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Antiguamente, los comerciantes que enviaban sus mercaderías vía marítima, asumían el compromiso de contribuir proporcionalmente con las pérdidas que otros comerciantes podían sufrir, al verse afectados por la decisión del capitán del barco de arrojar mercaderías al mar (echazón), ante el peligro de naufragio. Desde aquel entonces a nuestros días, el seguro ha utilizado diversas maneras y mecanismos como eficaces medidas de atenuar la posibilidad de pérdidas económicas como consecuencia de hechos fortuitos.
Por Eduardo Haro (foto) * – Exclusivo para Comercio y Justicia
Los seguros nacieron como seguros marítimos en Italia, se desarrollaron e impulsaron en España, adquirieron forma jurídica en Francia, en los Países Bajos y en Alemania, madurando en Inglaterra, especialmente en las ramas de incendio y vida, comenzando con el período de la empresa aseguradora.
En las Provincias Unidas del Río de La Plata, en el año 1812, una de las primeras medidas adoptadas por Manuel Belgrano, fue convocar a una junta de capitales nacionales y extranjeros para el desarrollo de una compañía de seguros marítimos. Es así que -con las firma de Chiclanas, Sarratéa y Paso, acompañados por Rivadavia- el 21 de octubre de ese año se instruyó al Triunvirato la creación de la citada compañía, siendo éste el motivo por el cual en esta fecha se conmemora el Día del Seguro en Argentina.
Es justo recordar que -antes de la Revolución de Mayo, en el mes de noviembre de 1796- también por iniciativa de Manuel Belgrano y Ventura Miguel Marcó del Pont, con la intención de proteger y fomentar el comercio y la producción, se constituyó la primera Compañía de Seguros en el Virreinato del Río de la Plata, cuya razón social fue “La Confianza”, con una duración prevista de cinco años, dejando de operar al cumplirse dicho período.
Siguiendo con del desarrollo del seguro en la Argentina, el 21 de Junio de 1937 se crea, mediante el decreto Nº 108295, la Superintendencia de Seguros de Nación, comenzado recién a operar el 4 de agosto de 1938.
A mediados de la década siguiente, en 1946, como fruto de la creciente intervención del Estado en la economía, surgió una política aseguradora estructurada con objetivos a largo plazo. Dicha política se materializo en la ley 12988 sentando las bases del mercado nacional de seguros y reaseguros. Su principal expresión fue la creación del Instituto Mixto Argentino de Reaseguros (IMAR), que funcionó de 1948 hasta 1952; en ese año el instituto es nacionalizado y convertido en el Instituto Nacional de Reaseguros (Inder). Este funcionó 40 años.
Producto de los vaivenes políticos y económicos en Argentina, en la década de 1980, a raíz de una profunda crisis desatada en el sector, el instituto comenzó a sufrir un incesante proceso de desfinanciamiento. En 1992, en el marco de políticas neoliberales y con estado en retirada sobre el control de la actividad económica, mediante el decreto de necesidad y urgencia Nº171/92 se ordena su liquidación.
En los últimos 25 años, se puede observar que hubo dos gobiernos a los que le interesó el seguro; dos visiones, dos objetivos distintos: uno en la década de 90 -que, como decía, determinó la liquidación del Inder, constituyendo hasta hoy un saldo pendiente de análisis y estudio las causas, motivos y actores que colaboraron y permitieron su final, quienes “afanosamente” se empeñaban a diario, haciéndonos creer las bondades de una economía basada sólo en el libre juego de la oferta y la demanda, con el consecuente costo, que como siempre, pagamos entre todos.
También en esa década, acompañado por un puñado de aseguradoras y bancos amigos del gobierno de turno, vio la luz el decreto 855/94, aún vigente, y que en lo único que contribuyó fue desvirtuar la función social del seguro y su potencial económico como factor de desarrollo. Sólo basta ver, por ejemplo, cómo algunos bancos “obligan” a sus clientes a tomar distintas coberturas ante la solicitud de un préstamo de cualquier naturaleza o la apertura de una cuanta. Otro gran abuso es lo que se hace con las cuentas sueldos, en las que -sin que el titular lo solicite- le imponen un seguro de sepelio, sin asesoramiento alguno y cuyo costo es hasta 200% más caro.
Al otro gobierno que le interesó el seguro es al actual: la descentralización de la Superintendecia de Seguros de la Nación, con la apertura de delegaciones en el interior del país, permitiendo mayor contacto con el asegurado; la creación y reformulación de la Oficina de Orientación al Asegurado, interactuando con las aseguradoras y las asociaciones de productores.
Desde lo económico, el cambio implementado en el régimen de reaseguros hace dos años, permitió ordenar y transparentar el sistema y al contrario de lo que se suponía, no sólo que no se quedó sin reaseguro el sistema sino que, además, posibilitó el desarrollo de más de 20 reaseguradoras que están operando.
Es importante insistir en la revisión a la última reforma implementada a la Ley de Riesgos del Trabajo, no sólo por lo que significo el nuevo régimen comisional para los productores de seguros, disminuyendo en más de un 50 % sus ingresos sino también que el sector de las pequeñas y medianas empresas continúan siendo las menos favorecidas por el sistema, ya que la litigiosidad no disminuyó y su costo aumentó; al mismo tiempo, ya están informando nuevos aumentos a partir del 1 de enero de 2014.
Otro tema a resolver es el régimen para los agentes institorios o bien su derogación definitiva. Finalmente la derogación del decreto 855/94. Esos dos últimos puntos, le harían muy bien a la salud del seguro en Argentina.
* Ex presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba (APAS) – Ex secretario de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (Fapasa)
