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Susana Medina de Rizzo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, opinó que se ha avanzado en la lucha contra la violencia familiar. No obstante, advirtió que faltan protocolos de actuación, capacitación de operadores judiciales y juzgados especializados. Celebró que el tema esté en la agenda pública.
Profunda conmoción y dolor causó la noticia del asesinato de una mujer como producto de mazazos recibidos de su ex pareja, en Villa María.
Claudia Analía Rodríguez tenía 36 años y era madre de dos hijos, de 3 y 11 años. Se había separado hacía cuatro meses y, pese a que ya había hecho la denuncia ante la Policía por las amenazas recibidas, nada pudo impedir el fatal desenlace.
La noticia reanudó el debate sobre la violencia de género y las frías estadísticas volvieron a evidenciar que es una problemática que está lejos de resolverse.
Según datos del Observatorio de Femicidios, que releva casos publicados por agencias de noticias y diarios, en los primeros seis meses de 2011 dos mujeres por mes murieron en Córdoba, en promedio, víctimas de la violencia de género. La mayoría fueron asesinadas por sus parejas o sus ex parejas.
Córdoba es la tercera provincia, después de Buenos Aires y Santa Fe, con mayor cantidad de casos de femicidios en el país.
En tanto, en las 22 unidades judiciales de la ciudad capital, la de Villa Allende y las especiales de Violencia Familiar y de la Mujer y el Niño se producen alrededor de 31 denuncias por violencia familiar por día, según los últimos datos disponibles.
Cómo afrontar este flagelo es motivo de foros, debates y encuentros. El último fue organizado por la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, la semana pasada. Se organizó en Catamarca y allí estuvieron presentes reconocidas figuras, como las ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.
Comercio y Justicia dialogó con la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, Susana Medina de Rizzo, quien trazó un panorama sobre esa problemática en nuestro país.
-A su criterio ¿cuál es la principal o principales dificultades que deben sortear los jueces a la hora de resolver las denuncias sobre violencia de género?
-La mayor dificultad se presenta al intentar romper el círculo de la violencia porque la mayoría de las veces la mujer golpeada, lastimada, no se atreve a denunciar el hecho sino hasta que ésta ha alcanzado niveles de extrema gravedad. No denuncia por varios motivos (vergüenza, temor, falta de recursos, falta de apoyo familiar, etcétera) y cuando lo hace, a las pocas horas intenta dejarla sin efecto pensando en sus hijos, en su familia, en el qué dirán; y ante el primer atisbo de arrepentimiento del victimario, lo perdona, intenta retirar la denuncia y todo vuelve a comenzar. Primero viene una época de frágil armonía y, ante el primer desencuentro por motivos muchas veces insignificantes, vuelven los golpes y muchas veces estas situaciones perduran por años frente a un núcleo familiar que ni siquiera intenta ver lo que suscede para ayudar.
Ante semejante panorama es muy difícil para un juez ordenar la exclusión del hogar cuando hay toda una familia que se desdice de sus dichos y alega «son cuestiones íntimas, del matrimono».
También hay serias dificultades cuando hay que ordenar la exclusión del agresor del hogar conyugal y la mujer queda con sus hijos, sin medios materiales de subsistencia, porque no tienen un trabajo que le permita dar de comer y enviarlos a la escuela al día siguiente. Es muy difícil y doloroso.
-¿En qué cosas ha avanzado nuestro país y qué es lo que falta todavía por hacer?
Se ha avanzado mucho y seguramente resta mucho por hacer, pero hasta hace pocos años el tema pasaba desapercibido y en cambio ahora está en la agenda de una manera como no estuvo antes. En esto, sin lugar a dudas, ha tenido mucho que ver la creación en la órbita de la CSJN de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a instancias de Elena Highton de Nolasco. Es una oficina única en su tipo en el mundo entero, que está abierta al público las 24 horas del día los 365 días del año y no sólo se ocupa de estudiar la génesis de la violencia doméstica sino de atender a las víctimas y realizar una tarea de concientización social sobre lo que implica esta violencia.
– En el Congreso había un proyecto para incorporar al Código Penal la figura del femicidio, que aumentaba las penas para estos casos. ¿Cree que esto resolvería en algo la problemática?
-No creo que agravar las penas resuelva el problema. Sin embargo, es importante que se esté dando la discusión sobre lo que significa matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres; la discusión y el tratamiento parlamentario hacen que se ponga en la agenda pública esta gravísima situación que parece aumentar cada día.
– En el último Congreso de Mujeres Juezas se sacaron algunas conclusiones sobre el tema. ¿Podría hacer una síntesis?
-En general, se concluyó que la violencia de género es un tema complejo que requiere de protocolos de actuación, capacitación permanente de los operadores judiciales, simplificación de trámites, creación de juzgados especializados en violencia, estudio de las herramientas normativas vigentes – de fondo y de forma- para trabajar sobre violencia de género y que ellas estén al alcance de los operadores del sistema -ya que su aplicación hace al ejercicio responsable de la función-; desarrollo de un plan de asistencia integral que no responda sólo a la emergencia y que articule con otras instituciones; aseguramiento y agilización del proceso; sensibilización de la población en general ; y la puesta en marcha de programas educativos destinados a niños y adolescentes para concientizarlos de lo que significa vivir en paz, en armonía y con respeto por el otro.
