ESCUCHARPor Sebastián Heredia Querro (*)
En la primera entrega de esta columna de opinión se presentó el concepto de la Web3 y se describió el funcionamiento y los atributos de las DLT (Distributed Ledger Technologies) como género de tecnologías, haciendo foco en las blockchains como una de sus especies más afamadas.
En esta nueva entrega, el foco se posará en algunos casos y usos actuales por ciertos gobiernos que no han hesitado y han entrado, triunfantes, a la Web3, utilizándola para crear nuevos servicios digitales que ofrecen a la (muy descreída) ciudadanía nuevas formas de gestión, control y empoderamiento.
Smart citizens
En el capítulo VI de mi e-book sobre Smart Contracts se analizaban en profundidad, ya en 2020, algunos casos vinculados con las compras públicas “tokenizadas” y con los registros inmobiliarios tokenizados digitalizados mediante DLT. Esos casos eran y son un buen punto de partida para plantear la síntesis virtuosa que se puede obtener de la tokenización de servicios públicos.
En este sentido, un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de Transparencia Internacional afirma que los gobiernos gastan US$9,5 trillones globalmente mediante procesos de compras públicas poco transparentes, lo que representa entre 10-30% de su PBI, anualmente. La mala noticia: la ONU y OCDE estiman que entre 10-30% del valor de un contrato público se pierde en corrupción.
En efecto, la corrupción pública es el principal problema en muchas partes del mundo, Argentina incluida. La corrupción aparece y se desarrolla cuando falta transparencia, cuando hay registros deficientes de actos administrativos y poca o nula rendición de cuentas en cabeza de funcionarios encargados de contrataciones.
Usando criptografía y mecanismos de consenso distribuido, las blockchains pueden usarse para combinar un registro inalterable y fácilmente auditable, que dote de transparencia en las transacciones (i.e., pasos previos y contratos públicos asignados), y ciertas funciones (i.e., actos administrativos) pueden ser automatizadas con smart contracts, descentralizando la información de los procesos administrativos. Esto, como se verá más abajo, ya está ocurriendo.
Aragón: compran barbijos con contratos públicos inteligentes
Esta pequeña Comunidad Autónoma del Reino de España representa menos de 3% de la población española, con un estimado de casi 1,4 millón de habitantes repartidos en menos de 50.000 km2. Ya en 2017, Aragón comenzó a entender la potencia de la Web3 y las DLT para producir eficiencia en el sector público, integrándose al consorcio Alastria.
Tres años después, en plena pandemia, smart public contracts desplegados en la blockchain pública de Ethereum compraban 35.000 barbijos de manera automatizada en tan sólo horas.
Este uso del poder transformacional de la blockchain permite consultar si las empresas contratistas han cumplido los plazos de presentación de ofertas, y luego un algoritmo se ocupa de adjudicar el contrato al mejor postor, sin intervención humana, lo que limita los errores en la valoración de las ofertas y no hay riesgo de que alguna persona humana altere el proceso. Esto se refleja en una clara ganancia de eficiencia, reduciéndose drásticamente los plazos de contratación pública: el plazo máximo de adjudicación es de 24 horas a contar desde la presentación de las ofertas.
Colombia: ¿un Paicor transparente?
De este lado del Atlántico, es interesante el caso de Colombia, donde el Gobierno detectó que, en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE) -similar al Paicor de Córdoba- se pagaron por alas de pollo cuatro veces su precio de mercado, en 2017, y que no se entregaron 32 millones de raciones compradas en 2016.
A resolver este problema se abocaron las universidades, un organismo multilateral de crédito (el Banco Interamericano de Desarrollo), el Foro Económico Mundial y la Procuraduría General de Colombia, utilizando las DLT y las blockchains para:
- crear registro permanente y tamper-evident (proceso que permite detectar fácilmente el acceso no autorizado al objeto protegido).
- facilitar la auditoría en tiempo real.
- Automatizar ciertas funciones con blockchain-based smart public contracts.
- Reducir las decisiones discrecionales de funcionarios involucrados en el proceso de compra pública.
- Aumentar la participación ciudadana en el control de los actos de gobierno.
La solución utiliza una blockchain pública no permisionada (Ethereum) y automatiza pasos del proceso tradicional de compra pública, mediante smart contracts codificados de acuerdo con el caso de uso.
Chile: eficiencia para las compras públicas y el mercado eléctrico
Para finalizar esta segunda entrada, se hará foco en nuestro vecino país Chile, donde la blockchain rápidamente está permeando en el sector público (al igual que Colombia, dado su carácter unitario, se descuenta mayor facilidad de implementación una vez tomada la decisión de política pública).
El centralizador de compras públicas, la afamada ChileCompra, en 2017 emitía en promedio cerca de 2,3 millones de órdenes de compra a 123.000 proveedores por un volumen de compras anual aproximado de US$12.229 millones.
En 2018, la decisión de política pública fue comenzar a experimentar con las DLT, con el objetivo de proporcionar una mayor transparencia en sus procesos, utilizando una blockchain como un sistema similar a un notario virtual, que certifica la “no alteración” de los documentos asociados a los pasos del proceso de compra pública. La meta declarada: reducir las tareas administrativas del Estado, evitar la corrupción y facilitar un seguimiento de las diferentes fases de los procesos de compra pública, de forma simultánea y en tiempo real.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo y patrocinio del BID, busca la actualización de la plataforma en la que más de 850 organismos del Estado realizan de manera autónoma sus compras.
Un año después, en 2019, el Coordinador Eléctrico Nacional (algo similar a nuestra Cammesa) también se convenció del poder transformacional de la blockchain como usina de eficiencias, cuando es utilizada con sentido y estrategia. Decidió usar las DLT como una herramienta tecnológica para certificar las declaraciones de costos y stock de combustibles que son utilizados en la operación de las centrales térmicas del sistema eléctrico chileno.
En el mundo “analógico/digitalizado”, el proceso de declaraciones de costos y stock de combustibles está caracterizado por un elevado número de transacciones y flujos de información entre los generadores y el coordinador, y esta información es monitoreada por diversos grupos de interés, dado que es clave y esencial para la determinación del costo de operación del sistema eléctrico nacional.
Esta información, ya digitalizada, puede ahora ser encriptada y convertida en data tokens, lo que luce conveniente y adecuado dado que estos datos requieren de altas confiabilidad, exactitud, transparencia y trazabilidad; y además, debe ser tratada de manera confidencial por el Coordinador Eléctrico Nacional.
En esta arbitraria selección de cuatro casos de uso de DLT, se apreciará que sólo tienen como común denominador un Estado que necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos y despejar los fantasmas de la corrupción. Recuérdese, la confianza es un sustituto imperfecto de la información.
Estos casos demuestran a las claras que, de tomarse las decisiones políticas adecuadas y bien intencionadas, pueden generarse nuevas formas de prestar viejos servicios públicos y ayudar a reconstruir el pacto social entre los ciudadanos y sus gobernantes.
De allí que en la Internet del Valor pueda pensarse como una síntesis virtuosa que empodere al smart citizen en la lucha contra la corrupción.
(*) Magíster en Derecho Empresario y magíster en Finanzas. Director de la Sala de Derecho y Tecnología del Colegio de Abogados de Córdoba. Codirector de la Diplomatura #D4T, dictada en la Universidad Católica de Córdoba. Cofundador y CEO de Tokenize-IT y autor de la obra open-source Smart Contracts: Qué son, para qué sirven y para qué no servirán
