Si hay un capítulo legislativo que año tras año debería ser abordado dentro de un remanso de trabajo en el cual la discusión, el aporte y el consenso sienten sus cabales, esa instancia es la del tratamiento del Presupuesto.
Aunque desde hace mucho tiempo la “Ley de leyes” es tomada como una caricatura, su valor – contener el plan de gobierno de cada ejercicio- sigue vigente y es ésa y no otra la razón que nos indigna. De la simple lectura de la relación entre ingresos y egresos queda en claro que en lo “macro” el criterio de conformación presupuestaria está fallido, dado que se parte de que el modelo no sólo respira sino que goza de buena salud.
Pero aunque lo macro preocupa, la incertidumbre mayor está en el destino que podrá tener el billón 400 mil pesos estimado como monto total de ejecución, sin instancias claras de control, con la negación del oficialismo del papel que le corresponde a la oposición y vigente aún la Ley de Emergencia Económica, con lo cual cambiar el destino de las partidas es un simple garabato administrativo.
La estimación del presupuesto ha superado el billón de pesos, es enorme como consecuencia de la falta de aliento a la productividad, la pérdida de fuentes laborales y el quiebre de las economías regionales que obliga al Estado a disimular con subsidios las disparidades existentes.
Pero ese criterio -el de la asistencia- se practica bajo una enorme discrecionalidad, dado que la ayuda es a cambio de sostenimiento electoral en las grandes concentraciones urbanas y en los pequeños poblados del interior. No hay ayuda si no hay alineamiento. Nadie recibe nada si el respaldo no es visible. La Nación no ayuda a las provincias que no acompañan, tanto como las provincias no les dan una mano a los municipios que no se trepan al tren de las ambiciones provinciales.
Ya no importa si el presupuesto prevé un crecimiento de 2,8% de la economía (para éste se había estimado 6,2% y terminará en 0,5%); si el dólar oficial será de 9,45 pesos (calculaban 6,33 para este año y a tres meses de finalizar anda por los nueve pesos) o si la inflación rondará 15,6% (para el año que termina, dijeron 9,9 % y andamos por 30%). Lo que importa es que, números en mano, se hace política barata. La intención es perpetuarse y el manejo de los recursos con impunidad es un recurso demasiado fuerte como para que lo abandonen así nomás los que utilizan el poder para construir poder en provecho personal y no para corregir, cambiar, crecer y otorgar bienestar a las mayorías.
De todos modos, aunque no se nos escuche, seguiremos diciendo lo nuestro. En comisión y en el recinto vamos a seguir pidiendo el fin de los poderes especiales, organismos claros de control, respeto por la opinión de los opositores e imparcialidad. Voy a seguir demandando que coloquen en las planillas anexas más partidas para los tramos de la ruta 7 que atraviesan la provincia y que se tome en serio la ejecución de las rutas a San Francisco y Río Cuarto. Voy a insistir en que de los 50 proyectos de mejoras de rutas nacionales que están proyectadas en Córdoba, 44 tienen cifras testimoniales y sólo seis podrán licitarse.
*Diputada nacional por Córdoba por el Frente Cívico
