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Los temas que hacen a la actualización y transformación de los poderes judiciales (PPJJ) es una cuestión que en términos generales ha estado en la agenda política y pública de varios Estados en el último quinquenio, al menos. Sin duda que en los países proclives a esa búsqueda de reformas -a veces sólo el reformismo gatopardista recordado en la obra de Tomasi di Lampedusa- se ha instalado con más vigor -en los países latinoamericanos y del Caribe-. No así en Europa, sin perjuicio de actualizaciones más locales que en dichos lugares se puedan haber presentado.
En muchos de los países latinoamericanos y del Caribe todavía parece que debatimos cuestiones que en otros, que sin duda tienen más afiatados los roles del Poder Judicial dentro del Estado de derecho. Son capítulos que están consolidados. Las condiciones de un país en vías de desarrollo se reflejan en innumerable cantidad de variables, una de ellas -no menor- se relaciona con la «estabilidad dinámica» que un poder judicial debe tener.
En rigor y para decirlo en pocas líneas, lo verdaderamente cierto es que hoy la reforma auténtica que todo poder judicial debería hacer, es pensar la manera como se habrán de enfrentar los desafíos de cómo brindar un «servicio de administración de justicia» eficaz, eficiente y equitativo y un «servicio de justicia» con integridad y transparencia.
Lo primero se corresponde con el sistema-funcionamiento del Poder Judicial y lo segundo les pertenece a los individuos que habitan dicho sistema, esto es jueces, funcionarios y agentes.
Todo ello poniéndolo en los contornos del siglo XXI pospandémico que, como los cientistas sociales anuncian -y compartimos-, el mundo en general habrá de mostrar una transformación significativa en cuanto a las relaciones interpersonales, como también respecto a la organización de las relaciones administración-administrado en el ámbito gubernamental.
Por ello, los PPJJ que mejor visualicen dichas problemáticas a corto plazo podrán enfrentar el desafío de no ser una institución a mediano plazo probablemente obsoleta, con jueces quienes, aun con buen espíritu, ofrecerán una mala respuesta porque el problema no será propio de ellos sino estructural del modelo y, por sobre todas las cosas, materializando en ellas infinitos rostros de injusticia -para decirlo en palabras de Judith Shklar-.
No saber hacer juicios prospectivos en términos de enseñanza y aprendizaje para el futuro habla de las nuevas limitaciones que las instituciones pueden padecer. Los PPJJ son estructuras a las que les cuesta mucho ponerse en movimiento y luego asegurar uno que auténticamente sea traslativo.
La pandemia, tal vez como efecto indirecto no querido, ha permitido reconocer que el servicio de administración de justicia puede brindarse de manera célere, con menores costos y mayor trazabilidad. No con ello se quiere indicar que todo lo hecho en este tiempo haya sido estupendamente realizado, habrá que hacer todavía muchas rectificaciones, pero volver atrás porque la enfermedad ha cesado sería un retroceso mayúsculo.
Abogados y jueces deberán comprender que el año 2020 ha permitido una impresión en escala menor del futuro de la práctica de la abogacía y que por ello lo mejor es comprenderlo y subirse a la ola, puesto que quien quede atrás en realidad quedará afuera.
El concepto de “gobierno abierto”, incluyendo en esa dimensión el Poder Judicial, habrá de integrarse a poco de andar con todo lo relativo a la resolución de conflictos con la cooperación tecnológica. Ello será un hecho inevitable. Muestra de lo cual, ya tenemos entre nosotros el desarrollo que en la ciudad de Buenos Aires ha hecho del programa «Prometea», que con inteligencia artificial ha resuelto con muy baja falibilidad y maravillosa velocidad miles de causas de matriz común y de pleitos estandarizados, que ahora ha sido superado en su desarrollo por «PretorIA» como sistema auxiliar de la justicia constitucional colombiana.
En poco tiempo, el mundo de la digitalización judicial, que se potenció exponencialmente en la misma medida que el coronavirus hacía lo propio mediante el contagio a los habitantes del planeta, habrá de colonizar la mayoría de las actuaciones que en el espacio judicial se brinden. No pensamos PPJJ sin gente pero no dudamos de que tendrá mucha menos en sus pasillos y en sus oficinas. Quizás los edificios, que todavía hoy son pequeños, mañana se vuelvan desmesuradamente grandes.
