ESCUCHARPor Gerardo Juárez* – Exclusivo para Comercio y Justicia
La Organización Internacional de Empleadores (OIE), creada en 1920, ha sido reconocida como la única institución que representa, en el plano internacional, los intereses del empresariado en el ámbito de la política sociolaboral. Promueve y defiende los intereses de los empleadores en los foros internacionales y especialmente en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), propiciando el desarrollo empresarial y la creación de empleo.
La OIE dedicó el último año a reforzar la comunicación de la posición de los empleadores ante los otros miembros y los gobiernos. Esto resultó fructífero, con un número creciente de éstos que hoy en día respaldan la posición de los empleadores, sobre el mandato de los expertos.
Este debate reveló la existencia de una crisis real en el sistema de control de la OIT, que no será resuelta de inmediato. Sin embargo, está claro que la posición de los empleadores está siendo considerada una posición no sólo basada en principios sino también firmemente en hechos. Con el fin de encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazos se han sostenido charlas informales entre trabajadores y empleadores, respecto al correcto funcionamiento de la maquinaria de supervisión de la OIT.
Los debates sobre demografía y desarrollo sostenible dieron lugar a diferencias importantes de opinión mas no a conflictos mayores. Los empleadores presionaron para que las conclusiones apuntaran a la acción, el impacto y la relevancia global. El grupo recibió con agrado el sólido compromiso en la discusión que se propició entre todas las regiones, esperando con optimismo que todos puedan encontrar sus realidades nacionales o regionales reflejadas en los informes.
Fueron el tema de una discusión general el empleo y la protección social en el nuevo contexto demográfico caracterizado por la creciente población mundial, que espera sobrepasar 9 mil millones para el año 2050, el número de adultos mayores de 60 años triplicado y la elevación de la dependencia de la tercera edad. Sin embargo, los países y regiones también están en distintas etapas de transición demográfica. La discusión se enfocó principalmente en el empleo y las implicancias sociales de este cambio demográfico en la estructura de la población y emite recomendaciones políticas sobre cómo mitigar este impacto.
La mejor política
El Grupo de Empleadores insistió en que el empleo es la mejor protección social y, por lo tanto, las políticas económicas centradas en el empleo son por ello necesarias y deberían incluir, entre otras, un ambiente que propicie las empresas sostenibles, el desarrollo de capacidades y el espíritu empresarial. Asimismo, se recomendaron políticas de migración laboral bien administradas, que tomen en cuenta las necesidades del mercado laboral; en especial, que consideren que es preciso canalizar las capacidades incompatibles y referirse a la necesidad de promover las posibilidades de empleo y la productividad, así como evitar la obsolescencia de las capacidades. De mayor relevancia, sostiene que, en varios países, el envejecimiento está encabezando el incremento en los costes de pensión y que existe una necesidad por asegurar la sustentabilidad financiera, física y económica de los sistemas jubilatorios.
Asimismo, se hizo referencia a la necesidad de una transición gradual y flexible de la activa vida de trabajo a la jubilación mediante medidas tales como una jubilación en fases, trabajo de media jornada y trabajo compartido, incluso cuando el Grupo de Empleadores no logre un nuevo enfoque en materia de pago basado en antigüedad. Sin embargo, sin cuestionar el enfoque acordado para enfrentar los desafíos demográficos, a los empleadores se les reconoció la flexibilidad necesaria (en marcos laborales) para que las empresas sean competitivas e innovadoras.
Por ello los empleadores sostienen que la participación de la OIE debería ser una precondición, ya que tienen un estatus constitucional dentro de la estructura tripartita inherente de la OIT y está legitimada a canalizar el interés general del sector privado.
Reconocen que pueden haber surgido distorsiones iniciales en la distribución de la riqueza, insistiendo en que es esencial considerar una perspectiva a mediano y largo plazos, conservando en mente que ya está emergiendo el crecimiento de la clase media en varios países en desarrollo y que sin duda alguna continuará si se asegura un ambiente propicio. Todo esto nace ante la economía global que se mantiene en un estado frágil. La comunidad empresarial está profundamente preocupada por no haber vuelto a los niveles más altos y sostenibles de crecimiento, de que algunas economías están recayendo en la recesión y que el nivel de empleo está por debajo de su potencial. Los recursos públicos son cada vez más escasos en muchos países, mientras que las políticas fiscales y monetarias están llegando al punto del agotamiento. El desempleo juvenil en muchos países ha alcanzado niveles de crisis.
Los esfuerzos para mejorar el marco de las condiciones hacia mercados abiertos y competitivos deben estar en el centro de las políticas, al igual que la coordinación para impulsar el crecimiento, fundamento esencial para la creación del empleo sostenible. El retorno a aquél, duradero, y la creación de éste recae evidentemente en el sector privado. Simplemente porque no existe un sustituto para un sector privado seguro y saludable que genere inversión e innovación en el fomento del crecimiento que apuntala la estabilidad y el progreso de nuestras sociedades.
Este crecimiento, sin embargo, no se logrará sin marcos normativos propicios, mano de obra calificada y móvil, buena gobernanza y políticas de confianza para que las empresas inviertan y creen nuevos puestos de trabajo.
*Presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial de Córdoba
