La ley de la jungla electrónica

Como es de dominio público, la fiesta electrónica Time Warp en los pabellones 2, 3, 5 y parte del 4 en el complejo de Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires terminó en la peor forma. Lo que debía ser diversión, por la codicia humana del que vende y la candidez del que compra algo que no debería ni venderse ni comprarse, concluyó en tragedia.

El luctuoso resultado de eso fue la vida de cinco jóvenes, el pasado viernes 15 de abril.
Como tan acertadamente lo expresó Santiago Kovadloff en un artículo en el diario La Nación:

“Lo ocurrido el viernes pasado es un escenario más de la impunidad con la que procede el narcotráfico y, a su vez, un testimonio trágico de la distancia abierta en las familias entre padres e hijos. De esta conjunción entre el delito y el desconocimiento, de la criminalidad y las crisis emocionales nace la posibilidad de que lugares como éste, en el que se produjeron estas muertes, se conviertan en evidencia de la crisis social que vive el país”.

También, en los días sucesivos, asistimos al acostumbrado desfile de expertos y recitado de hipocresías de todos los ángulos posibles. Parecería que toda discusión pública en la actualidad termina por lo general en tal modo: hablando barbaridades los que no saben o construyendo un relato de inocencia de parte de los sectores, público o privados, involucrados en el tema.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires habilitó el lugar y debe responder por la corrección o no de dicha medida. Por ser zona portuaria, la seguridad pública se halla en manos de la Prefectura Naval argentina. La empresa de seguridad privada Siseg deberá responder por lo que pasó dentro y, por su parte, la empresa Dell Producciones, como productora de la fiesta Time Warp, deberá responder por la obligación natural de seguridad que tiene un contrato de entretenimiento de tales características.

No es la primera vez que desde esta columna hablamos de lo que implica esta “sociedad del riesgo” en que vivimos.

Frente a los incesantes avances de la técnica y la mayor complejidad subsiguiente de la sociedad, se aprecia un claro declive de la capacidad estatal para dirigir racionalmente el funcionamiento global de la sociedad.

Paralelamente a ello, la sociedad parecería renunciar, tanto en lo individual como colectivamente, a las responsabilidades y prudencia que debe tenerse en el mundo que vivimos. Padres que se desligan de sus hijos o jóvenes que no asumen la edad que tienen le reclaman luego al Estado por hechos que, en gran parte, nacen de su propia imprudencia, inacción y falta de compromiso con uno mismo y con el otro.

Es un tema complejo y polémico, por lo que queremos ser claros. No demonizamos a nadie, pero tampoco esquivamos de asumir y tratar aspectos de la realidad porque puedan parecernos duros. Que haya más personas de las que debían estar o que se haya liberado una zona para el narcotráfico es responsabilidad de los entes públicos y privados que tuvieron a cargo el evento. Que alguien haya tomado “para probar” algo, sin conocer bien sus efectos y a sabiendas de que es riesgoso para la propia salud, es ya parte de la conducta privada.

La responsabilidad que cabe al Estado y al privado que organizó -para lucrar- ese evento no quita que cada uno, como padre, como amigo o como persona con un vicio peligroso, tenga que asumir lo que implican sus propios actos y, más aún, sus omisiones.

* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. **Abogado, magister en Derecho y Argumentación Jurídica

 

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