María Fontemachi (Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y Familia)
En noviembre Córdoba será sede del segundo Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Allí se reunirán todos los operadores que de un modo u otro tienen vinculación con la problemática de los menores vulnerados en sus derechos.
En nuestra provincia el debate será, sin dudas, muy importante teniendo en cuenta que a cinco años de sancionada la ley 26061, que cambia la forma de resolver los problemas de la niñez, hay más dudas que certezas y muchas cosas por hacer.
María Fontemachi es presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y de la Familia y es una de las organizadores de este encuentro. De visita en nuestra ciudad, Comercio y Justicia se reunió con ella quien, además, es jueza Penal juvenil en Mendoza y especialista en violencia familiar.
-¿Qué opinión le merece la ley 26061?
– Yo creo que es una ley que se tiene que discutir en cada lugar. Cada realidad es diferente, por lo tanto creo que hay que respetar las autonomías. La 26061 implicó un cambio de paradigma que requiere -para su aplicación- de una buena preparación.
– ¿Pero la sanción de esta ley significó un paso adelante?
– En Argentina ya contábamos con anterioridad a esta ley con la Convención Nacional de los Derechos del Niño, que está desde el año 89 y es una ley que incluye todos los derechos de los chicos. Lo que hizo la ley 26061 fue tratar de armonizar y uniformar la cuestión legislativa, pero -repito- ya todos teníamos la Convención de los Niños. Lo que también hizo esta ley fue pasar lo que era competencia de la justicia al órgano administrativo. Sobre este punto creo que lo importante a tener en cuenta es que no se debe perder el control del órgano jurisdiccional porque estamos hablando, nada más ni nada menos, que de los derechos de los chicos. Es muy importante que cada órgano cumpla con su función: los programas de inclusión social, educativos, de salud, sabemos que son del Poder Ejecutivo; pero el Poder Judicial tiene que tener también un protagonismo. Si no existe una autoridad que controle estas situaciones, los chicos corren riesgo de quedar en una situación aún más vulnerable. Acá no hay una receta única, lo que tiene que haber es un consenso y una evaluación. Yo no soy partidaria de dar una sentencia definitiva, la importancia de la ley tiene que analizarse en cada provincia. Para aquéllas que no tenían Justicia de Menores, por ejemplo, esta norma trajo como correlato un órgano que se ocupe de la situación de los niños y eso es muy bueno.
– ¿Por qué hay posturas tan contrapuestas respecto de esta ley?
-Porque cada uno intenta imponer su idea en lugar de pensar en lo mejor para los niños. Aquí lo importante es no atarse a ninguna ideología ni a ningún paradigma. Tenemos que crecer en la discusión y no atarnos a viejos temas o a nuevos temas.
Desde las distintas ideologías y desde los distintos poderes todos queremos lo mejor, pero no podemos estar diciendo “yo tengo la razón”, tenemos que discutir y debatir. Debemos hacer una evaluación de lo que está pasando, reflexionar sobre la realidad de cada lugar y pensar cómo llevamos adelante estos cambios. Nosotros tenemos claro que lo importante es que podamos escucharnos y que los cambios surjan de un consenso que meritúe el interés superior y lo mejor para los niños. Por esa razón estamos organizando este Congreso.
– ¿Cuál es hoy la situación de la niñez?
– La situación es crítica, es crítica en todo sentido y de todos los niños. Tenemos chicos excluidos de la educación, chicos en la calle, chicos con una familia bien conformada, pero abandonados porque los padres están todo el día trabajando. Hay muchas situaciones también positivas, pero no es de eso de lo que nos estamos ocupando.
– ¿Qué es lo más difícil de resolver en materia de niñez? ¿La situación de los niños vulnerables, los niños en conflicto con la ley penal?
– Todo es difícil porque hoy los niños en situación de vulnerabilidad después terminan en la justicia Penal, tenemos que empezar a defender al niño desde la panza de la madre y hacerlo desde el Poder Ejecutivo, desde el poder administrador, desde las leyes y desde el Poder Judicial que debe garantizar que sus derechos se cumplan.
