ESCUCHARLuego de casi cuatro años con muy escasos aciertos y múltiples desaciertos, el equipo económico federal prefiere que el análisis previo a las elecciones y, en general, la respectiva campaña, hagan centro en otros aspectos menos conflictivos
Por Salvador Treber
El proyecto de Presupuesto para el año en curso se elaboró con base en una presunta inflación para el ejercicio 2019 de 23%; lo cual no coincidió con la realidad, pues en los primeros meses requirió sendas correcciones, obviamente alcistas.
No se trata de un presupuesto más, en primer lugar porque los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) impusieron una versión que elimina totalmente el déficit, al par que prevé un fuerte recorte del gasto, incluyendo en ello a los relativos a salud y educación.
Cabe recordar que la aprobación se logró con el aporte de los votos de una serie de legisladores que militan en la oposición a instancias de los respectivos gobernadores, con la mira puesta en recibir aportes adicionales de la Nación para encarar sus respectivas campañas electorales y, por tanto, no vacilaron en influir sobre las decisiones de sus diputados; pese a que ello agravó la de por sí muy problemática situación en el ámbito nacional. Tales acciones abrieron una “grieta” entre los gobernadores que militan en el campo opositor aunque no todos actuaron de esa manera.
Las provincias que se avinieron fueron diez -Córdoba, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Neuquen, Salta San Juan y Santiago del Estero-, que proporcionaron alrededor de 30 votos adicionales en la Cámara de Diputados; con los que aseguraron la aprobación en los términos deseados del antes referido proyecto.
Dicho acuerdo no implicó el compromiso de un voto a “libro cerrado” y se autorizó expresamente a tales legisladores a proponer las reformas que juzguen indispensables. De todas maneras, dicha gestión se tornó bastante conflictiva pues los “nuevos votantes” reclamaron ciertas modificaciones que no fueron totalmente del agrado de los legisladores oficialistas.
En efecto, las pautas macroeconómicas para el año en curso, también inicialmente, se previó sería nulo mientras la cotización del dólar se ubicaría entre $40 y $ 42; pero todos estos parámetros junto con el índice anual de inflación de 23%, se mantuvieron muy poco tiempo ya que todos, sin excepción, debieron ser sometidos a múltiples correcciones. El hecho de que en enero este último indicador ascendiera 2,9% y en febrero fuera superado, impulsó a que los analistas privados hicieran conocer sus evaluaciones que, hasta ese momento, muy prudentemente, habían optado por no publicar ante las notorias disidencias que mantenían con el oficialismo para evitar, mientras fuera posible, que se creara un clima más alarmante.
No obstante, ante la cruda realidad que hizo conocer oficialmente el Indec, ese virtual pacto de silencio dejó de tener sentido y optaron por revisar la actitud referida precedentemente, comunicándoles formalmente a los especialistas que habitualmente hacen conocer sus predicciones, que quedaban en libertad de acción. La información antes retenida adoptó -según quién las exhibía- cifras sensiblemente variables que cada uno fundaba de diversa manera. Por supuesto, nadie respaldó las de fuente oficial y, en materia de índice anual de inflación, las diversas estimaciones anticipadas oscilaron entre una mínima de 29% y una máxima que llegó a nada menos que 37,6%; dejando todos los referidos analistas constancia que “más adelante” podrían verse obligados a corregir estos valores, siempre en más.
Las reservas y preocupaciones en los ámbitos oficiales
En las ellas anunciaron que habían elevado al Senado de la Nación las posteriores elaboraciones correctivas que luego serían publicadas por el Indec. De la misma forma enviaron un prolijo detalle de las modificaciones pretendidas y las respectivas reglamentaciones; las cuales se están programando introducir durante lo que resta del ejercicio 2019. Un anuncio importante pero que deberá ser ratificado o anulado por las nuevas autoridades que asumirán en diciembre, es el referido a la creación de nuevos tributos que recaigan sobre el patrimonio de las personas y empresas, actualmente sometidos a una prohibición que se proyecta suspender por el bienio 2020/21 para que los nuevos funcionarios “tengan las manos libres” en tal aspecto.
Otra “novedad” es que desde el comienzo del año próximo, dentro de las jurisdicciones de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, deberán asumir la responsabilidad de mantener la tarifa social en el servicio agua y desagües cloacales. De igual forma, se ha establecido para los que actualmente administran y prestan Edenor, Edesur y AySA.
Además, han ratificado que cada provincia y la Capital Federal gestionen la respectiva tarifa eléctrica diferencial subsidiada que beneficia a los usuarios residenciales y, además, deberán mantener sin variantes el vigente subsidio existente al transporte público de pasajeros.
Tal como se refirió, en el presente ejercicio se pretende lograr un cierre con déficit nulo, lo cual se ha convertido en el objetivo prioritario y que, a juzgar por lo que está aconteciendo, no aparece como fácil de alcanzar. Constituye una legítima novedad que se procure lograr equilibrio fiscal, entendiendo que actualmente ello constituye una condición indispensable para aspirar fundadamente a un futuro inmediato que tienda a un crecimiento con estabilidad.
