ESCUCHARPor Moris Beracha (*)
La tendencia continúa. De a ratos se ralentiza, en otros se acelera. Pero todo parece indicar que, efectivamente y con mayor frecuencia, un importante número de gobiernos de este lado del mundo está tratando de poner un poco de orden en el competido y voluble mercado de los criptoactivos y criptomonedas.
De la noche a la mañana, en Latinoamérica y muy especialmente los países del Cono Sur, se observa un interesante al “criptouniverso”, lo que hace suponer que aquellas naciones que ya tenían incipientes o ningún tipo de regulaciones en materia de dinero digital tendrán que, literalmente, acelerar los procedimientos porque las monedas virtuales llegaron para quedarse.
Pero, ¿por dónde comenzar? Ésa es la pregunta que suponemos se harán los legisladores. Afortunadamente, algunos países europeos tienen alguna experiencia en la materia, que podría ser trasladada a América Latina aunque, por lo que se evidencia, nuestra región va mucho más avanzada en el tema. Es un territorio más joven, con profesionales inquietos y ávidos de conocer más acerca de cómo se mueve el mundo de los criptoactivos y las criptomonedas.
Así que la tarea que toca a los funcionarios responsables de redactar las diferentes leyes y reglamentos es cuesta arriba. Para ello, deberán ser profesionales con amplia experiencia y un destacado conocimiento acerca de lo que se va a reglamentar, ya que no es tarea fácil hacer leyes sobre un bien intangible.
Comencemos por Argentina. La legislación sobre la materia está prácticamente en pañales. No obstante, recientemente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) solicitó a los bancos y fintech que informen acerca de quiénes habían realizado operaciones con divisas virtuales durante el último año.
Específicamente, el ente emisor requirió a las entidades la entrega de un listado de sus clientes que “administran, gestionan, controlan y/o procesan movimientos de activos y/o pagos a través de plataformas de gestión electrónica, empleando criptoactivos”. De igual manera, solicitó información sobre quienes “presten servicios de resguardo o control de los criptoactivos; crearon granjas de minado y/o hayan implementado plataformas de inversión y/o financiamiento basadas en ellos”.
Eso no tiene otra lectura que no sea que el BCRA está preparando una legislación sobre los criptoactivos, en vistas de que ahora mismo es muy incipiente. La única mención que existe sobre la materia en las leyes data del año 2014: una resolución de la Unidad de Inteligencia Financiera solicitaba a aquellos que operen con criptoactivos que “extremen los cuidados sobre el origen de los fondos”. Pero, en fin, nada en concreto.
Sigamos con Uruguay. Aunque desde 2018 este país informó acerca de la constitución de una comisión de criptomonedas para analizar la posibilidad de establecer un marco regulatorio, no es sino hasta este año que, al parecer, se avanzará en el citado proyecto, por cuanto Uruguay ha ido creciendo en el ranking de naciones cuyos ciudadanos están invirtiendo en criptomonedas.
Mientras tanto, en Paraguay algunos parlamentarios están asomándose a la idea de comenzar a legislar sobre el tema, previendo que el país “podría beneficiarse del ecosistema de los activos digitales y de su mercado de dos billones de dólares, lo que serviría para mejorar el envío de remesas y la llegada de nuevas inversiones”.
Según el diputado Carlos Rejala, el producto interno bruto paraguayo podría incrementarse sustancialmente si se permite a las empresas relacionadas con el bitcoin -un criptoactivo-, y con las criptomonedas como Ethereum, invertir en esa nación. Al respecto, ha dicho: “Es importante empezar a hablar y, sobre todo, a hacer cosas que impulsen el sistema financiero con proyectos que enlacen gobiernos con innovaciones globales que beneficien a más personas”.
Brasil es el país con mayores probabilidades de tener un conjunto de leyes acordes con los tiempos que corren, ya que es el que posee más inversionistas en criptoactivos y criptomonedas en proporción con su población. Sin embargo, sólo se sabe que apenas cuenta con algunas normas y regulaciones que apuntan a regularizar los parámetros que se aplican al momento de invertir en esa suerte de activos intangibles.
Aunque en Chile actualmente no existe una normativa que regule la tenencia y operaciones con las divisas virtuales, ni para sus emisores o intermediarios, diversos organismos, entre ellos el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y las Superintendencias de Pensiones y la de Bancos y Otras Instituciones Financieras han enfatizado que, a falta de un marco regulatorio, todos cuantos operen con criptomonedas están obligados a cumplir con lo establecido en las normativas sobre prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, en la medida en que sea posible.
Perú es otro de esos casos en los cuales el gobierno no se ha mostrado lo suficientemente preocupado en desarrollar y aplicar normativas para quienes participan y lucran con esa actividad. No obstante, la Superintendencia de Bancos ha alertado al público acerca de los riesgos que tiene la inversión en activos de ese tipo.
Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú ha puntualizado en el hecho de que las criptomonedas carecen de la cualidad de moneda de curso legal; y que además no son respaldadas por entes emisores, lo que les imposibilita cumplir totalmente con las funciones que tiene el dinero como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor.
Como se habrá observado, la tarea de regular los criptoactivos y sus derivados en esta parte del mundo no es tarea fácil. Sin embargo, estamos seguros de que una vez más Latinoamérica asumirá las riendas y demostrará la madurez necesaria para encauzar el mercado de las monedas virtuales hacia niveles de mayor seguridad y transparencia en las transacciones.
(*) Emprendedor e ingeniero financiero
