Muchas veces, en esta columna nos hemos ocupado de los derechos de las víctimas de delitos o, más bien, de la desprotección que muchas veces sienten frente a la acción impune de los delincuentes.
Historias reales sobre personas que sufrieron el acoso de sus víctimarios fueron reiteradamente comentadas por nosotros.
También hemos destacado permanentemente que la cuestión debe ser analizada desde la perspectiva de honestos versus deshonestos y no desde la falaz dicotomía de pobres versus ricos. Una verdadera arbitrariedad esta última que, sin embargo, todavía cuenta con declamadores.
Afirmar que todos los pobres son criminales (lo que los estigmatiza injustamente, para usar una palabra de moda) no sólo es algo por demás discriminatorio sino que también pone en franca evidencia la ignorancia de quien lo expresa. Quienes más sufren la inseguridad, por los menos en esta parte del mundo, son los menos favorecidos económicamente, ya que se encuentran en un estado de desprotección más profundo.
Quienes transitamos el universo del derecho sabemos que, en no pocos casos, hay una industria de la usurpación de viviendas, que muchos se aprovechan de la existencia de inmuebles desocupados para meterse allí y posteriormente “alquilarlas” a alguien que, por lo general, a sabiendas de ese origen espurio, la habita, alegando posteriormente su inocencia o desconocimiento de la situación.
Todo eso va en contra de reglas elementales de la lógica: cuando uno compra un auto, alquila una casa o adquiere un terreno, lo menos que puede hacer es verificar si le está comprando o locando a alguien con derecho sobre la cosa, para no “tirar la plata”.
En la otra cara de los hechos de usurpación de viviendas se ubican, por lo general, no “latifundistas” sino personas de trabajo, quienes con el producto de sus ahorros o esfuerzo han podido adquirir uno o varios bienes. Un rasgo común en víctimas de usurpaciones es que sean personas mayores.
Recuperarlas suele ser un gran problema. Es muy común que se atienda más la situación del ocupante ilegal que la del propietario despojado.
Plazos, consideraciones particulares, recomendaciones para obtener subsidios suelen ser medidas que se adoptan judicialmente para tratar de que el usurpador abandone el inmueble “pacíficamente”, en tanto se propugna que la víctima simplemente espere “pacíficamente”.
Claro que hay quienes no han seguido tal indicación. Hace poco, en San Francisco, una jubilada de 91 años concurrió a la comisaria para reclamar, armada, por una modesta propiedad que le fue usurpada. “Fui con el revólver -dijo semanas atrás- porque el otro día me usurpó la casa un tipo y no lo podemos sacar. Me dijeron que lo iban a sacar al otro día y no lo han sacado. Hace como 10 días que está en mi casa junto a una mujer. Fui a la policía, les llevé el revólver y les dije: ‘Si no los sacan ustedes por las buenas, los saco yo a los tiros”.
La actitud de la exasperada anciana, apodada por cierta prensa como “la abuelita pistolera”, terminó con ella detenida (recuperó su libertad bastante rápido) y puso en el centro del debate la cuestión de las usurpaciones en esa ciudad del este cordobés.
Sistema
Obviamente, rechazamos cualquier forma de justicia por mano propia. Nunca ha sido el camino a nada. Pero no podemos dejar de ver que estos hechos ocurren porque existe un sistema tribunalicio y una conducta arraigada en los demás operadores jurídicos (incluidos nosotros, los abogados), que “invisibiliza” y deja de lado la situación de quienes son víctimas de los delitos en general y de las usurpaciones en particular.
Esto no significa desconocer los derechos de quienes delinquen ni mucho menos de quienes carecen de un techo, ni criminalizar situación de ocupación en ocasiones nacidas del error o la falta de conocimientos legales. Es, simplemente, no adoptar el camino fácil de negar lo evidente de un delito en flagrancia. Y dejar de echarse la pelota unos a otros -policías, fiscales y jueces- para hacer lo que ya está escrito en las leyes.
