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El presidente Javier Milei envió, para ser tratado en período de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, denominado comúnmente “ley ómnibus”, con 664 artículos y anexos, con más o menos 100 artículos más.
Este proyecto desató críticas profundas en la sociedad y motivó que el Comité Central Confederal de la CGT convocara a una huelga nacional de 12 horas a partir del mediodía del 24 de enero pasado y a una movilización general hacia el Congreso para expresar el desacuerdo con lo que se proponía.
La iniciativa se trató, en plenario, por las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
Luego del proyecto original, se rebajó de 664 artículos a 584 y el Gobierno eliminó todo el capítulo fiscal de la ley. Finalmente quedó, más o menos, la tercera parte de los artículos.
En la madrugada del 24 de enero se sacó el dictamen de mayoría, tras reunir un total de 55 firmas, de las cuales 34 fueron en “disidencia parcial”. Además, el primer dictamen de minoría fue de la Unión por la Patria, con 45 votos; el segundo, con tres votos, fue presentado por la Coaliición Cívica y el tercero contó con la firma de las diputadas Margarita Stolbizer y Mónica Fein.
Ricardo Daives, diputado de Santiago del Estero, solicitó el dictamen de mayoría por escrito a las 11 de la mañana y el secretario de la Comisión le manifestó que “no estaba”, (Diario El Argentino, 24 de enero pasado). Comenzó a manifestarse la evidencia de la actitud pérfida que se daba en el accionar de quienes manejaban el dictamen y lo habían hecho firmar de buena fe.
Actitudes pérfidas
Recordemos que la “perfidia” implica “deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe debida”. Resulta que, en una actitud propia de una verdadera defraudación y una falsedad ideológica, ha quedado evidenciado que el día 24 de enero pasado, en un departamento del barrio de La Recolecta, más de 15 horas después de firmado el dictamen, se le hicieron modificaciones, a espaldas de los diputados y las diputadas firmantes.
Diversos legisladores denunciaron que fueron sorprendidos en la buena fe, ya que suscribieron el dictamen acordando una redacción y luego apareció con otra.
Así, el diputado schiarettista Carlos Gutiérrez denunció en su cuenta X (exTwitter): “Cuando creíamos que en el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado” (@Dip_Gutierrez).
También el diputado cordobés Oscar Agost Carreño denunció la realización de una reunión en un departamento fuera del ámbito de la Cámara de Diputados, después de la firma del dictamen. Él “confirmó que Federico Sturzenegger encabezó una cumbre en un departamento de Recoleta para ‘retocar’ el dictamen de mayoría de la ley ómnibus. No quiso ser parte de la reunión en Recoleta. ‘Vi que estaba Sturzenegger’ y me fui”, reveló. (La Política On Line del 25 de enero).
Asimismo, el legislador Itaí Hagman de Unión por la Patria, en su cuenta X (exTwitter) sostuvo: “A último momento de hoy -cuando ya no podíamos intervenir para denunciarlo- anunciaron que volvían dos artículos que anteayer dijeron que se suprimirían del dictamen: el 179, que desfinancia por completo el Fondo de Integración Socio Urbana; el 196, que elimina el Fondo de Garantia de Sustentabilidad de Anses, para saciar a Techint, Pampa y Grupo Clarin. Ése es el nivel de turbio y mamarracho de lo que estamos viviendo”, (@ItaiHagman).
Por su parte, la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria, señaló algo similar a lo antes expresado por Hagman, (Diario Ámbito Financiero del pasado día 2).
A estos hechos cabe agregar lo que sostuvo el presidente del bloque Unión por la Patria, diputado Germán Martínez, al salir del cuarto intermedio hasta mañana martes 6, luego de que se aprobó en general, de manera ilegal, el proyecto de la “ley ómnibus”. El diputado sostuvo que hubo “cuestiones oscuras que pasaron durante el trámite de la Comisión y durante la propia sesión. Saben ustedes que, por ejemplo, los otros días se anunciaron que salían artículos del despacho, que hoy quedaron dentro. Que el Secretario Parlamentario, los otros días, leyó una cantidad de artículos que ahora es distinta a la que leyó hoy el miembro informante”. Siguió afirmando que “eso significa que, durante toda la sesión estuvimos dando el discurso y el debate, sin ningún tipo de referencia respecto al texto que querían tratar en particular. Nos cansamos de decirlo, nunca se dio un tratamiento parlamentario tan anómalo, lo que llevaron a la media sanción y tuvieron que pasar tres días a cuarto intermedio porque todavía tienen que negociar no el artículo 300, sino el artículo 1. Es una vergüenza el trámite parlamentario”, (ver en https://www.youtube.com/watch?v=vzn WZ2BDwgg).
A su vez, en función de lo expresado, quedaron sin sustento los otros dictámenes en minoría, ya que se cambió la base de la discusión sobre la que se dictaminó.
Todo lo desarrollado deja en claro que, en el tratamiento del proyecto, no hubo técnicamente ni legalmente dictamen.
Proyecto sin despacho
Lo referido demuestra la violación de lo que dispone el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación que determina, en lo pertinente: “Las comisiones se reúnen y dictaminan sus asuntos en dependencias de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (…)”; sin embargo, el dictamen de mayoría se terminó de redactar en un departamento de la Recolecta, lo que en sí mismo lo invalida.
Además, el artículo 147 del Reglamento dice: “Ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de comisión, a no mediar resolución adoptada por las dos terceras partes de los votos emitidos (…)”.
Todo ello deja en evidencia que no hubo dictamen válido alguno en la discusión del proyecto en general. Éste se aprobó con 144 votos a favor y 109 en contra, lo que suma 253 votos emitidos. Más, conforme a la normativa expresada se necesitaban 169 votos para aprobar en general un proyecto sin dictamen válido, ya que ello equivale a las dos terceras partes de los votos emitidos, y faltaron 25 votos para alcanzar dicha mayoría.
Por esta razones, la votación en general realizada ha sido inválida y el proyecto debería volver a las comisiones que lo trataron, para emitir el dictamen pertinente, con conocimiento, cabal y fehaciente de todo el contenido concreto del proyecto por parte de las diputadas y los diputados intervinientes. Ello hace a la necesaria y esencial transparencia republicana que se tiene que respetar. De lo contrario, el tratamiento en particular del proyecto que se pretende encarar será nulo, por faltar la aprobación debida en general.
(*) Abogado constitucionalista y ex-Juez Federal
