ESCUCHARPor Javier H. Giletta *
El título de esta columna contiene una exageración, porque en rigor lo que el Congreso de la Nación atraviesa en la actualidad es una situación de semiparálisis; es decir, de insuficiente actividad o de escasa productividad en materia legislativa.
Los números grafican esta realidad. En el año 2022 se sancionaron apenas 36 leyes nacionales, un resultado magro si lo comparamos con los 186 proyectos aprobados en el complejo año 2002 o los 197 que resultaron sancionados en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La fuerte polarización y la falta de acuerdos entre los distintos bloques parlamentarios está dificultando el normal funcionamiento de ambas cámaras.
Así, enmarcado en un clima de creciente tensión entre oficialismo y oposición, Diputados sesionó solamente 15 veces durante el último año (incluyendo la Asamblea Legislativa del 1 de marzo y la reunión informativa del jefe de Gabinete Juan Manzur). El promedio es pésimo, a razón de una sesión cada 24 días, prácticamente una al mes.
Especiales
Un dato más: todas fueron sesiones especiales, con un temario acordado previamente entre las autoridades de los distintos bloques. De lo contrario, fue imposible sesionar y la Cámara Baja dista de tener un funcionamiento ideal. La situación en el Senado es muy similar.
El cuadro se torna más dramático si se tiene en cuenta que los años pares (o sea, los años no electorales) suelen estar signados por una actividad legislativa más intensa. En este aspecto, 2022 fue la excepción y las perspectivas para 2023 no son muy alentadoras.
Los años impares -en especial, aquellos en los que se eligen presidente y gobernadores- están centrados en la campaña electoral y los legisladores pasan más tiempo en sus provincias, involucrados en cuestiones proselitistas, olvidando (o postergando) su función esencial que es la de legislar.
Es como si todas las energías se volcaran a la lucha por el poder, para acceder o llegar al poder. Luego, acabada esa lucha, ya con el objetivo cumplido, estando en ejercicio del poder las energías se tornan raquíticas. Y las ideas también.
Otro dato ilustra esta cuestión. A principios del año pasado, el presidente Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias para tratar más de una docena de proyectos, pero ninguno llegó a ser debatido en el recinto, porque no se concretó ninguna sesión extraordinaria y el período se consumió, con muchísima pena y huérfana de toda gloria.
Aquel fracaso político del Gobierno marcó el clima reinante en el Parlamento argentino el resto de 2022. Ese mismo fracaso podría llegar a repetirse este año. El oficialismo se empecina en repetir errores y no aprende la lección. Lo que no se logró hacer durante las sesiones ordinarias de un año, mal puede concretarse en el acotado período de las extraordinarias.
Sin dudas, la decisión de sumar al pedido de juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema, los proyectos para ampliar de cinco a 15 el número de sus integrantes y reformar el Consejo de la Magistratura le cargó más combustible al fuego de la polarización. La grieta mantiene al Parlamento en estado vegetativo.
Desde el principal interbloque de la oposición ya anticiparon que no participarán del debate de ninguna ley mientras el Ejecutivo continúe con su “ataque al Poder Judicial”. Una vez más se confunden roles y funciones. “No vamos a sentarnos a debatir con quienes quieren llevarse puesta la Corte Suprema”, aseveró Cristian Ritondo desde sus redes sociales, inmediatamente después de que la portavoz oficial Gabriela Cerruti detalló el contenido de los 27 proyectos de leyes enviados al Congreso desde la Casa Rosada.
De todos ellos, ¿cuántos podrían ser sancionados esta vez? El pronóstico es oscuro. “El Congreso va a estar trabado por un tiempo”, reconoció recientemente el diputado Juan Manuel López en una entrevista para “Futurock”. A confesión de parte …
Para el oficialismo, Juntos por el Cambio utiliza los proyectos de la agenda judicial como excusa para mantener cerrada la casa de las leyes. Sin embargo, esta agenda juega también un rol importante en la interna del Frente de Todos. Dado que ninguno de esos proyectos (incluido el pedido de juicio político) tiene chances reales de ser aprobado en Diputados, los actuales cuestionamientos al Judicial deben ser interpretados en clave electoral, como parte de una estrategia política. Si esa estrategia es la correcta y le brinda los resultados esperados al Gobierno, se develará en los próximos meses. Mientras tanto, las instituciones sufren las distintas embestidas.
Lamentablemente, todo parece indicar que la dinámica del trabajo parlamentario empeorará.
La grieta, que lo dificulta y perjudica al límite de dejarlo semiparalizado, no hará más que profundizarse a medida que vaya levantando temperatura la campaña, que inicia su cronograma el 12 de febrero con las primarias en La Pampa y continúa a partir de abril, con los comicios de Río Negro, Neuquén y las demás provincias, para concluir recién en octubre/noviembre con las dos vueltas presidenciales.
Serán diez meses atiborrados de conflictos y tensiones en los que se verá resentida aún más la actividad legislativa. Ya se sabe que en tiempos de elecciones, las leyes deben esperar.
(*) Abogado y comunicador social