El costo de no comprenderlo y no actuar en consecuencia será de vuelta perjuicio para los justiciables. Es bueno que abogados y jueces comprendan cabalmente cómo será el ejercicio y la práctica de la abogacía futura. De allí también que los ámbitos universitarios deberán evaluar las herramientas y competencias que están brindando a sus alumnos hoy, graduados mañana. Francamente, se trata de responder si se les está enseñando para poder ejercer una profesión en los próximos años o se están presentando contenidos que ya no son los adecuados para el tiempo futuro. Yuval Harari, entre otros, lo plantea con sutil agudeza en su obra 21 lecciones para el siglo XXI.
Por ello, es atinado comenzar a ordenar los nuevos esfuerzos en formar la matriz judicial de los próximos años, entendiendo que quizás en la década siguiente los tribunales estén habitados por dos especies generacionales judiciales. Estarán aquellos que piensan el mundo analógico y lo transforman en digital y otros que sólo piensan, actúan y resuelven digitalmente. Y ellos serán quienes habrán de gobernar las acciones.
Las lecturas que de esto se pueden hacer, sin con ello implicar utopía alguna, nos llevan a los estremecedores campos de la inteligencia artificial implicada en el núcleo de la decisión judicial, el mundo atravesado por 5G -o tal vez ya un número de dos cifras-, del blockchain judicial, de los smarts contracts, entre otros, que nos ubican en tecnologías veloces con resultados simplificados, confiables y transparentes para los cuales la erudición será un activo que tendrá poco valor, puesto que ella estará condensada en repositores a los cuales se accederá en modo inmediato y tendremos la respuesta que se quiera, acerca de lo que se pretende.
Los jueces tendrán poco para mostrar, ya todo estará reconocido de antemano. Los algoritmos podrán predecir con un alto grado de confiabilidad acerca de cuál es el resultado esperado. Será el tiempo en el cual la capacidad argumentativa y de un razonamiento sólidamente presentado será definitorio, junto a una mixtura con las nuevas tecnologías. Es probable que incluso el mismo juez consulte al sistema de inteligencia artificial para evitar contradicciones.
El concepto de creatividad, de trabajo colectivo y de capacidad de adaptación tecnológica -entre otros- serán el nuevo elemento que habrá de venir a adornar las virtudes judiciales. Las que, sin duda, en un mundo más tecnologizado, deberán remozarse para que la práctica judicial sea acabadamente una muestra de un estado de confianza plena en todos y cada uno de los jueces, puesto que los sistemas tenderán a ser menos formalizados y más personalizados. Estaremos próximos a una justicia a cada caso, lo cual no significará relatividad de la métrica de la justicia sino un acomodamiento máximo en todos los supuestos a los intereses en conflicto.
Mas como todos podemos imaginar, el servicio de administración de justicia debe ser eficazmente reformulado en sus parámetros y la confianza en los jueces que integran el servicio de justicia debe ser completa. Para tal tarea, sin duda que los cambios y/o reformas judiciales deben tener por consigna reconocer cuál es el perfil de juez que se aspira a alcanzar, para lo cual el tiempo ya está corriendo en contra de quienes nada hagan por ello.
Los jueces tienen que ser formados hoy para un servicio de administración de justicia que todavía no existe pero que se vislumbra en sus rasgos gruesos en la confusa y borrosa realidad. Ponerlo en marcha es un desafío que no corresponde a los jueces sino a quien gobierna el Poder Judicial y a quienes tienen la responsabilidad de definir perfiles de jueces.
Si no se continúa profundizando con el propósito de una justicia más digitalizada, lo hecho hasta hoy habrá sido un experimento sociojudicial que será olvidado. Si quienes seleccionan los jueces del próximo tiempo, que habrán de ocupar dichas plazas por los próximos 20-30 años, no formalizan las nuevas capacidades que se esperan encontrar en ellos, el futuro los encontrará inanes ante el deslumbrante mundo tecnojudicial y con una afectación a la justicia de los ciudadanos de grandes magnitudes.
Por ello, siempre que hay reformas judiciales en nuestro continente preguntamos primero cuánto de integridad judicial y transparencia pública tiene dicha inspiración. Y ahora agregamos cuánta relación con la tecnología promueve.
La respuesta a estas cuestiones es la clave de bóveda del futuro del Poder Judicial. Entonces: primero escudriñar y luego responder acerca del futuro que estamos construyendo hoy.
