ESCUCHARHan venido tiempos de huelgas. A 138 años de la primera huelga nacional, la de la Sociedad Tipográfica bonaerense allá por 1876, y por una serie de factores, la sociedad sufre una desacostumbrada cantidad de medidas de fuerza, que se expresan en particular en el ámbito estatal y en los servicios públicos.
Por Roberto Birri * – Exclusivo para Comercio y Justicia
Claro está que ello causa incomodidades de variada gravedad, pero tales alteraciones no deben llevarnos a olvidar que la huelga es una expresión de la libertad sindical y ésta un derecho fundamental de los trabajadores.
Al mismo tiempo, este derecho le es reconocido a un sector de la sociedad y como todo derecho tiene sus límites, que son impuestos ante la necesidad de proteger el ejercicio de los derechos del resto de la sociedad.
Días atrás, con la autoría intelectual del gobernador y el brazo ejecutor de tres legisladores, Unión por Córdoba ingresó a la Legislatura de la Provincia un proyecto de ley limitando el derecho de huelga de los trabajadores públicos y de empresas privadas en el ámbito provincial, con el pretendido objetivo de garantizar la prestación de los servicios esenciales durante los conflictos laborales.
La iniciativa movilizó en defensa propia al aparato gremial y concitó un nutrido rechazo de parte de académicos, abogados laboralistas y legisladores, incluso del propio oficialismo, al punto tal que los autores debieron solicitar que el proyecto sea retirado de los asuntos entrados de la Legislatura.
Adelanto opinión de que me anoto entre quienes entienden que el derecho de huelga ya está reglamentado y que no requiere avanzar en más restricciones y que considero posible armonizar su ejercicio con el interés del usuario y de toda la comunidad cuando se trata de garantizar los servicios esenciales para toda la población. Pero al mismo tiempo, entiendo que no es una cuestión inmaculada que no puede debatirse ni ponerse en la agenda pública.
Analizar los motivos
Ahora bien, ya en el terreno político: ¿qué motivó al gobernador a presentar un proyecto polémico a sabiendas de la alta improbabilidad de llegar a ser siquiera tratado en el recinto Legislativo?
Desde mi punto de vista, encuentro una sola explicación: dar un golpe de efecto mediático, construir un relato dirigido a una ciudadanía agotada por los inconvenientes que a menudo debe sortear para acceder a los servicios públicos más importantes. Un relato dirigido primero a los cordobeses que están reclamando que el gobernador vuelva a pensar en la provincia y segundo a potenciar su sueño de convertirse en un dirigente con proyección nacional.
Digo esto porque lo hace declarando un objetivo que por supuesto todos compartimos: en los “servicios esenciales”, los que la Organización Internacional del Trabajo define como “aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”, cuando hay una huelga, “se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”, como ya lo establece la legislación nacional.
Es decir, ya existe una ley nacional que limita el derecho de huelga, estableciendo que en los servicios esenciales, -los que describe-, debe garantizarse un mínimo de actividad para evitar su paralización. Pero aquí también De la Sota pretendía ir mas allá, intentando clasificar bajo el concepto de servicios esenciales a determinados servicios públicos, hoy no clasificados como tales, que tampoco lo pueden ser por decisión de la provincia porque la limitación del derecho de huelga y la definición de servicios esenciales corresponde a la Nación y no a las provincias.
Recordemos que este derecho es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Los mayores avances en la conquista de los derechos sociales se han logrado mediante la organización y las luchas obreras, para las cuales muchas veces ofrendaron su vida.
El camino más fácil
El gobernador pretendió optar por el camino más fácil: cargar a los trabajadores las culpas de los inconvenientes que se presentan cuando hay una huelga, cuando en las escuelas no hay clases, cuando se resiente la atención de la salud en los hospitales, cuando no hay transporte.
Debería reflexionar el doctor De la Sota sobre el estado calamitoso en que se encuentra la mayoría de los hospitales públicos, la falta de insumos, los aparatos sin mantenimiento, la falta de personal y profesionales; sobre las condiciones en que deben desarrollar su tarea los docentes, no sólo con un salario que no alcanza sino haciendo frente a situaciones extremas, en contextos de violencia, de derechos básicos vulnerados; o las condiciones del transporte de pasajeros, urbano e interurbano o de media distancia, en los cuales los usuarios ven cómo aumentan los costos de los boletos pero no se controlan los horarios, las frecuencias, el estado de mantenimiento de las unidades o las condiciones de las rutas por las que deben circular.
Considero que este tema, sin dudas, debe ocupar un lugar en la agenda pública. Debemos animarnos a debatirlo y buscar las mejores alternativas para que se respeten los derechos de los trabajadores y de toda la comunidad. Pero esto no puede lograrse enfrentando a los trabajadores con el resto de la sociedad ni buscando chivos expiatorios para evitar las discusiones de fondo, sumándose demagógicamente al humor social que existe en situaciones de conflicto.
* Abogado, legislador provincial del Partido Socialista.
