La necesidad de revisar el sistema penal

Por Luis Carranza Torres* y
Carlos Krauth**
Exclusivo para Comercio y Justicia

La reciente jura de Juan Manuel Delgado como fiscal General de la Provincia, en una ceremonia de asistencia remota, en la tradicional Sala de Audiencias del Tribunal Superior en el Palacio de Justicia I, abre una nueva etapa en el Ministerio Público de Córdoba.

No son pocos los desafíos y pendientes en la materia. 

Hoy por hoy, la delincuencia se halla más organizada que la Justicia. Más aggiornada a los nuevos tiempos, desde el vamos. Muy presta, también, para explotar en beneficio del ilícito los puntos débiles del sistema. Por ejemplo, la zona de barrio Observatorio tiene “prendida fuego” la calle que demarca la división entre dos distintas unidades judiciales. Ya que, dependiendo de una vereda u otra, empieza el juego del gran bonete entre quienes defienden furiosamente los límites de sus jurisdicciones para no hacer nada. 

No es raro que los canales de comunicación se vean no atendidos o se los atienda por personas que no tienen la capacitación del caso.

Este problema se replica lamentablemente en muchos puntos de nuestra Córdoba, en la que hay zonas marginalizadas donde la inseguridad llega a puntos extremos.

El intentar seguir modalidades acusatorias o, como se dice en los países anglosajones, “adversariales”, genera algunas inconsistencias en nuestro sistema de enjuiciamiento que debería ser revisado. En los sistemas acusatorios o adversariales el juicio pretende solucionar un conflicto entre los contendientes y no la realización de políticas fijadas por el Estado y, en consecuencia, el interés entre las partes prevalece por sobre el interés público estatal. Esto asegura la igualdad de partes o al menos tiende a equilibrarlas. Aquí, en cambio, los fiscales siguen las políticas diseñadas por el Estado, lo que los ubica en una posición de mayor poder. Por lo que, si intentamos seguir los diseños originados en los países anglosajones, deberíamos empezar por modificar la filosofía que justifica nuestra forma de enjuiciamiento. A partir de ello sí se pueden modificar nuestros arreglos procesales.

Por ejemplo, la estructura del attorney General y el concepto del law enforcement nos parecen útiles como referencia. Las fiscalías múltiples de un solo fiscal, con su sistema de distritos y turnos, vistas desde su inicio de actividad hace décadas, no han dado resultados de una mejor persecución penal. Vamos de parche en parche, con la creación de órganos especiales o la adopción de reglas de distribución interna bastante difusas, para tratar de apuntalar a un sistema que no ha demostrado elevar los niveles de eficiencia estatal respecto del anteriormente vigente. 

Necesitamos no fiscalías sino un sistema de fiscales, en mayor número que el actual, que trabajen en conjunto bajo directrices claras. Un actuar más flexible, dedicado y completo de los asuntos, sin tanto cargo intermedio estéril y sí muchos más recursos humanos en los aspectos técnicos de la investigación de los ilícitos. 

Sin ser una persona de nuestro conocimiento cercano, el nuevo fiscal general nos merece a priori una buena opinión. Tuvo críticas injustas respecto de su falta de antecedentes en materia penal, como si ello fuera excluyente al cargo. Pero también creemos que esa falta de actuación puede llevarlo fácilmente a convertirse en un rehén de las formas establecidas, cuando lo que se requiere es no pocos cambios en ellas. 

Como diría Javier Sicilia, activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano: “Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz”.

El 28 de marzo de 2011, Sicilia cobró notoriedad, al margen de su condición de escritor y poeta de renombre, al morir su hijo junto con otros seis jóvenes, asesinados por el crimen organizado en el estado de Morelos. Después de ello, bajo el lema «Estamos hasta la madre», ha encabezado distintas manifestaciones en el país, exigiendo un alto al clima de violencia de México. No es una realidad de la que estemos lejos. Más aún, algunos puntos de nuestro país -Rosario y algunas partes del conurbano bonaerense- pueden estar a las puertas de eso. 

Corremos el riesgo de terminar en la mera banalidad de las formas, sin dar ningún tipo de respuestas a los problemas de la gente, ya de por si descreídas del actual sistema de persecución penal.

No es ocioso recordar aquí la frase de Edmund Burke, dicha hace más de dos siglos: “Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”. No nos olvidemos de eso.  

 (*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas

(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales

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