La sanción de la ley se inscribió dentro del proceso de adecuación de la legislación interna a los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos suscriptos por el Estado argentino en la década de 90
Por Raquel Vivanco
El 1 de abril del 2009 se promulgó en la Argentina la ley 26485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales.
La sanción de la ley se inscribió dentro del proceso de adecuación de la legislación interna a los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos suscriptos por el Estado argentino en la década de 90. Fue sin dudas un gran avance basado en el reconocimiento al derecho a vivir una vida libre de violencia amparado en convenciones internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, son sus siglas en inglés) y la Convención de Belém do Pará, entre otras. El Estado argentino se comprometió a enfrentar la violencia por razones de género y asistir a sus víctimas, como así también a adoptar políticas orientadas a tales fines, siendo el actual Instituto Nacional de las Mujeres el órgano encargado de aplicar los preceptos de dicha ley.
Visibilizar la violencia machista
La puesta en vigencia de la ley nos permitió visibilizar los distintos tipos que cobra la violencia machista y las modalidades en las que suceden. Dicha ley define la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
De igual manera especifica los tipos que cobra la violencia machista: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, simbólica y las modalidades: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
La aprobación de esta ley significó un avance en la concepción y orientación para el abordaje integral y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país, ya que propone superar la vieja mirada asentada en el abordaje de la violencia contra las mujeres como familiar o doméstica, concepción que le quita relevancia a la desigualdad entre los géneros como causante de discriminación y violencia. A pesar de no haber incorporado una mirada contemplativa de las distintas maneras de autopercibirnos mujeres, la ley es la base sobre la que podemos exigir respeto, igualdad y dignidad para vivir una vida libre de violencias.
Falta de presupuesto
Sin embargo, a 10 años de su sanción observamos con preocupación que durante esta década la ley jamás tuvo presupuesto acorde a tamaña problemática que vivimos las mujeres y las personas auto percibidas como tales en nuestro país.
En 10 años el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo jamas representó ni siquiera un dígito del total del presupuesto nacional, representando para 2019 tan sólo $11 por mujer para llevar adelante las políticas que la misma prevé.
A 10 años, sigue sin garantizarse el patrocinio jurídico gratuito y especializado a las mujeres en situación de violencia a lo largo y ancho de Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los últimos cinco años se registraron 576.360 casos de violencia en el país, pero ante esta grave realidad el Instituto anunció que pondrán a disposición de dicha tarea a tan sólo 13 abogados que recibirán la demanda en apenas 13 provincias del país (un abogado por provincia). Anuncio que, por supuesto, resulta más que insuficiente para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y personas auto percibidas como tales.
Los femicidios como expresión más extrema de la violencia machista se cobran la vida de una de nosotras por día. Durante los primeros tres meses del 2019 relevamos, a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, 85 femicidios, un femicidio cada 23 horas durante el mes de marzo.
A partir de esto, desde el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” lanzamos la Campaña #10AñosLey26485 para contribuir a sensibilizar a la sociedad, visibilizando los derechos de las mujeres, jóvenes y niñas con la finalidad de abonar al cambio cultural necesario que nos permita el reconocimiento y goce pleno de nuestros derechos humanos. La misma cuenta con la participación de la ilustradora Ro Ferrer y será difundida durante todo el mes de abril.
Frente a la indiferencia estatal exigimos más presupuesto y políticas públicas que nos garanticen una vida libre de violencias.
(*) Referente Nacional Marea Feminista Popular y Disidente. Presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven