ESCUCHARPor Salvador Treber
De la comparación interanual surge el gran aumento, pese a la intención de eliminarlo expuesta por los funcionarios
La gestión correspondiente al pasado mes de mayo trepó insólitamente a $23.993,6 millones, cifra ésta que equivale a cuatro veces la del mismo mes del año 2015. Esta circunstancia, que constituye una dura realidad, contraría todo cuanto se venía anunciando, en especial las confesadas convicciones del titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, quien por lo que sugiere ha renunciado a cumplir sus anunciados objetivos iniciales. No sólo eso: debió reconocer que hasta fines de 2016 no habrá mejoras, que el incremento general de precios trepó a 42% y se abstuvo de explicar las causas por las cuales se agravó en medida insólita el déficit de dicho mes; es decir, en vez de progresar se ha retrocedido notoriamente.
El funcionario precitado optó por hacer pública esa realidad que desdice todos los anuncios oficiales previos sobre el tema y los lineamientos que pensaba seguir al respecto. No se debe olvidar que a muy pocos días de asumir, en diciembre de 2015, se eliminaron casi coincidentemente los derechos de exportación sobre las exportaciones agropecuarias (salvo el caso de la soja y sus derivados, que se redujeron en cinco por ciento), a la par que se recortaron muy severamente los subsidios, los cuales debían, en poco tiempo más, eliminarse integralmente.
Obviamente, estas fuertes “podas” de ingresos y gastos concurrieron a reducir en medida apreciable ambas áreas de gestión pero no se suponía un tan agudo aumento del déficit, que suele ser estigmatizado por los principales funcionarios del Gobierno nacional. Según las tardías explicaciones ensayadas, lo acaecido es por influencia directa de los incrementos otorgados sobre jubilaciones, asignaciones de tipo universales y el pago con retraso de certificados por ejecución de obras públicas que no se podían postergar más sin correr el riesgo de su paralización.
En cuanto al resultado primario (que no incluye partidas financieras), el desequilibrio también fue récord pues ascendió a $13.707,7 millones que, evaluado en su relación interanual, permitió verificar un muy preocupante aumento de 67,3%, sobre el cual el informante no hizo mayores comentarios e incluso tampoco lo evaluó, como se venía haciendo, sin intentar más análisis y circunscribirse a responsabilizar de ello a “la pesada herencia recibida”. En cambio, se reiteró la necesidad de revisar las evaluaciones precedentes y sumar a ese nuevo contexto los cambios operados para, con todos los elementos disponibles, extraer las respectivas conclusiones, incluso apelando a un esquema expresado en pesos de valor constante.
Es obvio que un recrudecimiento tan importante del desequilibrio presupuestario, pese a los fuertes recortes introducidos, ha creado un clima especial que procura obtener elementos ciertos para prever cómo evolucionará la coyuntura y cerrará el presente año. La eventual perspectiva de una estanflación puede ser en estas circunstancias considerada la peor alternativa posible, más aún si en el segundo semestre no se revierte la tendencia y comienza, aunque sea, una suave recuperación.
Los voceros oficiales inicialmente sostuvieron que se esperaba para la segunda mitad del año el comienzo de la recuperación, pero ese pronóstico luego se fue corriendo, primero a comienzos del último trimestre para posteriormente fijar sin demasiada exactitud ni fundamentos, más como un deseo, “el año próximo”.
Evaluación del acumulado
En los cinco primeros meses del presente año, el desequilibrio financiero ascendió a $75.634,5 millones, cifra que -respecto de lo sucedido en 2015- resulta 15% inferior, mientras que el resultado primario es levemente superior pues llega a $76.103,4 millones, lo cual pone de manifiesto una suba muy moderada, ya que es de apenas 5,2% que, a su vez, es consecuencia de los fuertes cortes antes mencionados. El comunicado oficial insiste en otorgar la máxima relevancia a los resultados que agreguen mediante el uso de precios constantes.
Bajo este esquema, es decir, excluyendo el efecto inflacionario, se puede determinar con toda seguridad que se ha generado una sensible reducción de $17.490,9 millones, lo cual responde a las acciones implementadas en ese lapso; es indispensable establecer la medida adecuada en que deberán seguir aplicándolas hasta llegar a un dimensión notoriamente más reducida que la que se logró a fines de mayo pasado y como se reitera muy enfáticamente en el comunicado oficial para dejar plena constancia de que ya se ha logrado trocar el ya mencionado déficit fiscal de 2015 por un pequeño superávit de $671,7 millones.
En las esferas oficiales predomina la convicción de que las empresas tratarán de no prescindir de personal experimentado mientras no se profundice la recesión pues son parte de su actual capacidad operativa y sólo se desprenderán sin vacilar de los novatos; pero este criterio puede modificarse si la recesión se extiende.
Ochenta por ciento de sus voceros ha sostenido tal criterio, que aparece ratificado por medio de una encuesta específica del Ministerio de Trabajo de la Nación que requirió su postura actual a 2.800 firmas localizadas en diez diversos centros urbanos. En primer lugar hubo virtual coincidencia en 85% de las respuestas en el sentido de que, por lo menos hasta fines de septiembre, no habrá variantes. En una minoría muy reducida, equivalente al 15% restante, 9,5% de ellas está pensando en nuevas incorporaciones y 5,5% dice tener urgencia en realizar despidos para equilibrar ingresos y egresos.
