ESCUCHARDesde la criminología, se sintetiza el concepto de política criminal como la instrumentación de acciones públicas preordenadas con objetivos preventivos y represivos sobre los hechos criminales que ocurren en tiempo y lugar determinado. Es la instrumentación estratégica de políticas orientadas a dar respuestas efectivas desde el Estado a la sociedad, sobre cómo enfrentar y/o contener la cuestión criminal.
Córdoba carece de una política criminal. No se la conoce. No se la comprende. No se sabe quiénes son los responsables. No hay quién la explique ni la asuma.
No resulta comprensible la dirección impresa en la prevención porque está diseñada
insólitamente por los mismos operadores que la ejecutan: la Policía, de allí la realidad de su falta de control y efectividad en lo global.
En lo represivo judicial aparece débil la respuesta, porque el Poder Judicial está y quiere estar ajeno al diseño de esa política, para no compartir el fracaso. Pero ello le trae como consecuencia dependencia de los responsables de la actividad preventiva, que en definitiva son los que tienen la fuerza explícita en su actuación.
La clave del fracaso de la política criminal cordobesa radica en la falta de comprensión del fenómeno criminal global, de su dinámica, de la policialización de la vida ciudadana, del déficit ocupacional sobre el territorio y de la selectividad discriminatoria de actuación sobre determinadas áreas en desmedro del todo. Se obvia que la represión judicial del crimen sobre las personas en casos concretos es una tarea de la Justicia, con reglas de actuación diferentes.
Esta política parece solamente sustentarse en la inmediatez de sus resultados sobre determinadas cuestiones criminales y grupos de personas. Compromete así esfuerzos materiales y humanos que hacen incompatibles la tarea de incidencia sobre la cuestión criminal global. Niega además la incidencia del narcotráfico como realidad tangible de factor determinante de criminalidad, violencia y marginación.
No existe desde el Estado administrador una visión clara de lo que se pretende del hacer policial y con la institución policial, de su formación, de su estándar de calidad institucional.
Solamente parece obsesionado el poder político por el fantasma del motín policial pasado.
Cree equivocadamente que de la policía sólo se debe obtener subordinación; que es una institución militarizada cuando en verdad por ley es una institución civil armada. De allí la imagen que irradia en la sociedad, temor y no respeto; menos protección.
En Córdoba, la Secretaría de Seguridad es una agencia inexistente en la diagramación de una política criminal global. Sólo se le adjudicó en lo funcional la administración del gasto en seguridad y su ejecución, como un tribunal de cuentas que se autoaudita con dudosos resultados sobre la necesidad y operatividad de sus adquisiciones.
No se ha visto en años una propuesta gubernamental a la población sobre el hacer en la materia, no se conoce quiénes deciden si es que lo hacen sobre la cuestión criminal, y lo peor, quiénes son los responsables del éxito o fracaso de tales emprendimientos.
* Abogado Penalista (UNC) – Master en Criminología (U. Barcelona)
