ESCUCHARPor Víctor Moncada (*)
El pasado 10 de diciembre se inició un terrible ataque para lograr la concentración del poder económico. En las crisis, el capital no desaparece, cambia de manos, y el objetivo de los grandes grupos es lograr la máxima concentración posible, para lo cual tienen que tirar abajo todo el andamiaje jurídico -el cual garantiza nuestros derechos-, y va en ello desde la Constitución Nacional hasta la Ley de Defensa del Consumidor.
Este nuevo gobierno viene imbuido en la idea de destruir todo lo que Argentina construyó en el Siglo XX y consolidó a partir de la restauración de la democracia.
Su principio está basado en el objetivo de destruir todo tipo de empresa nacida y desarrollada a la luz del capital nacional. Un grupo de ellas son las productoras de biocombustibles.
El proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que se esta tratando en la Comisión de Plenarios de la Cámara de Diputados, lleva por objetivo destruir todo lo nacional; ello está contenido en la ley en sí misma. Podemos decir sin bandería alguna que el contenido real de fondo propone llevarnos a ser colonia, no un país soberano.
La realidad es esta:
A los ojos de los capitales petroleros, las productoras de biocombustibles son sólo pequeñas empresas, y dentro del mercado, hoy el corte les favorece a las petroleras, ya que lo que no colocan en el mercado local lo exportan; incluso, si duplicaran las producción, no tendrían problema de colocarlo en el mercado internacional.
Como primera conclusión, podríamos decir que las productoras de biocombustibles son una importante sociedad estratégica para las productoras de hidrocarburos, pero dentro del capitalismo deshumanizado propuesto por el Gobierno, no. Digo esto, ya que vienen a quedarse con una parte importante del negocio, con una clara posibilidad de crecimiento, y estos les molesta a los monopolios internacionales que vienen por todas nuestras riquezas.
Si el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, no se hubiera puesto a la cabeza de la lucha de los productoras de biocombustibles (lucha a la que se suman los esfuerzos de Santa, Fe, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán y Buenos Aires), ya estarían disfrutando de la legislación que los llevaría a quedarse con toda la producción del biocombustible. El problema de fondo no está en los porcentajes de corte del bioetanol o el biodiésel; el problema para las petroleras y la política del Estado ausente propuesta por el Gobierno nacional es el principio del Estado presente para garantizar el capital nacional, sostenido por los gobernadores.
La legislación propuesta por el Ejecutivo nacional descalza las inversiones realizadas en este tipo de combustible amigable con el medio ambiente, y luego las petroleras vendrían por las empresas productoras de bioetanol, adquiriéndolas a precio de remate.
Es decir, la conclusión sería el manejo de todos los combustibles líquidos en manos de un par de empresas internacionales, con manejos que van desde condicionar a los productores de los insumos, forzándolos a vender a precios impuestos, bajo la amenaza de traer los insumos del extranjero o, en su caso, el producto terminado en terceros países.
La producción de biocombustibles es una industria nacida al amparo del esfuerzo del trabajo del empresario pyme local, y ese esfuerzo se tradujo en desarrollo regional, con sus puestos de trabajo directos e indirectos. Este esfuerzo es el que están protegiendo las provincias, más allá del nombre de los empresarios. Somos un país en crisis, con importantes sectores en condiciones de mejorar el bienestar (la producción de bioetanol y biodiésel es uno de ellos). Otro principio que debemos tener presente es no tirar por la borda decenios de años de trabajo de nuestros empresarios, y fijarnos en el resto del mundo, donde todos los Estados protegen los sectores que son base de su desarrollo; el biocombustible para Argentina es uno de sus pilares y lo será el de las generaciones venideras en cuanto a su necesidad de tener combustibles amigables con el medio ambiente.
Aquí se da otra situación: la necesidad del Estado presente para garantizar la soberanía nacional, que no solo está integrada por las fronteras físicas sino por todo el ser nacional, entendido en este concepto el empleado que controla la entrada a la fábrica, el que siembra, el que repara máquinas, el que repara o crea software, junto el capital en manos de empresarios nacionales y que reinvierten en nuestro suelo, en nuestras fábricas.
He atravesado la historia de las crisis argentinas y participado activamente en cada una de ellas, defendiendo los intereses de la producción e inversión nacional. Nunca he visto tamaña intención de destruir lo que hemos conseguido con sudor, lágrimas y mucha sangre.
Nuestra legislación indudablemente tiene defectos y carencias, nuestras fábricas indudablemente tienen mucho por aprender, igual que nuestros profesionales. Pero son nuestros, no tiene derecho ningún gobierno a despedazarlos, y más aún a presionar con base en el principio “o lo mío o el caos”; miles de personas dejaron la vida para llegar al Estado de Derecho, y hoy estamos frente a la amenaza de que, si no hacemos la obediencia debida, las plagas caerán ante todos los argentinos.
No debemos pasar por alto el destrato que están sufriendo los legisladores que pretenden hacerse oír en el debate, son el nuevo sistema de violencia basado en el poder de accionar mute y dejarlos sin voz. Pretenden que un milenio de artículos que golpean todo un sistema jurídico, creado en ciento de años de experiencia y por miles de mentes brillantes que atravesaron nuestros claustros, sea discutido en sólo minutos. Realmente no es democracia; ojalá nuestros dirigentes tengan la paciencia para luchar en la banca y mantener viva nuestra Argentina, cambiando las leyes que deban cambiar, siempre protegiendo el capital y trabajo nacional dentro de nuestra Carta Magna y leyes que en su consecuencia se dictaron.
(*) Abogado. Presidente de la Fundación Consumo y Ambiente y de Cooperativa Churqui Cañada, socia fundadora de la Cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina
