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En Argentina 60% de los detenidos no tiene condena. Advierten que se piensa el encarcelamiento como adelanto de pena y que los juicios abreviados son una herramienta de extorsión para los privados de la libertad
El 59,50% de los presos argentinos no tiene condena. El número más importante se encuentra en la provincia de Buenos Aires y representa un poco más de la mitad de los presos preventivos de todo el país.
Por otro lado, 15 jurisdicciones poseen más condenados que procesados, siendo las provincias de Chubut, Río Negro, Entre Ríos, Neuquén y Tierra del Fuego las que presentan una relación entre 70% y 80% (aproximadamente) de presos condenados, frente a 20% y 30% de procesados. El resto de esas provincias, si bien tienen más condenados, posee un porcentaje alto de procesados.
Los datos fueron relevados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y publicado en el libro El estado de la prisión preventiva en la Argentina. Situación actual y propuestas de cambio, que fue presentado el viernes pasado en la ciudad de Buenos Aires.
Para realizar el informe -de más de 100 páginas- se hizo una evaluación sobre la situación de la Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Chubut.
De acuerdo con este estudio, la única que logró invertir los porcentajes de presos preventivos con relación a los condenados fue Chubut, con una ecuación de 80 a 20. Las otras tres jurisdicciones resolvieron las preventivas con fundamentos similares que el Inecip calificó como de carácter “sustancialista”.
Según el informe, a la hora de decidir la preventiva de un imputado los operadores judiciales.
se limitan a analizar los antecedentes penales del acusado, el monto de pena, la gravedad del delito y la posibilidad de ser declarado reincidente.
“Tan arraigada se encuentra la cultura del criterio sustancialista o encubierto que al entrevistar a los operadores judiciales sobre cuál era la prueba que se producía para resolver la prisión preventiva, la excarcelación o la sustitución de prisión, hicieron referencia a los antecedentes penales o (en el mejor de los casos) al informe elaborado para la determinación de la pena”, remarca el estudio.
Y agrega: “En las tres jurisdicciones hubo resoluciones en las que ni siquiera se hizo mención al peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Esto demuestra claramente que se sigue pensando al encarcelamiento como adelanto de pena”.
El informe destaca que en las cuatro jurisdicciones se presenta un denominador común. Al preguntarles a las personas privadas de la libertad, en esas jurisdicciones, si la prisión preventiva los condicionaba para firmar un juicio abreviado, todos respondieron afirmativamente pues les daría certeza de su situación procesal o por sentirse apremiados por la inseguridad dentro de las cárceles.
“El encierro procesal genera una afectación directa en las personas que condicionan su libertad de elección y su posibilidad de armar una defensa eficaz. En ese contexto, opera como un factor de extorsión en aquellos sistemas en los que se prevé un acuerdo de juicio abreviado amplio, en donde en la mayoría de los casos se termina acordando una pena que muchas veces es similar al tiempo que estuvo detenido bajo esa modalidad”, explica el Inecip.
La situación en Córdoba
En el caso de Córdoba, el informe destaca que realizó 35 entrevistas a detenidos, de los cuales 68,58% estaba en calidad de procesado mientras que el restante 31,42% estaba condenado. De estos últimos, sólo 18,18% estuvo en libertad hasta el momento de la condena.
Sesenta por ciento dijo haber sido visitado en la unidad por su defensor. El 68,57% manifestó no haber estado presente en la audiencia en la cual se decidió la privación de su libertad mientras que 68,57% también dijo que no se le leyó la resolución.
El 77,14% de los entrevistados aseguró que no se le explicaron los motivos de la resolución por la cual se los priva de la libertad.
El 82,85% aseguró no haber sido escuchado por el juez y 68,57% afirmó no haber tenido la posibilidad de buscar información para evitar la prisión preventiva. Por su parte, 40% dijo no haber podido apelar la resolución.
El 45,71% dijo no haber tenido tampoco la posibilidad de solicitar la excarcelación proponiendo alguna medida alternativa.
Al preguntarles si su condición de preso preventivo los influyó o los predispone para firmar un abreviado, 45% respondió afirmativamente.
