ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
En otras columnas ya tratamos la crisis política en Nicaragua e hicimos alusión a cómo los ciudadanos decidieron salir a reclamar por sus derechos ante el denunciado avasallamiento por parte del gobierno presidido por Daniel Ortega. La oposición quiere llamar a elecciones para darle una salida democrática al asunto. El oficialismo califica el comportamiento de aquéllos de golpista.
Lo dramático es que las cosas empeoran. Tan grave es la situación que el mismo Ortega ha reportado una cifra oficial de 195 muertos, los que para la oposición podrían ser varios cientos más (se habla de más de 300). Respecto de lo que sucede en ese país centroamericano, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la situación en Nicaragua es “grave”, urgiendo a las autoridades a desmantelar “los aparatos represivos progubernamentales” que operan en ese país. Como dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrão: “La situación sigue crítica, la situación es bastante grave a la luz de la violación de los derechos humanos, (y) requiere una atención muy especial de parte de la comunidad internacional”.
Cualquier parecido con nuestra historia, o la historia de otras naciones del continente, no es mera casualidad. La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica fue firmado en noviembre de 1969. Hace casi medio siglo ya. Y, si bien ha permitido elevar los estándares de vigencia de determinados derechos básicos en Estados de Derecho, aun con democracias de baja intensidad, sus mecanismos de resguardo se han revelado inútiles para prevenir o hacer cesar violaciones sistemáticas de derechos humanos, del signo político que fuera, llevados a cabo tanto por el Estado como por organizaciones armadas no estatales.
También -como en otros casos, del pasado y del presente- la comunidad internacional no parece muy preocupada por lo que allí ocurre, lo que ha despertado la crítica de muchos de quienes reclaman un rol más activo de países con influencia en la región (España, por ejemplo) y del mismo Vaticano, al que la iglesia nicaragüense (que ha sido propuesta como garante del diálogo) ha solicitado su mediación para permitir que se lleve adelante negociaciones que den una salida institucional al conflicto y cese la violencia. En ambos casos, con una respuesta muy tibia.
La salida no parece fácil por la intransigencia de las partes, especialmente del gobierno presidido por Ortega quien el 19 de julio, durante la celebración del 39º aniversario de la revolución sandinista, acusó de golpistas a los obispos e intentó desacreditarlos para borrarlos como mediadores del diálogo, lo que generó más reacciones de personas no sólo católicas sino de todo credo y situación social, en una sociedad en la que la espiral de violencia parece imparable. Sobre todo, por ser fogoneado desde el mismo Estado.
Esperamos que las cosas se solucionen pacíficamente en Nicaragua y que nosotros seamos capaces de ver lo que ocurre y aprender de los “errores ajenos”. Sobre todo en momentos complicados, -pero a la luz de lo que sucede en otros lados no tanto-, en los que las voces violentas se escuchan cada vez más fuertemente.
La orfandad de mecanismos internacionales, regionales o comunitarios para encauzar, disminuir y brindar una salida racional a este tipo de crisis, deja su solución en las manos del voluntarismo de los dirigentes o, directamente, del resultado de la aplicación de la “ley del más fuerte”.
No cabe duda de que la mejor salida a los problemas de un país es respetar sus instituciones y de que cualquier reclamo que se haga debe hacerse en el marco de ellas. Tal vez una de las cosas que más fuertemente deberían unirnos como ciudadanos es el respeto por las instituciones y el reclamo porque el ejercicio del poder, de quien coyunturalmente lo ejerza, sea transparente y honesto. Pero cuando los mecanismos nacionales desbordan, la ausencia de otros en la comunidad de naciones, suele llevar lamentablemente a la violencia. Y de eso algo sabemos los argentinos. 31
Motivo de más para plantearnos la urgencia de empezar a pensar ese tipo de mecanismos anticrisis de derechos humanos. Los pueblos de américa necesitamos un resguardo más eficiente en sede internacional. O el Pacto de San José seguirá dependiendo, en su aplicación, del grado de autoritarismo o pluralidad del gobernante de turno.
* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas.
** Abogado, magister en Derecho y Argumentación Jurídica.
