ESCUCHARVarias veces hemos tratado en esta columna, desde sus distintos aspectos, el problema de la criminalidad organizada, porque entendemos que ella no sólo afecta internamente a nuestras sociedades sino también a la vida institucional y al mismo sistema democrático.
Este problema no se circunscribe sólo a nuestro país. Se trata de una preocupación internacional. Prueba de ello es que se llevó a cabo hace un par de semanas en la ciudad de Buenos Aires la Jornada de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica sobre narcocriminalidad, con el objetivo de plantear políticas de cooperación entre los estados para combatir este problema.
Como corolario de la reunión se decidió firmar la declaración de “Buenos Aires”, en la que -reconociendo este problema mundial- se estableció que debe ser enfrentado “en forma conjunta y coordinada por los sistemas de administración de justicia de los diferentes países”, fijando el rol fundamental que desempeñan los ministerios públicos en su persecución penal.
En los once puntos que conforman la declaración, se expresa que el crimen organizado “constituye un fenómeno socio-político de vasto alcance, que atraviesa numerosos aspectos de la vida de las sociedades, afecta a las instituciones democráticas y acarrea consecuencias gravemente nocivas para los derechos fundamentales de las personas”.
Por ello, para su combate coordinado los procuradores entendieron que era necesario el fortalecimiento del intercambio de “información de manera segura, desformalizada y ágil entre los ministerios públicos, a fin de establecer un verdadero sistema de colaboración en la persecución del delito y de recuperación de activos”, de acuerdo con los recientes lineamientos trazados en foros internacionales y regionales”, además de tener que “promoverse la circulación de información espontánea, como herramienta indispensable para enlazar investigaciones entre diferentes países”.
Un tema de suma importancia tratado fue el de la independencia del Poder Judicial y, particularmente, del Ministerio Publico, para llevar adelante esta tarea. En dicho sentido se estableció en el documento final: “Los ministerios públicos deben contar con independencia y autonomía para poder ejercer adecuadamente las funciones que les corresponden dentro del sistema de administración de justicia, y sus integrantes deben estar libres de cualquier tipo de amenaza, injerencia, hostigamiento o presión”. Para ello, además, deben contar con “los recursos y la capacidad técnica necesaria para poder actuar eficientemente, en especial a través de servicios o áreas de apoyo a las investigaciones”.
Finalmente, los procuradores confirmaron el concepto de que “sólo a partir del trabajo conjunto y coordinado podremos enfrentar eficazmente los desafíos que presenta la delincuencia organizada transnacional, especialmente la narcocriminalidad”.
No tenemos dudas de que el problema del crimen organizado existe y se ha instalado en nuestro país, y, como venimos sosteniendo, aplaudimos todas las medidas que sirvan para enfrentarlo. Por ello creemos que lo ocurrido en Buenos Aires es positivo ya que, si bien es una declaración, aún sin resultados concretos, se ha dado con ella un gran paso: reconocer, en su real magnitud, el problema e identificar lo necesario para enfrentarlo desde las organizaciones estatales. No es algo menor asumir su existencia y los recaudos con que debe combatírselo. Ahora debe avanzarse en la materialización de tales postulaciones.
