Por Carlos Juárez Centeno* y Adrián Tuninetti**
Uno de los megaeventos deportivos que ha alcanzado una difusión e importancia planetaria en las últimas décadas en virtud del fenómeno de la globalización es la Copa Mundial de la FIFA, cuya última edición se desarrolló en Qatar. Su organización se enmarcó en la estrategia de posicionamiento en el plano internacional del Estado qatarí. No obstante, generó fuertes controversias desde el momento mismo en que se anunció su elección, en 2010, y fue ésta una de las causas que generó el denominado fifagate.
Desde los 90, Qatar se planteó una proyección internacional mediante la consolidación de una política exterior independiente, inversiones en el extranjero y, entre otras acciones, la acogida de la Copa Mundial de la FIFA. Basado en su poderío económico, ha logrado erigirse en uno de los países de mayor renta per cápita. No obstante, existe una gran desigualdad: 10% de la población concentra más de 50% de los ingresos. Desde el punto de vista político, se trata de una monarquía de corte wahabita y absoluta, en la que todo el poder está concentrado en el emir.
La problemática de los derechos humanos en Qatar puede abordarse desde tres grandes cuestiones: los derechos de la mujer, los de la comunidad LGBTIQ+ y la de los trabajadores migrantes. En cuanto a las mujeres, son objeto de falta de libertades esenciales, algo sustentado en prácticas sociales y con fundamento en la legislación. La tradición islámica, mediante su Código Penal, establece un sistema de “tutela masculina”, por lo tanto se encuentran ligadas a un tutor varón. Además, en muchos lugares públicos hay segregación por género: existen espacios separados para hombres y otros para mujeres y niños.
En lo que respecta a la comunidad LGBTIQ+, Qatar es un país donde rige la ley islámica, por ende no existe la posibilidad de que las personas del mismo sexo tengan relaciones afectivas. La razón es que rige la ley islámica, o sharía, que impone a la sociedad un código de conducta, así como criterios morales. Es uno de los 67 países del mundo que sostiene la pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Diferentes organizaciones defensoras de los derechos han reclamado a la FIFA que requiera a las autoridades de Qatar derogar esas leyes y reglamentos que atacan a la comunidad LGBTIQ+. Ello no fue posible y hasta se prohibió cualquier símbolo que visibilizara a este colectivo.
Finalmente, el problema de los trabajadores migrantes contratados para las obras de infraestructura del campeonato, especialmente llegados de países como Nepal, India, Sri Lanka o Kenia. Condiciones precarias como exceso de horas de trabajo, hacinamiento, falta de higiene y confiscación de los pasaportes (el denominado sistema de kafala) han sido denunciadas por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI). Se han reportado unos 6.500 fallecidos en esas obras. El gobierno de Qatar se comprometió con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a dar cumplimiento a los convenios internacionales y en 2020 introdujo un salario mínimo de 1000 riales (alrededor de 275 dólares estadounidenses) y eliminar el sistema de la kafala. No obstante, AI continúa denunciando la falta de derechos laborales, agravada fundamentalmente por la pandemia.
El estado de Qatar ha iniciado una política de acercamiento a los estándares occidentales y en ellos se enmarca la última edición de la Copa del Mundo. En lo que refiere a los derechos humanos, el goce y respeto deberán ser graduales, progresivos y necesitan tiempo de efectivización, en una cultura cuya práctica está arraigada desde hace siglos. El hecho de haber organizado este evento internacional seguramente podría ayudar en ese sentido.
En definitiva, la apuesta qatarí de proyectarse en el ámbito internacional mediante el mundial debe enmarcarse en un objetivo de consolidar y profundizar el goce de los derechos humanos. La pelota está del lado de Qatar, se espera entonces que el fútbol haya sido un instrumento propicio para lograr en un futuro no muy lejano el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
(*) Abogado y profesor de la Facultad de Derecho de las universidades Nacional de Córdoba (UNC) y Blas Pascal. Director de la Maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC
(**)Abogado, magíster en Relaciones Internacionales y profesor de UNC y Blas Pascal. Autor del libro La FIFA como fenómeno global.
