Por Claudia Zalazar *
Ante una pandemia, tenemos que pensar que cuantas más personas de una comunidad se vacunen habrá menos personas vulnerables y de ese modo se reducirán las probabilidades de que una persona infectada transmita el agente patógeno a otras. El término “inmunidad colectiva” se refiere a la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa, que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad.
Frente al covid-19, los científicos han logrado obtener vacunas en tiempo récord y avanzan investigaciones sobre tratamientos prometedores para detenerla. La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública -WFPHA- emitió el pasado 17 de diciembre la “Declaración sobre la inmunización contra la Covid-19 y el acceso equitativo a las vacunas”, en la cual destaca su preocupación por la posibilidad de que la distribución de las vacunas no se realice de manera equitativa, por lo cual hace un llamado a la colaboración global de gobiernos, organizaciones de salud y fabricantes en el objetivo de lograr una solución global a esta pandemia asegurando un acceso equitativo a vacunas efectivas y seguras en todos los países, sin importar su riqueza.
Asimismo, se ha pedido a las farmacéuticas que están detrás de las vacunas contra el covid-19 que compartan los derechos de ellas para lograr así una distribución equitativa a todo el mundo. En esta misma línea se pronunció la portavoz de de la organización Global Justice Now, Heidi Chow, quien señaló que todas las grandes empresas farmacéuticas e instituciones de investigación que están trabajando en una vacuna contra el covid-19 deben compartir la información, los conocimientos tecnológicos y la propiedad intelectual relativos a aquélla, para que se puedan producir suficientes dosis seguras y efectivas en todo el mundo.
Estas iniciativas de lograr una vacunación igualitaria ha instado a los gobiernos a que hagan “todo lo que esté a su alcance” para garantizar que las vacunas contra el coronavirus sean un “bien público mundial gratuito” para la población, distribuido equitativamente y basado en las necesidades de cada una de ellas.
Un primer paso, a juicio de las organizaciones, sería apoyar la propuesta que han hecho a comienzos de diciembre Sudáfrica e India al Consejo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de renunciar a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, ensayos y tratamientos contra la covid hasta que toda la población esté protegida. La OMC opera con base en el consenso. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, donde las empresas farmacéuticas ejercen influencia política, bloquearon esa propuesta. La industria argumenta que la protección de las patentes y los beneficios que éstas generan son un requisito para la innovación, que produce medicamentos que salvan vidas.
Por el contrario, sostenemos que éste no es un momento para obtener beneficios y que, por otra parte, resulta inconcebible que frente a la pandemia hemos visto a los gobiernos cerrar economías y limitar las libertades, sin embargo la propiedad intelectual se considera tan sacrosanta que resulta “intocable”.
En definitiva, compartimos los principios de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas (Aaspa), que reitera el llamado a que las vacunas y tratamientos se consideren un bien público y sus patentes sean liberadas, de modo que puedan ser fabricadas por las industrias de los países, particularmente aquellos de ingresos medios y bajos. En el mismo sentido ha formulado recientemente su declaración la Redbioética Unesco, que exhorta a todos los países de América Latina y el Caribe a que lideren los esfuerzos por suspender las patentes farmacéuticas, crear capacidades nacionales y defender la importancia de fortalecer el sector público productivo en términos de innovación.
En este sentido debemos entender que las vacunas en estas condiciones epidemiológicas constituyen un bien público que debe ser garantizado por todos los Estados, para lo cual debe liberarse su propiedad intelectual. Sobre todo, cuando las investigaciones para su logro han sido financiadas por distintas organizaciones mundiales, recogiendo décadas de inversión pública.
Por último, cabe resaltar que no corresponde frente a la crisis de una pandemia, la competencia de las farmacéuticas o grupos de investigación para obtener réditos de aquélla. Ello es así porque no se puede especular frente a una enfermedad que afecta a toda la población mundial.
* Presidente de la Sala de Derecho a la Salud, del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Blas Pascal. Camarista civil.
