martes 19, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

La propiedad de una fortuna no es un derecho absoluto

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Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*)

El derecho a la propiedad privada de dinero y bienes no es un derecho absoluto. 

Sin embargo, hubo un tiempo en el que se avanzó negativamente en el concepto, llevándolo a extremos que lo superpusieron por sobre derechos humanos naturales fundamentales, que hacen a la dignidad humana; a punto tal, que en la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, de 1789, emitida por la Revolución Francesa, en el artículo 17, se sostuvo que dicho derecho es “sagrado”. Y como todo lo sagrado, poco a poco, se lo convirtió en un verdadero dios al cual rendirle culto. 

La “Declaración Universal de Derechos Humanos” (DUDH), de 1948, dejó en claro que el derecho a la propiedad no es sagrado pero que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, (art. 17). 

A su vez, la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, de 1969, estableció: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes”. Pero hizo presente, que “la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”, (art. 21), porque es un derecho humano relativo (ver art. 27).

Sin embargo, se nos fue educando en que la gran riqueza, por ende, la propiedad de mucho dinero y bienes que ello implica, es un objetivo básico para lograr el éxito en la vida. 

Se nos ha presentado al “rico” como un modelo exitoso meritorio de seguimiento y aceptación social, sin juicio crítico sobre el origen, la acumulación innecesaria de riqueza y la utilización del dinero sin límites ni escrúpulos. Además, la riqueza se la asocia con la posibilidad de hacer hasta lo prohibido, por supuesto, así como evadir impuestos en paraísos fiscales, aprovecharse de los más débiles y no comprometerse con las realidades y emergencias sociales. 

El Pato Donald y Los Simpson

Esta última concepción ha sido defendida y enseñada de diversas formas, algunas muy sutiles. 

Cabe recordar, por ejemplo, la famosa historieta del Pato Donald, de la compañía Walt Disney, que contaba la historia de uno de los personajes centrales. Tío Rico era un billonario. 

En la historieta esa circunstancia lo habilitaba a él, sin juicio crítico ni cargo de conciencia ni -tampoco- criterios de solidaridad, a hacer actos miserables a su sobrino el Pato Donald y a otros. Y se mostraba que el máximo disfrute merecido del Tío Rico lo tenía cuando podía tirarse de un trampolín a una caja fuerte que estaba llena de monedas. 

Esta historieta, desde comienzos del siglo XX, tuvo mucha influencia formativa en niños y niñas mediante revistas y dibujos animados. 

Todo lo que bien comentan Ariel Dorfman y Armand Mattelart en su trabajo “Para leer al Pato Donald”.

La lógica se prolongó hasta la actualidad en la misma dirección de inducir la mirada benévola y exitosa de ricos sin escrúpulos a partir también de dibujos animados de manera que parece inocente. Tal es el caso de la serie estadounidense “Los Simpson”. En ella, Montgomery Burns es un personaje siempre presente. Él es el hombre más rico y poderoso de Springfield y el propietario de la planta de energía nuclear donde trabaja Homero Simpson. 

Burns suele usar su poder y riquezas para hacer lo que le place, sin responsabilizarse de las consecuencias, aunque viole las medidas más elementales de seguridad de la planta de energía nuclear. Todos lo respetan por su dinero, no responde ante la ley y las autoridades miran para el otro lado.

Lewis, Vicentin y el aporte solidario

Así, en Argentina, por ejemplo, el empresario inglés Joseph Lewis, una de las más grandes fortunas inglesas en el exterior y dueño de tierras lindantes con el lago Escondido, en la provincia de Río Negro, ha sido intimado en reiteradas oportunidades por el Superior Tribunal de Justicia de esa jurisdicción para que proceda a la apertura de caminos preexistentes a la compra de la propiedad. 

Mas Lewis, aún hoy, no sólo no ha cumplido las órdenes judiciales sino que el propio ex presidente Mauricio Macri, a principios de 2017, lo defendió públicamente. Y no hubo, ni hay reacción social ni política al respecto. 

Ello, mientras se reacciona negativamente cuando otros sectores débiles reclaman un pedazo de tierra para tener una vivienda adecuada, lo que se garantiza en la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos, (ver art. 25 DUDH).

El dato básico del colonialismo mental que se ejerce, mediante la prensa hegemónica por los grandes poderes económicos, llega al punto de que los sometidos a sus intereses terminan pensando como ellos. Es el triunfo del amo que ha logrado que el esclavo piense, sienta y quiera como aquél.

Algo parecido a lo referido sucedió con el tema de la empresa Vicentin, respecto de la cual las víctimas, sin mayor análisis, salieron a defender la firma en contra de la posibilidad de que sea expropiada por la Nación y se autoproclamaban como “Todos somos Vicentín”, más allá de las irregularidades, muchas de ellas de naturaleza penal, llevadas adelante por la empresa. 

La realidad demostró que cuando el Gobierno nacional desistió de avanzar en el salvataje de la empresa, los que se oponían a ello dejaron de tener posibilidad de cobrar sus acreencias. Ahora no pueden hacerlo -ni los trabajadores recobrar los sueldos- y sufren muchas otras realidades no asumidas por la empresa y sus dueños.

Los ejemplos antes referidos son algunos de los hechos que marcan el colonialismo de los grandes intereses en nuestras reacciones sociales y políticas.

Lo mencionado corona ahora con motivo del proyecto de ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para Grandes Fortunas” (con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación), aporte que las grandes fortunas de más de 200 millones de pesos tienen que hacer, por única vez, para planes sanitarios y productivos, atento los efectos de la pandemia de covid-19. 

Aproximadamente 9.000 personas tendrán que aportar. Sin embargo, 115 diputados y diputadas que representan a 44.000.000 de argentinos se opusieron defendiendo los intereses de “las grandes fortunas”.

Superemos los colonialismos mentales. 


(*) Abogado constitucionalista, especialista en derecho de la información

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