No deben olvidarse las características que asumió nuestra evolución hasta el presente pues durante las últimas siete décadas se estima que el déficit fiscal siempre puso en serio riesgo las perspectivas de crecimiento autosostenido. Quizá tal riesgo se ha acrecentado actualmente por no haber elegido un orden de prioridades adecuado a la emergencia.
Dado que las fuentes de crédito externo se cerraron, el financiamiento del crecimiento se hizo muy problemático pues sólo se cuenta con las fuentes internas. Ante los requerimientos, la estrategia oficial al respecto, también sin excepciones, impuso la extrema carencia de recursos líquidos y disponibles. Debido a ello, la anunciada disminución de la presión tributaria se tornó imposible de cumplimentar y el paralelo recorte del gasto introducido en procura de alcanzar un firme equilibrio presupuestario sólo se pudo alcanzar a través de medidas, calificadas como estratégicas y prioritarias.
La visión de los especialistas neutrales
En general, éstos vienen siendo muy críticos pues no ven como acertado postergar el objetivo del crecimiento para empeñarse en la búsqueda prioritaria del déficit cero. Por de pronto, los mayores exportadores, con el “viento a favor” originado por las sucesivas devaluaciones, no han contribuido en nada a lograr la estabilidad pues sus mayores ganancias reconocen ese origen y prefieren no ingresarlas al país.
A su vez, el significativo recorte del gasto ha causado una sensible baja en la remuneración de los docentes y de todos los trabajadores del área médica, en especial los que laboran en el sector público. Es que al concebirse el presupuesto que actualmente está en ejecución sólo se previó mantener los reajustes respecto al nivel de las jubilaciones, pensiones y demás objetivos de mayor interés social.
El personal afectado a las restantes prestaciones ha sufrido notorias postergaciones al igual que virtualmente todo los que trabajan en áreas privadas. Ello, obviamente, repercute en muy fuerte medida a desalentar el nivel de consumo.
Seguramente los funcionarios supusieron que el mercado internacional sería receptivo y, en tal sentido, lo que realmente sucedió fue que escaseó mucho el crédito a un costo razonable y tal circunstancia se transformó en un decisivo factor en contra. Los intentos de mayor apertura, sumados a la no existencia de ingresos de fondos derivados de las exportaciones, lejos de impulsar tales operaciones, generaron serias restricciones que han hecho mucho más difícil de superar la recesión vigente.
Ésta se inició durante el ejercicio precedente (-2,6%) y se estima que, al no haberse logrado una recuperación integral, se extenderá aunque con menos rigor al que está en curso (-1,7%). Los ajustes se vienen haciendo sin pausa y en las familias, incluso las que no sufrieron reducciones en sus ingresos, ha cundido una alarma que se considera harto justificada.
La suposición oficial de que habría una importante mejora en las condiciones del mercado internacional y que ello permitiría a Argentina restaurar prontamente el nivel de actividad de años anteriores, resultó evidentemente errónea. Es más, no son pocos los observadores que desde ya anuncian que en el año 2020 no se logrará una recuperación de nivel aceptable. Esa aseveración, de por sí, promueve inquietud y confusión que hacen que todos lo proyectos se sigan postergando.
La poda ha sido muy fuerte en materia de inversiones dentro de las obras públicas de jurisdicción nacional que ascienden a más de US$400 mil millones; a lo cual hay que sumar alrededor de otros US$100 mil que corresponden a las jurisdicciones locales. De esa forma, han previsto reducir el gasto público consolidado al equivalente de 25% del producto; pero la mayor atención se ha posado en cuanto a los recursos consolidados de las tres jurisdicciones que aspiran que asciendan a un total anual equivalente a 43% del PBI; nunca antes logrado. Tales metas no son nada fáciles de alcanzar, menos aún en un año electoral como el presente.
Entre las demás precisiones, se subraya que han establecido y ejecutado no sólo el “recorte” global en materia de remuneraciones del sector público sino, además, se ha sustituido el destino para un monto equivalente a dichos gastos; con lo cual pretenden atender compromisos derivados de la deuda pública, especialmente externa, por un equivalente a US$18 mil millones (70%) en año en curso. A ese efecto se ha previsto recibir del FMI dos remesas, una de US$11,7 miles de millones y una posterior muy semejante de US$12 mil millones, además de otro tanto proveniente del sector financiero privado.
Al margen de ello, el programa financiero oficial prevé que se cubra, seguramente mediante renovaciones, un importe en Letes por nada menos que US$28,3 miles de millones, de los cuales más de la mitad corresponden a acreedores privados y US$9,5 miles de millones a vencimientos de capital. Por lo visto, a quienes les corresponda asumir el gobierno en diciembre les tocará lidiar con una situación muy pero muy comprometida.
