La evasión social de las responsabilidades públicas

Es difícil no reconocer que la sociedad argentina se ha vuelto extremadamente violenta. Todos los días nos enteramos a través de los medios o por conocimiento personal de hechos de esta naturaleza, a los que casi ya ni le hacemos caso. Tan es así que parece que hemos naturalizado vivir condicionados por ello. 

Sin embargo, aparecen, más seguido de lo que deseamos, noticias que muestran hechos que nos sacuden y nos ponen frente a una cruda realidad: La violencia es una realidad que no se puede naturalizar. 

El caso de Lucio, el niño de cinco años asesinado, prima facie y conforme lo que informan los medios, por su madre y su pareja, es uno de esos hechos que remueven el sentimiento de indignación social frente a los actos violentos. Sea por la edad de la víctima, sea porque las sindicadas como autoras son su madre y su novia, sea por lo brutal del crimen (el niño venía siendo golpeado, torturado, abusado desde tiempo antes de su deceso), sea porque si nos ponemos en el lugar del niño y pensamos lo que debe haber sentido cuando sufría semejante agresión provocada o avalada por quien debía protegerlo, entendemos que el caso debe hacernos pensar acerca de la sociedad que estamos construyendo. 

Pero, además, entendemos que el caso rompe con ciertos estereotipos que se están imponiendo, lo que indican que también debemos reverlos si queremos dejar atrás la agresividad con la que convivimos. Efectivamente, en el hecho no intervino ningún hombre; por lo tanto, no se puede atribuir semejante acto aberrante a la violencia machista. Tampoco se puede atribuir el resultado al accionar de una justicia patriarcal; todo lo contrario, la madre había estado casi dos años sin ver al nene, un día reclamó la tenencia y una jueza con la anuencia de la abogada del padre se lo entregó, sin hacer siquiera ningún estudio psicológico ni socio ambiental. Como manifestó Roxana Kreimer en un reportaje que le hicieron en Infobae “en este caso existe una justicia sesgada, que adopta un prejuicio sexista a favor de las madres, en lugar de evaluar las necesidades de cada niño y las características de cada progenitor. Acá se perjudicó y discriminó a los varones: al padre y al tío del niño asesinado por su madre, que pidieron la tenencia y no les fue otorgada, ni siquiera cuando la vecina llamó a la policía para decir que al niño lo estaban golpeando. No hubo investigación de oficio y el tío sostuvo que la madre amenazó con hacerle una falsa denuncia si no le devolvía al niño”.

Aclaremos algo: las personas son buenas o malas, actúan bien o mal, con independencia de su orientación sexual. Dicho extremo se trata de una elección de vida que sólo cabe juzgar a quien la realiza. Es tan indebido discriminar a alguien por ello como privilegiarlo frente a un conflicto con la ley por idéntica causa, pues la ley es igual para todos, cualquiera sea el género, sexo u orientación que se tenga. Matar es aberrante, a un menor todavía más y nadie por circunstancia alguna queda exento de eso, ni la de las consecuencias legalmente establecidas al respecto. 

Lo ocurrido con Lucio genera también la necesidad de revisar el rol del Estado, sus reparticiones y funcionarios. Como nunca se han creado organismos dedicados específicamente a esta temática. Defensorías del niño, fueros especializados en violencia familiar, ministerios de la mujer y de los niños, son algunas de las instituciones creadas para proteger a los grupos vulnerables. Se “capacita” a docentes, personal de salud, etcétera en técnicas para detectar este tipo de violencia…. Y cuando ocurre un caso como el de Lucio todos miran al costado y responsabilizan al otro. 

Escuchábamos días atrás a un magistrado decir que casos como éste son responsabilidad de toda la sociedad y no específicamente de los jueces. Es sabido que si se responsabiliza a todos nadie termina siendo responsable. Claramente, puede que no haya un solo responsable, pero si existen grados de responsabilidad, y dentro de éstas, la de los funcionarios públicos es mucho mayor que la de cualquier particular. Más cuando se ha creado una estructura oficial específica para atender estas situaciones.

Lamentamos profundamente lo que padeció Lucio, entendemos que éste como tantos otros casos se pudo haber evitado, si cada uno de quienes integraban la cadena de responsabilidades hubiese actuado como sus obligaciones de rol le imponían, obrando con objetividad, dedicación y sin preconceptos. Nada más lejos, lo que se hizo o dejó de hacer, de estar atentos a defender el “interés superior del niño”, lo que impone dejar de lado, desganos, comodidades, falta de atención, ideologías o prejuicios.

Erradicar la violencia es responsabilidad de todos, pero mucho más de quienes han sido puestos en cargos públicos destinados a ese objetivo.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas.

(**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.