Pese a haber sido confeccionada por una empresa privada, mediante una consulta a 800 firmas, otra investigación llega a resultados bastante coincidentes pues cuatro quintas partes de ellas admitieron que hasta fines de septiembre se mantendrían a la expectativa y sin introducir ningún cambio apreciable en los respectivos planteles. La gran mayoría agregó, al margen de los puntos concretos de la encuesta, conceptos tales como: “En cuanto a la diferencia por rama, se destaca el comportamiento de la construcción que revirtió el signo negativo de las expectativas netas pero ello no se había extendido todavía a la propia actividad, lo cual los obligaba a aceptar los conceptos nada optimistas vertidos en los meses anteriores, en especial las respuestas realizadas a fines de abril ppdo.”.
Respecto del sector público, en el intermedio (conjunto de provincias) es donde revista la mayor cantidad de personal pues al 10 de diciembre pasado totalizaban 2.418,7 miles pero tampoco en esta emergencia se debía dejar que siga creciendo su número pues, si bien ha habido numerosos despidos (28.674), los nuevos ingresos superaron esa cifra (34.270). Algo muy semejante ha sucedido en la jurisdicción nacional, que contaba entonces con 476,8 miles que resultaron acrecidos en 6,4%. Correspondió en la emergencia a los municipios el mayor grado de estabilidad y también el más reducido crecimiento relativo (2,3%) para cubrir 579,2 miles de plazas, con lo cual se llega a un total general en las tres jurisdicciones de 3.474,7 miles.
La muy jaqueada área industrial
Mientras la actividad comercial, de transportes, comunicaciones, hotelería y restaurantes consiguieron mantener un nivel sin mayores variantes, incluso levemente superior, el área que sufrió el mayor impacto de la recesión fue la industrial, según lo revela la encuesta precitada, que permite advertir que “en la industria las expectativas netas relevadas presentaron un marcado signo negativo, profundizando así su tendencia a la baja”. Según la entidad de estudios especializada FIEL, en mayo, tras un cotejo interanual, se logró descubrir una caída de -3,6%, con lo cual se debe admitir que hubo en ese mes un notorio mayor retroceso que supera el del pasado abril, cuando había hecho cundir la alarma por haber llegado a -2,2%.
En función de ello agregan: “Las perspectivas de corto plazo que pudieran impulsar un cambio se han esfumado” pues la fase recesiva se prolonga sine die. La peor situación y menores expectativas inmediatas de reversión, según sus propios indicadores, son los que exhibe la actividad automotriz. Resulta ello muy evidente pues al cabo de los cinco primeros meses de este año tuvo una caída acumulada de 12,4%, en la cual ha gravitado muy fuertemente la situación que se vive en Brasil por haber cerrado virtualmente las importaciones provenientes de nuestro país.
Debe advertirse que esa tan intensa reducción se debe en especial a que casi una década antes se programó en conjunto un esquema de complementación en dicha especialidad que abarcó tanto unidades terminadas como piezas y repuestos. Ese esquema ya se prorrogó en tres oportunidades pero actualmente el precitado socio mayor no cumple en forma integral con lo pactado. Ello no puede considerarse consecuencia de la situación mundial pues sólo Brasil ha actuado de tal forma. Prueba de tal cosa es que en los cinco meses referidos el saldo que surgió del comercio exterior a escala mundial trajo para Argentina un pequeño saldo positivo de US$350 millones, que asume relevancia frente a uno negativo de US$769 millones en igual lapso de 2015.
La problemática de los recursos tributarios
Durante los primeros meses de gestión, el Banco Central dio órdenes a las entidades del sistema en el sentido de determinar con precisión la titularidad de los fondos de argentinos depositados fuera del país pero la vigencia del secreto bancario hizo virtualmente imposible cumplir tal planteo. En vista de ello, se envó al Congreso de una “ley ómnibus”, que abarca varios temas diversos con objetivos también variados, la cual acaba de ser promulgada. Las normas relativas a la atención del colectivo de jubilados y pensionados busca recuperar en alguna medida el mermado apoyo popular a expensas de utilizar reservas que cubren parcialmente obligaciones futuras con personas actualmente en actividad, lo que oscurece mucho el futuro de dicho régimen de seguridad social.
También se incluyó un “blanqueo” tributario que pretende allegar fondos frescos a la Tesorería General, para lo cual pretende captar a una elevada proporción de los US$360 mil millones que estiman conservan en el exterior titulares argentinos.
Lo sorprendente es que una serie de funcionarios que ocupa los puestos más elevados, sin reparo alguno, ha reconocido explícitamente que no están dispuestos a acogerse plenamente al régimen de dicha ley. Hasta hubo alguno que no vaciló en admitir que se mantendrá “en expectativa” para decidir qué hacer. Si éstas serán las actitudes de quienes integran el Gobierno nacional, queda muy en duda que los que no están en él sean más cumplidores que aquéllos. Y ello preanuncia un posible fiasco que agravará mucho las dificultades financieras actuales.
