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Los balances, creemos, hay que llevarlos a cabo con un poco de perspectiva, aun desde el abordaje periodístico. Por eso nos tomamos un tiempo antes de escribir sobre la 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Se trata de un evento cultural que desde el año 1975 en que se realizó por primera vez, ha ido en aumento hasta convertirse, según sus organizadores “en el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica”. Si no lo es, “le pega cerca”.
Nace de los intentos a partir de 1971 de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) para encontrar un medio adecuado a los tiempos para la difusión del libro. Tras diversas ferias de libros en las calles, parques y plazas de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior, en 1974 la SADE convocó a las cámaras editoras y otras entidades del sector para organizar una feria única y anual en donde el público fuera en busca de libros. Tras funcionar como una sociedad de hecho por varios años, en 1985 se estableció la Fundación El Libro, entidad civil sin fines de lucro constituida por las entidades mencionadas anteriormente y que la organiza desde entonces.
Este año, uno de los puntos que generó más polémica fue la no participación del Estado Nacional con un estand y las idas y vueltas de la presentación de un libro del Presidente de la Nación que finalmente terminó sucediendo, luego de la feria y por fuera de ella, en el Luna Park.
El Estado no debe estar ausente de las cuestiones culturales, pero tampoco ideologizarlas con banderas de ocasión. El gran riesgo de la actividad pública, es la militancia encubierta y el adoctrinamiento social. Ni el Gobierno de turno ni las autoridades de la feria deben ideologizar el evento, sea a favor o en contra de un pensamiento.
Promover la cultura sin tener preferidos, entenados o privilegiados culturales debería ser un norte de todo gobierno democrático que priorice que, en este caso se lea y se genere actividad literaria sin mirar quien lo hace. Por otro lado, y como contracara de lo que decimos, quienes se dedican a la actividad cultural con un claro sesgo militante que busca recibir beneficios económicos, y que se traduce muchas veces en películas que nadie ve y revistas sin lectores, entre otras formulaciones supuestamente culturales y que terminan siendo inoficiosas.
En tal sentido, la decisión de la Secretaría de Cultura de la Nación de no tener un stand propio en la Feria, reasignando tales fondos, unos 300 millones de pesos para que las bibliotecas agrupadas en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), puedan adquirir libros por el “Programa Libro %”, que establece la posibilidad de adquirir libros a mitad de su valor comercial por representantes de las bibliotecas populares, no nos parece una mala decisión, por más que afecte a las arcas de la entidad privada que promueve la feria.
“El stand tenía un costo de 300 millones de pesos, a lo que había que adicionarle unos $150 millones más por cuestiones de armado y desarmado del stand. La Secretaría optó por usar esos recursos para colaborar con bibliotecas populares para que puedan renovar o adquirir nuevos títulos para sus bibliotecas”. “Fue una cuestión de eficiencia”, expresó en su momento el vocero de la presidencia sobre la cuestión.
La relación entre las autoridades de la feria-gobierno nacional fue mala a lo largo de todo el evento. Se reflejó en el discurso de apertura, altamente politizado y personalizado de Alejandro Vaccaro, titular de la Fundación El Libro. Tanto que se debió luego salir a aclarar que no se tenía nada en contra de nadie.
Más allá de las palabras, esa animosidad se llevó a extremos tan curiosos como absolutamente impropios, cuando por caso se posteó desde las redes sociales de la propia Feria fotos tomadas desde el fondo de una sala donde se presentaba un libro sobre el presidente Milei, expresando que el evento no había tenido la sala al completo de concurrencia. “La feria hablando mal de los eventos que lleva adelante, es algo difícil de creer”, nos comentó uno de los asistentes al evento.
No es posible cerrar este escueto balance, sin decir algunas palabras de cara a nuestra propia realidad cordobesa ferial, donde -como hemos escrito varias veces en esta columna- la gestión cultural dista de lo óptimo, para decirlo de un modo benevolente.
Quizás el acontecimiento que puso más en evidencia el déficit de gestión pública en el área fue lo que contamos en año pasado respecto de la Feria del Libro de nuestra ciudad donde la organización fue pésima desde el inicio, en la gestión de las propuestas presentadas por autores, editores y libreros locales. A muchos de ellos, jamás se las contestaron si se habían aceptado, y a otras, sido rechazadas, sin siquiera tener la amabilidad y don de gentes de avisárselos. Más aún, fuimos testigos del peregrinar de varios de ellos, por mail o acercándose a la oficina respectiva del Cabildo, en busca de novedades.
“Este año nadie del Estado puso un ‘mango’. Ya cerraron su tema electoral, así que no necesitan un escaparate donde mostrarse”, nos manifestaba sobre la pasada feria de Córdoba, un referente principal de la actividad librera.
Esperemos, este año, no se repitan tales yerros. Pero no somos muy optimistas al respecto.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
