En medio del crecimiento de ataques injustos a quienes han defendido y defienden derechos humanos básicos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y mientras determinados sectores políticos pretenden justificar el Terrorismo de Estado, lo dispuesto por el decreto 455, dictado por el Presidente el pasado día 7, aparece como un paso positivo.
Por la norma referida se cancela a Augusto Pinochet Ugarte y a sus herederos “el derecho a usar las insignias de la Orden de Mayo al Mérito Militar y la Orden de Mayo al Mérito, ambas en el grado de Gran Cruz, así como las insignias del Collar de la Orden del Libertador San Martín“.
Condecoraciones argentinas
La República Argentina, con el fin de reconocer en personalidades extranjeras genuinos valores y servicios al país, cuenta con dos tipos de condecoraciones: la Orden del Libertador San Martín y la Orden de Mayo (decretos-leyes 16628 y 16629, de 1957, respectivamente). En la reglamentación de ambas condecoraciones se establece que cada una de ellas y en sus categorías “será otorgada exclusivamente a los ciudadanos civiles y militares extranjeros que se hayan distinguido por sus servicios y obras personales y merezcan la gratitud de la Nación”.
Pinochet, la persona más condecorada
Lo paradójico respecto de lo antes referido resulta que, por los decretos 500/75, 2904/76 y 868/93, se otorgó al dictador Augusto Pinochet la “Orden de Mayo al Mérito Militar al Grado de Gran Cruz”, la “Orden del Libertador San Martín” y la “Orden de Mayo al Mérito”. Es decir, tres máximas condecoraciones que confiere el país entregadas a Pinochet, que lo transformaron en la persona extranjera más condecorada por Argentina en nuestra historia.
La primera condecoración fue concedida durante el gobierno de Isabel Perón, en 1975, y la segunda, por Jorge Rafael Videla, en 1976.
Por último, el entonces presidente Carlos Saúl Menem otorgó a Pinochet la condecoración de la “Orden de Mayo al Mérito, en grado de Gran Cruz”. El 12 de febrero de 1993, en la ceremonia de entrega de la distinción en Chile, el general argentino Balza, en nombre de Argentina dijo: “Usted, señor general Pinochet, puede estar orgulloso del ejército que comanda, de su ejemplar idoneidad profesional, gallardía, bizarría y caballerosidad, que todos los soldados de mi país sabemos y reconocemos”, (https://www.lanacion.com.ar/politica/el-trato-que-el-gobierno-le-otorga-a-pinochet-nid115368/).
Las inaceptables condecoraciones a Pinochet fueron criticadas por el ex presidente Raúl Alfonsín; hubo innumerables proyectos legislativos para peticionar que se retiraran las condecoraciones; sin embargo, ello no se había concretado hasta la fecha. Además, en ese aspecto, puedo referir que, desde un primer momento, también escribí para denunciar el accionar ilegal de condecorar a Pinochet, (La Voz del Interior, 6 de marzo de 1993) e insistí en el tema repetidas veces.
Reflexiones necesarias, aunque tardías e insuficientes
Más de 30 años pasaron desde la última condecoración para que se reflexionara, como lo hace el decreto 455 expresamente. La norma se la fundamenta estableciendo que, hace 50 años, Pinochet “interrumpió el orden constitucional de Chile y asumió de facto, posteriormente, la presidencia de la Nación durante más de 15 años”. Agrega que, “durante dicho período, suspendió las garantías propias del Estado de Derecho e implementó una política de persecución y violación de los derechos humanos y, a causa de ello, fueron asesinados numerosos opositores y militantes políticos”. También el decreto refiere que, Pinochet “ideó e impulsó, conjuntamente con otras dictaduras cívico militares del continente, el Plan Cóndor, por el cual se desarrolló un sistema de cooperación clandestina a fin de perseguir a militantes políticos opositores, fuera del territorio de sus países”. Concluye sosteniendo que, dado lo resuelto por el Consejo de la “Orden de Mayo” y el Consejo de la “Orden del Libertador San Martín”, “no resulta razonable que, quien asaltó el poder y ejecutó políticas que avasallaron la vida y degradaron la condición humana, pueda invocar la dignidad que las condecoraciones otorgadas suponen”.
Sin embargo, el decreto gravemente omite señalar que, además, Pinochet tuvo muchas actitudes provocativas e insultantes para con Argentina, en diversos temas, especialmente, en aspectos territoriales limítrofes y prestó apoyo esencial a Inglaterra, en contra de nuestro país, en ocasión de la guerra de Las Malvinas. Cabe recordar que, como lo refiere el periodista Luis Garasino, “autorizó que aviones Canberra de reconocimiento aerofotográfico y Hércules equipados para inteligencia electrónica, de la real fuerza aérea (RAF, por sus siglas en inglés) operasen desde Punta Arenas con insignias chilenas y tripulaciones británicas. Esos aviones realizaron un ‘barrido’ electrónico y fotográfico de las bases aéreas argentinas desde donde se lanzaban los ataques contra la flota británica” (“El respaldo de Pinochet a Londres durante la guerra de las Malvinas”, Clarín, 23 de octubre de 1998).
Las verdades negativas antes mencionadas en el accionar del distinguido Pinochet, ya habían ocurrido al tiempo del otorgamiento de la última condecoración, en el gobierno de Carlos Menem.
Condecoraciones que son joyas
Lo cierto es que Pinochet falleció en el año 2006, lo que vuelve abstracto pensar que pueda usar las condecoraciones y a sus herederos se les prohíbe el uso de las condecoraciones, lo que no podrían hacer porque no les corresponde. Sin embargo, no se exige su devolución y los herederos pueden comercializarlas, porque son verdaderas joyas de importante valor en sí mismas, ya que tienen gran precio por su manufactura artística y están hechas de oro, otros metales valiosos y llevan incrustadas diversas piedras preciosas.
Hasta hoy, ningún funcionario responsable ha sabido dar una explicación, fundada en las normas que crean y regulan las condecoraciones, que aclare cuál fue el tipo de servicio y obras personales del general Pinochet que se consideró que merecieran la gratitud de la Nación para haberlo hecho legalmente merecedor de las distinciones otorgadas por el país.
Indudablemente la medida del presidente Alberto Fernández es valiosa, aunque tardía e insuficiente, ya que no pide la restitución de las joyas. A su vez, debe responsabilizarse a quienes, actuando ilegalmente, entregaron las condecoraciones de altísimo valor económico y moral. Todo ello transforma su accionar en una verdadera malversación de caudales públicos que ofendieron a la Nación, respecto de lo cual habrá que activar una investigación y trabajar las sanciones administrativas, civiles (pago del valor de las condecoraciones), penales y morales, que pudieren corresponder.
(*) Abogado constitucionalista y periodista de opinión