “extrañamente” se soslaya. Se trata de la mayor causa y principal generadora de consecuencias en torno de la marginalidad, la miseria, la criminalidad y la exclusión a una vida fuera de cualquier pauta social sustentable.

Además. es imprescindible fomentar y apoyar la educación. Volvemos a las palabras de Tuñón: “Si nos jactamos de tener una educación y una salud públicas, entonces que sean realmente de calidad y que en esos servicios podamos lograr más equidad desde el inicio de la vida. En eso tenemos deudas muy importantes, y esta pandemia puso en evidencia esas desigualdades de una manera bastante escalofriante”.

Lamentablemente, el caso de “M” es uno más de los miles que a diario ocurren en nuestro país. Afortunadamente en la situación particular parece encaminado a tener un mejor final, claro que gracias a la publicidad que tuvo y no por la acción del estado que estuvo ausente en la vida de la niña. Ello nos lleva a pensar que tal vez sería necesario trabajar de otra forma para poder enfrentar con mejores armas este problema, evitando tanta ideología o discurso rimbombante y vacuo. Escribimos estas líneas excluyendo y reconociendo la esforzada actividad de una enorme cantidad de personas y ONG que trabajan a destajo para modificar esta triste realidad. 

Son parte de los temas de la argentina real, que urgen, pero se ven poco en las agendas.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales

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