ESCUCHARChristiane Taubir: su presencia puso una impronta en los asuntos legales franceses.
Christiane Taubira nació el segundo día de febrero de 1952 en la Guayana Francesa. Concretamente en Cayena, lugar célebre por su pimienta roja y que es asimismo la capital del departamento francés en que administrativamente se encuadra tal territorio.
Se educó en la Universidad de París II Panthéon-Assas, pero no como abogada sino… ¡economista! Es que, en más de un sentido, Christiane ha roto los moldes de casi todo. Por caso, llegar a ser ministra de Justicia sin tener un título en leyes.
En su libro Mes météores: Combats politiques au long cours cuenta que descubrió la política de muy pequeña en 1958, cuando André Malraux, entonces ministro del general De Gaulle, instó a los guyaneses a votar Sí en el referéndum para confirmar su asociación con Francia.
Desde siempre ha sido una presencia en la política francesa. Sus primeros cargos públicos en la Guyana estuvieron asociados a lo económico. Fue directora del “Conservatorio Nacional de Artes y Oficios” y luego directora ejecutiva del ente de cooperación agrícola Antillas-Guayana (Caricoop), cofundadora de la Confederación del Caribe de Cooperación Agrícola, la asistencia técnica para la pesca artesanal en Guyana (1985-1990) y del Oficina de Cooperación y Comercio Exterior.
En 1993 fundó en Guayana, junto a Roland Delannon, el partido político Walwari, de orientación izquierdista, el cual preside desde esa fecha. Es por medio de dicha fuerza que fue electa para la Asamblea Nacional y en el Parlamento Europeo.
Uno de sus mayores éxitos ha sido el reconocimiento de la trata de esclavos y la esclavitud como un crimen contra la humanidad.
Desde el 16 de mayo de 2012, ocupa el cargo de ministra de Justicia en el gobierno francés, en el número 13 de la Place Vendôme.
Taubira es el único miembro del gabinete de François Hollande de raíces africanas. Ello ha despertado en el arco político galo ciertas reacciones más propias de los tiempos coloniales que del siglo XXI. En octubre de 2013, una candidata del partido Frente Nacional, Anne-Sophie Leclere, la insultó comparándola en su cuenta de la red social Facebook con un mono, merced a un fotomontaje y en el que añadía: “Prefiero verla tras las ramas de un árbol que en el Gobierno”. Si bien tal comentario determinó que su propio partido la removiera de su candidatura, dejó también claro que el racismo está lejos de ser una materia superada en la sociedad francesa.
Ha recibido también, en cuando a su desempeño ministerial, críticas por sus intentos de reforma del Code Civil en aspectos relativos a la familia e integración del matrimonio.
Menos discutido y conocido, están los esfuerzos en materia de modernización de los procesos judiciales. La ley N° 2015-177 “de simplificación de la legislación y los procedimientos en materia de justicia e interior”, sancionada el 16 de febrero de 2015 y publicada en la Gaceta Oficial N° 0.040 al día siguiente, faculta al gobierno a regular por ordenanza las medidas de simplificación en materia de justicia y asuntos administrativos, con el objetivo de “facilitar la vida cotidiana de los franceses y sus relaciones con la administración”.
Además de ello, da mayores poderes a los jueces, sobre todo en cuestiones de familia, pero autoriza al Gobierno a establecer una serie de casos en que puede prescindirse de la intervención del “juez de tutela”, por caso en las cuestiones de patria potestad cuando uno de los padres ha fallecido pero el otro continúa en condiciones de poder ejercerla. Sólo en los actos que pudieran afectar de manera seria y sustancial el patrimonio del menor, debe intervenir y dar su permiso el juez y no en cualquier asunto como hasta el presente.
Otra de las modificaciones es que las medidas de protección de los adultos con limitaciones a su capacidad, posibles de ser dictadas por los jueces, pasan de cinco a diez años en su alcance temporal, simplificándose los procedimientos de la intervención parental en su resguardo.
Se adopta asimismo toda una serie de regulaciones a los efectos que los sordomudos puedan expresar de modo “auténtico” su voluntad en los instrumentos notariales, debiendo integrarse al acto un intérprete seleccionado en la lista nacional de expertos judiciales.
En materia procesal penal, se autoriza el uso de notificaciones por medios electrónicos para llevar a cabo avisos, citaciones o poner en conocimientos documentos dirigidos a un individuo por la autoridad judicial, a condición de que la persona haya dado su consentimiento por medio de una declaración expresa.
Otro de los puntos centrales de tal legislación es la que faculta al gobierno para reformar las normas de contratos y obligaciones conforme los criterios pacíficos de la doctrina y la jurisprudencia en el tiempo, buscando lograr una mayor inteligibilidad y previsibilidad de la ley, aumentar la previsibilidad de la ley y la seguridad jurídica.
Como puede verse, no son menores las cuestiones jurídicas implicadas. Y por demás amplia la asignación a la administración de facultades que pueden usarse muy bien o muy mal. Todo un desafío para el pulso político de Christiane Taubira, que ha demostrado ser una persona que no escapa de ellos, en lo absoluto.
